Juicio por delitos de lesa humanidad
La Fiscalía Federal solicitó la pena de prisión perpetua para el exinspector de la Delegación Salta de la Policía Federal Argentina (PFA), Juan Carlos Alzugaray, acusado de participar en los homicidios de René Esteban Locascio Terán y Ramón Antonio Díaz Romero, ocurridos el 20 de abril de 1975 en la localidad de San Lorenzo.
El pedido fue realizado durante los alegatos ante el Tribunal Oral Federal 2 de Salta, donde el fiscal general Carlos Martín Amad, junto al fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila, sostuvo que el procedimiento policial fue una ejecución planificada y que el supuesto enfrentamiento armado fue montado para encubrir el crimen. Para el Ministerio Público Fiscal, se trata de uno de los delitos de lesa humanidad más atroces cometidos en la provincia.
La fiscalía requirió que Alzugaray sea condenado como coautor del delito de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, al considerar probado que integró el operativo conjunto entre la Policía Federal y la Policía de Salta que terminó con la muerte de ambas víctimas.
"Todo fue una operación mascarada para matarlos"
Durante su exposición, Amad afirmó que la versión oficial de un enfrentamiento armado quedó desvirtuada por la prueba reunida durante el juicio. "Todo fue una operación mascarada para matarlos", sostuvo el fiscal, quien remarcó que los homicidios formaron parte del accionar represivo desplegado antes del golpe de Estado de 1976.
El representante del Ministerio Público recordó que estos hechos ya fueron declarados crímenes de lesa humanidad y que, por la misma causa, en 2015 fueron condenados los exjefes de la Policía de Salta Miguel Raúl Gentil y Joaquín Guil.
La orden: "No los quiero vivos"
Al reconstruir el operativo, la fiscalía indicó que días antes se había producido un atentado contra un directivo de la empresa Ledesma, en Jujuy, y que las fuerzas de seguridad creían que Terán y Díaz Romero se refugiaban en una vivienda de calle Lugones, en San Lorenzo.
Uno de los testimonios considerados clave fue el de un testigo que declaró haber escuchado a Joaquín Guil responder "No los quiero vivos" cuando un grupo de policías le informó que tenía a varias personas "acorraladas" en San Lorenzo.
Para la acusación, esa frase demuestra que el inmueble ya estaba vigilado y que el objetivo nunca fue detener a las víctimas, sino ejecutarlas y luego presentar el hecho como un enfrentamiento armado.
"Los ejecutaron cuando dormían"
Según la fiscalía, el grupo que irrumpió en la vivienda estaba conformado por 13 efectivos de la Policía Federal y de la Policía de Salta. Los investigadores sostienen que los agentes ingresaron por la parte trasera de la casa y asesinaron a Terán y Díaz Romero mientras dormían.
"Fueron ejecutados por la espalda, cuando dormían, de forma cobarde. ¿Quién dispara por la espalda? Solamente un cobarde", expresó Amad durante su alegato mientras exhibía fotografías de la escena del crimen.
El fiscal señaló que los peritajes determinaron que los disparos impactaron en la parte posterior de los cráneos y enumeró numerosas irregularidades en la investigación: distintos horarios de muerte consignados en las actuaciones, ausencia de preservación de la escena, falta de secuestro de vainas servidas y la omisión de pericias criminalísticas básicas.
Además, destacó que una de las víctimas presentaba perdigones en la cabeza, aunque nunca fue secuestrada la escopeta que habría provocado esas lesiones, un elemento que, según la acusación, fortalece la hipótesis del "enfrentamiento fraguado".
"La evidencia demuestra que las víctimas no hicieron un solo disparo. Tampoco utilizaron la granada que llevaban consigo. Si realmente hubiera existido un enfrentamiento, lo esperable habría sido que intentaran defenderse, pero eso nunca ocurrió", afirmó el fiscal.
En el cierre de su alegato, Amad sostuvo que "fueron a ejecutarlos, como lo pidió Guil esa mañana" y agregó que las víctimas no tuvieron posibilidad de defenderse porque "los ejecutaron cuando dormían". También señaló que el ascenso otorgado ese mismo día a uno de los policías que participó del operativo constituyó, a su entender, un "acto celebratorio" de los homicidios.