El estrés laboral al máximo, en primera persona
Gente de Salta habló en exclusiva con dos policías salteños en actividad, cuya identidad se mantiene en reserva para resguardar su trabajo, quienes relataron el estado “deplorable” de la fuerza, donde la falta de recursos es insostenible, pero mucho peor todavía: pone en riesgo sus vidas de manera permanente.
Ambos coincidieron en la falta de gestión del jefe de Policía, Diego Bustos, a fin de propiciar mejoras laborales, indispensables en cualquier trabajo, tal como contar con recursos mínimos para poder desarrollarlo, “desde que fue nombrado no hizo nada a favor de los policías, sino todo lo contrario, solamente baja directivas para sancionar al personal y recargarlo, pero en las comisarías la situación es miserable, Bustos es un empleado del Gobierno que cumple órdenes de arriba y nada más”.
En esta línea, el efectivo que pertenece a una de las comisarías más concurridas de Salta Capital, que en total abarca a 13 barrios, contó que el móvil de esa dependencia llegó “prácticamente fundido” desde una localidad del norte provincial “con kilometraje excedido y atado con alambre, con eso tenemos que salir a patrullar en una zona donde los delitos son permanentes: violencia doméstica, robos, hurtos, peleas callejeras, sólo por nombrar algunos”.
Para ahondar un poco más, el policía relató que ante una emergencia, cuando el ciudadano llama al Sistema de Emergencias 9-1-1, deben pedir la colaboración de la división motorizada o algún otro patrullero por la zona, lo que puede demorar mucho más la asistencia y poner en peligro a las personas. “Algunos contamos con chalecos antibalas… pero vencidos”.
Lo curioso es que en octubre pasado, el Gobierno de Salta hizo la quinta entrega de móviles para la Policía en el marco de plan de renovación del parque automotor. En dicha ocasión, el gobernador Sáenz encabezó la entrega de 75 motos 0 km marca Honda “para tareas de seguridad urbana, aumentando la movilidad y la rapidez de respuesta”, según las palabras alusivas en ese acto.
Con esa entrega, el Gobierno destacó que llegaban a 409 los móviles que se incorporaron a la Fuerza durante la gestión Sáenz, de las cuales 147 corresponden al 2025, sólo el año pasado, se entregaron: 35 camionetas, 94 motos, 5 autos, 10 utilitarios y 3 colectivos, según datos oficiales de la cartera de Seguridad.
Sin embargo, “son escasas las camionetas nuevas que se pueden ver en la calle, en esas con aire acondicionado andan los jefes”, indicó uno de los entrevistados.
No todo es cuestión de “plata”
Además de los bajos salarios, el sueldo básico de un agente que recién se inicia no supera los $88 mil pesos y el neto llega a $890 mil pesos para 64 horas de trabajo semanales, la cuestión también pasa por la falta de recursos que los exponen seriamente y donde el riesgo de vida es constante.
Esta problemática no es nueva, la vienen arrastrando desde hace años, desde gestiones anteriores que miraron para otro lado y que no se ocuparon del bienestar de los cientos de hombres y mujeres que deben velar por la seguridad de los ciudadanos.
Una de las fuentes reveló a Gente de Salta una serie de irregularidades graves que ocurren puertas adentro de la dependencia donde presta servicio pero, que se repetiría en distintas comisarías respecto, por ejemplo, a los chalecos antibalas: “están todos vencidos hace años y es obligación del Jefe de la Policía garantizar que estén vigentes, si uno tiene un enfrentamiento o recibe un disparo, eso no te cubre nada, la bala directamente te mata”.
Siguiendo esa línea, apuntó a la falta de práctica de tiro, que en caso de querer realizarla, cada policía debe pagarse las municiones, las que rondan entre $1500 y $2000 pesos cada una, “en caso de una situación extrema no sabemos si las armas funcionan bien o no, las que están en las comisarías son antiquísimas”.
Respecto a los uniformes, uno de los efectivos precisó que si bien existe un uniforme reglamentario, en cada cambio de temporada hay un recambio de modelo, en el caso del verano, una chomba y unos borcegos tácticos, cuyo precio ronda entre 150 y 200 mil pesos. “El tema de los uniformes es una mafia, porque te obligan a comprar el uniforme que sólo se consigue en dos o tres casas de indumentaria y en caso de que no lo hagas, porque no podés pagar, te sancionan porque para todo hay una sanción, la idea es que cumplas el arresto, estamos hablando de cinco horas más aparte de tus ocho horas de trabajo diarias”, lamentó el efectivo.
La “polifacética” labor del uniformado
Una de las últimas tareas implementadas, por orden del Ministerio de Seguridad, fue que los uniformados deben enviar informes permanentes de lo que están haciendo en sus horas de trabajo: Cada intervención, asistencia, patrullaje o censo de escuelas o negocios, entre otros.
Los entrevistados señalaron que la medida fue implementada el año pasado, ya que anteriormente dicha tarea administrativa se realizaba una vez que volvían a la dependencia, esta modificación, sostienen, les añade más tareas a realizar, ello sin contar que si están en la calle deben usar los datos de sus propios celulares. Para graficarlo, uno de ellos indicó: “Por ejemplo, después de alguna intervención tenemos que inmediatamente mandar el informe que se hace por internet a un sistema interno de la fuerza, pero lo más llamativo es que tenemos que escondernos en algún lado para hacerlo, porque si nos ven patrullando con el celular en la mano nos pueden sancionar o la misma gente cree que estamos distraídos, entonces ¿en qué quedamos?” se preguntó el policía.
Durante el 2025 se registraron dentro de las distintas fuerzas casos de suicidio, violencia familiar y de género, problemas de adicción, entre otros, lo que generó alerta y preocupación en la sociedad, por tratarse de servidores públicos que deberían tener una óptima salud física y mental. Ante esto, Gente de Salta indagó un poco más y uno de los policías reveló que son numerosas las situaciones de este tipo, sólo que no todo se da a conocer, sobre todo, lo que respecta a la violencia de género, “en general, los policías acumulan mucho estrés laboral, sumado a los problemas económicos, el abuso de poder donde vos te tenés que quedar callado siempre, todo eso va generando una bomba que explota dentro del núcleo familiar o se terminan suicidando porque no le encuentran otra salida”.
En cuanto a la contención psicológica, el efectivo expresó que, lo primero que se hace, así lo dice el protocolo, ante un caso de violencia, se retira el arma por precaución, pero si el Psicólogo decide que tenés que hacer un tratamiento, sale del bolsillo de cada uno, porque si bien tenemos obra social, todos los profesionales te cobran plus y a veces te lleva meses hasta que te dan el alta para volver a portar un arma".
Y añadió: “Estamos presos de un sistema del que no podemos quejarnos, ni siquiera hablar, porque te sancionan, incluso si pedís carpeta médica, eso te perjudica al momento de un ascenso y podes quedar años con el mismo rango”, remarcó.
Son innumerables y repetidos los pedidos y reclamos de policías y penitenciarios, quienes históricamente padecen de un sistema sesgado por “autoridades” que deberían garantizar el bienestar de hombres y mujeres que velan por la seguridad de todos los ciudadanos, pero que los tiene “desprotegidos y vulnerables”.