Una tragedia anunciada
La investigación penal por el fallecimiento de Isabella, la niña de dos años que murió el pasado 21 de julio en Villa Gesell, sumará un testimonio clave que podría reconfigurar el expediente. En el inicio de esta semana, la Justicia escuchará de forma oficial a Lucas, de 17 años, el mayor de los nueve hijos de la principal investigada, Lucía Sosa. El adolescente anticipó una postura contundente sobre los antecedentes familiares: acusó directamente a su madre biológica por el deceso de Isabella y de otras dos hermanas fallecidas en años anteriores.
Isabella ingresó sin signos vitales a la guardia del Hospital Municipal de Villa Gesell. Si bien el fiscal Juan Pablo Calderón notificó de la formación de la causa tanto a Sosa como a su actual pareja, Héctor Aguirre, los reflectores judiciales se posaron sobre la mujer debido a su historial trágico: en 2013 falleció su hija Candela (6 meses) y en 2016 su hija Yazmín (11 meses), ambas bajo circunstancias bajo sospecha.
Un testimonio que reactiva las hipótesis de la Fiscalía
Lucas, quien actualmente lleva el apellido Ruiz de su familia de abrigo tras haber sido apartado del cuidado de Sosa en 2016, rompió el silencio en declaraciones al diario La Capital: “Ella mató a mis tres hermanas. La quiero presa o internada en un psiquiátrico”.
Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) ya coordinó los primeros pasos institucionales para formalizar la comparecencia del joven antes de que alcance la mayoría de edad en los próximos días. El fiscal Calderón busca evaluar si las vivencias y el relato del adolescente aportan indicios de una presunta responsabilidad criminal o negligencia por parte de la madre.
La autopsia y la situación procesal de los imputados
A pesar de la gravedad de las acusaciones familiares, las fuentes judiciales consultadas por La Nación advierten que, por el momento, el expediente no reúne elementos firmes para sostener la hipótesis de un delito doloso (intencional). Por esta razón, la calificación legal se mantiene preventivamente como averiguación de causales de muerte y los dos imputados transitan el proceso en libertad.
Informe forense preliminar: La necropsia arrojó que la causa inmediata de la muerte de Isabella fue una asfixia obstructiva por broncoaspiración de leche mientras tomaba la mamadera, presuntamente en un momento en que se encontraba sola en una habitación.
Posible declaración en Cámara Gesell: El único testigo del hecho habría sido el otro hijo de la pareja, de 4 años. El menor ya fue retirado del hogar por disposición del servicio municipal de minoridad y derivado a un hogar de abrigo. La fiscalía evalúa citarlo a declarar bajo el sistema de Cámara Gesell para reconstruir el minuto a minuto del accidente.
Estudios complementarios: El fiscal Calderón ordenó la retención del cuerpo y aguarda análisis histopatológicos en el Instituto de Ciencias Forenses Conurbano Sur, además de peritajes toxicológicos a cargo de la Policía Científica bonaerense.
El historial en Mar del Plata y el síndrome de Munchausen por poder
El peso de la sospecha sobre Lucía Sosa radica en su pasado inmediato en los tribunales de Mar del Plata. Entre 2016 y 2018, la mujer y su anterior pareja, Germán Picard, estuvieron bajo prisión preventiva acusados por el presunto abuso y muerte de la pequeña Yazmín. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 los absolvió por falta de pruebas, un fallo que no fue apelado por el Ministerio Público Fiscal.
En esta nueva instancia, la justicia no solo citará a Lucas, sino también a profesionales del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata, quienes atendieron históricamente a los hijos de la mujer. El objetivo es analizar los patrones de conducta de Sosa al solicitar asistencia médica.
Durante los peritajes psicológicos y psiquiátricos realizados en los juicios anteriores, los especialistas determinaron que la mujer presentaba rasgos compatibles con el síndrome de Munchausen por poder (trastorno facticio impuesto a otro), un cuadro clínico donde el cuidador genera, altera o inventa síntomas médicos en las personas a su cargo con el fin de colocarlas en una situación de vulnerabilidad y demandar atención institucional permanente.