Más de 40 personas ya denunciaron haber sido víctimas de una presunta estafa vinculada a la venta de terrenos inhabitables en la zona del río Arias, detrás del barrio UPCN, en el municipio de San Lorenzo. Ante la gravedad y magnitud del caso, el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, dispuso la creación de una Unidad Fiscal Especial para investigar la maniobra.
La investigación quedó a cargo de los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, quienes trabajarán sobre las denuncias relacionadas con el denominado “Loteo Las Victorias”, donde cientos de familias habrían entregado dinero creyendo acceder legalmente a terrenos que, en realidad, se encuentran en una zona inundable y no apta para asentamientos humanos.
La causa se inició tras la denuncia de un hombre de 35 años que aseguró haber sido engañado durante la compra de un lote en Atocha. Según consta en la investigación, todo habría comenzado en 2023, luego de una ocupación ilegal de terrenos sobre la ribera del río Arias. Tras un desalojo policial, un abogado se habría presentado ante las familias ofreciendo asesoramiento y prometiendo avanzar judicialmente para lograr la cesión de las tierras: el letrado en cuestión es el mediático Santiago Pedroza.
De acuerdo con las denuncias, el profesional aseguraba que existían trámites avanzados, aprobaciones administrativas e incluso resoluciones favorables para concretar la entrega de lotes. Más adelante, en febrero de este año, se habrían sumado una supuesta gestora y otro abogado, quienes comenzaron a solicitar pagos que rondaban los 450 mil pesos por persona para cubrir supuestos gastos administrativos, limpieza de terrenos y gestiones ante organismos públicos.
La maniobra habría alcanzado a unas 400 familias. Algunas personas pagaron montos cercanos a los 500 mil pesos, mientras que otras llegaron a desembolsar cifras de hasta 8 millones de pesos. Los pagos se realizaban en efectivo o mediante transferencias, muchas veces en domicilios particulares o estudios jurídicos y, según denunciaron los damnificados, con entrega irregular de comprobantes.
La situación quedó expuesta el pasado 16 de abril, cuando un grupo de afectados acudió a Casa de Gobierno para pedir respuestas. Allí, autoridades provinciales informaron que no existían trámites registrados ante organismos oficiales como Recursos Hídricos o Tierra y Bienes, y que las supuestas acciones judiciales mencionadas habían sido rechazadas.
Desde Tierra y Bienes señalaron además que podría tratarse de una maniobra fraudulenta y recomendaron a los afectados radicar las denuncias correspondientes, de las cuales ya suman 40 denuncias formales.
Los fiscales sostienen la hipótesis de una posible organización que captaba familias en situación de vulnerabilidad mediante punteros, ofreciendo falsas promesas de adjudicación de terrenos fiscales o municipales a cambio de dinero.
Mientras avanza la investigación, la Unidad Fiscal continúa convocando a posibles damnificados para que se presenten en la Delegación San Lorenzo con comprobantes de pago y toda documentación que permita acreditar las operaciones realizadas.
Con la creación de la Unidad Fiscal, la Justicia apunta a centralizar las denuncias, acelerar la recolección de pruebas y avanzar sobre las posibles responsabilidades penales en una causa que ya es considerada una de las investigaciones por presunta estafa inmobiliaria más grandes de los últimos años en Salta.