“El golpe fue tan duro que ya no saben por donde hacer algún daño”, expresó el concejal Juan Pablo Dávalos a Gente de Salta, principal denunciante del condenado e inhabilitado Ernesto “Kila” Gonza, respecto a una denuncia en su contra por una supuesta falsificación iniciada por Aldo Gonza, hermano del exintendente condenado y actual concejal que continuará en su cargo hasta 2027.
El caso gira en torno a una denuncia de Aldo Gonza contra Juan Dávalos por una supuesta resolución falsificada. Según Dávalos, se trata de un documento votado en el marco del Presupuesto 2026, con una aprobación de cinco votos a favor y dos en contra. “Son unos mamarrachos”, sentenció Dávalos sobre los hermanos Gonza e, indirectamente, sobre quienes dan lugar a estas situaciones, incluyendo a la concejal Agustina Rodríguez Laconi.
Un requerimiento de documentación en el Concejo Deliberante de San Lorenzo, Salta, desató una fuerte polémica y acusaciones cruzadas entre ediles. El concejal Dávalos denunció una persecución política tras la orden de esta medida, previa a lo que se conoce como “allanamiento”.
Orden Judicial por Presunta Falsificación
La orden, emitida desde Salta con fecha 22 de diciembre de 2025, se dirige contra Dávalos por el presunto delito de falsificación de instrumento público agravada, en perjuicio de la administración pública. Se busca, según la orden, el libro de Actas del año 2025, específicamente la Resolución N° 7, y el legajo personal de la Secretaria Letrada en ese momento, Olga Noemi Ceballos.
- Denunciante: Aldo Gonza, hermano del exintendente "Kila" Gonza y actual concejal hasta 2027.
- Acusación: Falsificación de instrumento público agravada.
- Documentos Solicitados: Libro de Actas 2025 (Resolución N° 7) y legajo personal de Olga Noemi Ceballos.
Dávalos minimizó la denuncia, calificándola de "mamarracho" y sugiriendo que tanto Aldo Gonza como otros concejales están involucrados en una maniobra para desprestigiarlo. Insiste en que el documento en cuestión es una resolución legítimamente votada dentro del marco del Presupuesto 2026.
Detalles del Procedimiento Judicial
La orden judicial faculta a los oficiales designados, el Crio. Ramiro Gómez y Marcelo Esteban Romero, a solicitar la entrega voluntaria de los documentos y, en caso de negativa, proceder al allanamiento y secuestro en el Concejo Deliberante de San Lorenzo, ubicado en Av. San Martín 2120.