La pena está, la cárcel espera
Tras el veredicto de culpabilidad en el juicio por narcotráfico, la fiscalía solicitó penas de ocho años de prisión para Martina Oliva, conocida públicamente como la ex reina de belleza “Miss Orán”, y diez para su pareja Gustavo Joaquín “El Perro” Tolaba, acusados de integrar una organización dedicada al traslado y comercialización de estupefacientes.
Durante la audiencia de cesura —instancia en la que se discute la pena luego de haberse establecido la responsabilidad penal— el fiscal general Eduardo Villalba pidió una condena de ocho años de prisión para Oliva, además de su traslado inmediato al Complejo Penitenciario Federal.
Para Gustavo Tolaba, en tanto, la fiscalía solicitó una pena de diez años de prisión, que debería unificarse con una condena anterior que pesa sobre el acusado.
Finalmente, el Tribunal Oral Federal dictó las penas definitivas muy cercanas a lo solicitado por la Fiscalía, aunque sin traslado para la “narcomodelo”: Oliva recibió una condena de siete años de prisión, con arresto domiciliario hasta que el fallo quede firme, en consideración de su situación personal y familiar.
Por su parte, Gustavo Tolaba fue condenado a diez años de prisión, unificando esta sentencia con otra condena anterior que ya pesaba sobre él. La pena por este caso es de ocho años de prisión, pero se acumula con una condena anterior, dictada el 28 de julio del año pasado, de cuatro años de prisión por transporte de cocaína.
Cómo resultado de esa acumulación la pena queda en 10 años de prisión. Además, se dispuso el decomiso de la camioneta Toyota Hilux.
La decisión del tribunal se sustentó en pruebas como las pericias sobre el teléfono de Tolaba, que demostraron la participación activa de la pareja en la maniobra delictiva, y en los audios que mostraban la intención de blanquear dinero mediante un negocio legal, en este caso una carnicería.
El fiscal general Eduardo Villalba destacó el impacto social y sanitario de la operación, señalando que la cantidad de marihuana incautada durante la investigación equivalía a más de 470 mil dosis, afectando gravemente a la comunidad local.
Los antecedentes de la causa muestran que la organización operaba trasladando droga desde Bolivia hacia el norte de Salta, fraccionándola y distribuyéndola en distintos puntos de la provincia. Además, varias de las personas vinculadas a la red ya habían sido condenadas en juicios anteriores.
Con estas condenas, la Justicia concluye la etapa principal del proceso, mientras que Oliva permanecerá en su domicilio hasta la confirmación definitiva del fallo, y Tolaba iniciará cumplimiento efectivo de su condena unificada en el Servicio Penitenciario.
“Hay familias enteras que nos ruegan que se terminen con estas bocas de expendio en los barrios. El daño es inmenso”, expresó el fiscal durante su exposición al justificar la solicitud de penas elevadas.
Los antecedentes de la causa
La investigación se inició a partir de un operativo que permitió desarticular una red dedicada al tráfico de marihuana en el norte de Salta.
En febrero de 2025, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el aeropuerto de Salta detuvo a Oliva, identificada en ese momento como “una joven de 23 años oriunda de Orán e hija de un empresario de la carne que opera en el norte provincial”. La mujer transportaba droga escondida en la mochila de una de sus hijas. Junto a ella fue detenido el hombre, identificado como “El Perro” y otras cinco personas que ya fueron condenadas en juicios abreviadas.
Según la reconstrucción de la fiscalía, la organización operaba trasladando cargamentos desde Bolivia hacia la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, desde donde la droga era fraccionada y distribuida en distintos puntos de la provincia.
Durante los procedimientos realizados en el marco de la causa se secuestraron importantes cantidades de marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y vehículos utilizados para el transporte de la droga.
Uno de los elementos centrales para la acusación contra la pareja fueron las pericias realizadas sobre el teléfono celular de Tolaba, donde los investigadores analizaron conversaciones, audios, fotografías y capturas de pantalla que permitieron reconstruir los vínculos con otros miembros de la organización.
En ese análisis también surgieron transferencias de dinero realizadas por Oliva a distintos destinatarios, movimientos que —según el tribunal— formaban parte del circuito financiero de la red.
Además, de los audios incorporados al debate se desprendió que la pareja proyectaba abrir una carnicería como fachada comercial para lavar dinero proveniente del narcotráfico, lo que reforzó la hipótesis de la fiscalía sobre el funcionamiento de la organización.