Desesperada y en busca de ayuda, Camila, una vecina de Pilar, recurrió este fin de semana a las redes sociales para denunciar la violencia que asegura haber sufrido durante meses por parte de su expareja. “Si algo me pasa, ya saben quién fue”, escribió en un mensaje que rápidamente se viralizó junto a imágenes sensibles de las agresiones.
“Me dejó internada, con la cara destruida. Estuve una semana encerrada sin poder salir”, afirmó la mujer en su publicación, donde relató episodios de golpizas y amenazas de muerte. Según su testimonio, los ataques fueron reiterados y ocurrieron dentro del departamento que compartía con el acusado.
Las imágenes difundidas, registradas por cámaras de seguridad del domicilio, muestran escenas de extrema violencia. En uno de los videos, el agresor —identificado como Federico Nicolás Balbuena— la arroja sobre un sillón y le propina golpes de puño. En otra secuencia, la situación se traslada a la cocina, donde la zamarrea, la tira del pelo e intenta asfixiarla.
“Me cansé de que nadie me escuche”, expresó la denunciante, quien aseguró haber realizado una presentación judicial hace meses sin obtener respuestas. En ese sentido, indicó que radicó la denuncia en la UFI descentralizada N° 14 de Pilar, especializada en violencia de género, pero cuestionó la falta de medidas contra su expareja. “Yo no puedo salir a la calle porque anda armado. Vivo con miedo”, sostuvo.
En su descargo, también apuntó contra el entorno laboral del acusado y pidió difusión para evitar que el caso quede impune: “Son mi única ayuda para que este tipo no quede libre”.

Sin embargo, fuentes judiciales señalaron que los hechos que aparecen en los videos habrían ocurrido en mayo del año pasado, aunque la denuncia fue presentada recién en noviembre. Además, indicaron que en ese momento no se aportaron constancias médicas que acreditaran las lesiones denunciadas.
De acuerdo con la investigación, la mujer ratificó su denuncia el 22 de diciembre pasado y afirmó que su expareja poseía armas de fuego. A partir de esa declaración, se realizó un allanamiento en el domicilio del sospechoso, donde la policía secuestró dos pistolas Glock calibre 9 milímetros.

La causa continúa en manos de la fiscal Marcela Semería, mientras que el Juzgado de Garantías N° 6, a cargo del juez Nicolás Ceballos, interviene en el expediente. La Justicia avanza con la recolección de pruebas y testimonios para determinar responsabilidades. Mientras tanto, la denunciante insiste en su pedido de protección: “El sistema está fallando y nos está poniendo en riesgo”.
La situación denunciada se inscribe en un contexto más amplio de violencia de género en Argentina. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2024 se registró un femicidio cada 39 horas en el país, con más del 80% de los casos perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas. A su vez, el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” reportó que la mayoría de las mujeres asesinadas había realizado al menos una denuncia previa o contaba con medidas de protección vigentes. Estos datos reflejan la persistencia de la violencia en ámbitos íntimos y las dificultades en la prevención efectiva, incluso cuando existen antecedentes formales en el sistema judicial.