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Una transición “desordenada, incómoda y poco amable” en 2019 y concejales que no cobraban sus dietas eran algunas de las irregularidades que se vivían en el municipio San Lorenzo, según dos testigos que declararon este viernes, en el marco del juicio contra el ex intendente Ernesto Fernando Kila Gonza; el exsecretario de Hacienda de esa comuna, Rogelio Higinio Guaymás, y el concejal Aldo Dalmiro Gonza, imputados por delitos en perjuicio de la administración pública comunal.
A más de un mes de iniciado el juicio que lleva adelante el tribunal colegiado integrado por los jueces Federico Diez, que lo preside, y sus pares Paola Marocco y Francisco Mascarello, un exconcejal y el abogado que se desempeñó como secretario de Gobierno de San Lorenzo durante 2019 y 2020, en la primera etapa de la primera gestión del intendente actual, José Manuel Saravia Arias, declararon en la audiencia desarrollada este viernes, en la Ciudad Judicial, en el marco del juicio .
El ex secretario de Gobierno de esa comuna fue consultado sobre la manera en que se desarrolló la transición entre la gestión saliente de Fernando Gonza y la del intendente entrante, el denunciante Manuel Saravia, quien asumió el 10 de diciembre de 2019.
Desconocimiento de las autoridades sobre el traspaso de autoridades en el municipio
El abogado la describió como “desordenada, incómoda y poco amable”, y dijo que era evidente la resistencia o el desconocimiento por parte de las autoridades salientes sobre cómo llevar a cabo el traspaso.
Durante su testimonio, mencionó que esa mañana ingresaron al predio de la Municipalidad, tocaron la puerta del inmueble y nadie abría, aún cuando adentro se escuchaban voces en el interior, apuntó que no tenían las llaves de ninguna oficina y contó que tuvieron que pedir la intervención de un juez de paz y de un escribano.
Cuando lograron ingresar, se dieron con que las computadoras no tenían ninguna información, sólo funcionaba el sistema operativo, y tampoco lograron acceder a un inventario de bienes.
El testigo detalló que, ante este panorama, el intendente electo decidió contratar a dos profesionales para que realizaran una auditoría contable.
El exsecretario de Gobierno también hizo referencia al sistema de “vales” que se utilizaba en la gestión de Gonza, para retirar dinero en efectivo, y aseguró que se trataba de simples papeles donde a veces se consignaba el destino del dinero y otras veces no.
Pedidos de informes que no se respondían y dietas que no se pagaban en San Lorenzo
A su turno, el otro testigo, un exconcejal de la comuna sanlorenceña, sostuvo que formó parte del órgano legislativo municipal en tres periodos, de 2013 a 2015, de 2015 a 2017, y de 2017 a 2019.
Consultado sobre la situación del municipio durante 2018 y 2019, durante la gestión de Fernando Gonza, hizo referencia a la reticencia del funcionario a responder a los reiterados pedidos de informes que le hacía el Concejo, y dijo que, por ejemplo, en ese lapso se le requirieron datos sobre el parque automotor de la Municipalidad, pero nunca se contestaron esos requerimientos.
El testigo expresó que desconocía por qué el jefe comunal incumplía su obligación de informar al Concejo Deliberante, órgano de contralor y fiscalizador del Ejecutivo municipal, tras lo que indicó que, debido a estas irregularidades, hubo un pedido de destitución que fue apelado por el acusado.
Asimismo, mencionó que, durante varios meses de 2019, alrededor de seis aunque sin poder precisar fechas, los concejales dejaron de cobrar sus dietas porque el intendente no enviaba las partidas presupuestarias, y reveló que durante ese lapso, los ediles incluso se quedaron sin obra social.
Sobre el tema, consideró que la maniobra del Ejecutivo apuntó a que el Concejo dejara de funcionar, porque ya había muchos pedidos de informes acumulados.
El testigo aseveró que la situación derivó en la presentación de un amparo, pero la deuda nunca fue cancelada, y explicó que si bien la Carta Orgánica establecía una división de poderes, la autonomía presupuestaria del Concejo no se cumplía.
Consultado sobre si el acusado Aldo Gonza –también concejal durante 2018 y 2019- había entregado al órgano legislativo municipal alguna suma de dinero proveniente del Ejecutivo, o televisores, estufas o tablets compradas por la Municipalidad, respondió que no lo recordaba.
El juicio
En el juicio, que comenzó el pasado 11 de febrero, tras una serie de postergaciones planteadas por la defensa de los acusados, interviene la fiscal Claudia Geria, en representación del Ministerio Público, mientras que en la querella, en representación de la Municipalidad de San Lorenzo, se desempeñan Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez, que es la apoderada de la comuna.
En tanto, la defensa del acusado Rogelio Guaymás está a cargo de Juan Diego Herrera y, la de los hermanos Gonza, en manos de Roberto Tomás Aranda y Ariel Vázquez.
Peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público
Ernesto Fernando “Kila” Gonza está imputado como autor de los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real, mientras que el contador Rogelio Guaymás está acusado por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real.
Finalmente, Aldo Dalmiro Gonza está imputado por peculado, en calidad de partícipe necesario.
La denuncia fue presentada por el actual jefe comunal de San Lorenzo, quien luego de asumir, durante su primer mandato, dispuso la realización de una auditoría externa para evaluar la gestión de su antecesor y cuyo informe final reveló numerosas inconsistencias.
Según consta en la causa, Gonza incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión de la administración pública municipal.
El decreto de imputación establece que los coimputados habrían dispuesto en forma discrecional de los recursos municipales sin observar normas vigentes, lo que habría derivado en un grave perjuicio al erario municipal.
Estas maniobras habrían facilitado el manejo a voluntad de los fondos públicos, sumado a la falta de rendición de cuentas por parte del exjefe comunal al término de su mandato.