Por orden de la Justicia
A la reciente detención del abogado Santiago Pedroza, por presuntas estafas inmobiliarias a unas 400 personas, se le suma ahora otra causa con menos reflectores: la Justicia ordenó el secuestro de un Mercedes Benz vinculado al letrado en el marco de un expediente iniciado por la madre de una joven menor de edad con discapacidad.
La causa se originó luego de que la madre denunciara haberle entregado dinero a Pedroza para continuar gestiones vinculadas a un amparo de salud por la discapacidad de su hija. Según la demanda, tiempo después descubrió que no existían presentaciones realizadas por el abogado. Cobró, no prestó servicios, pero tampoco devolvió el dinero.
El propio Pedroza terminó reconociendo la deuda en la Justicia, según el expediente al que accedió Gente de Salta, y ahora, tras una serie de embargos y reiterados intentos de cobro, Lucía Bransan Valy a cargo, de manera interina, del Juzgado de Proceso Ejecutivo de 1° Nominación, ordenó el secuestro y posterior remate de un Mercedes Benz 320 modelo 1998 vinculado al abogado.
Según la documentación incorporada en la causa, la joven menor de edad padecía cuadriplejia espástica y parálisis cerebral espástica, un cuadro que requería tratamientos, medicación, suplementos y elementos ortopédicos permanentes. En 2019, la familia había obtenido una cautelar y luego una sentencia favorable contra una obra social para garantizar esas prestaciones médicas, poco después, la madre recurrió a Pedroza para continuar el proceso vinculado al cumplimiento del amparo.
La mujer, de apellido Valencia, continuó entregando dinero convencida de que las gestiones seguían avanzando, hasta que decidió presentarse personalmente en el Juzgado Federal y descubrió que no existían actuaciones vinculadas al abogado, según consta en la denuncia que dio origen al expediente.
En la presentación judicial, la Defensoría Oficial Civil N° 6, entonces a cargo de Patricia Pilco Leal, sostuvo que existió una “evidente indiferencia” frente a la situación de vulnerabilidad de la familia.
La situación derivó en un compromiso de devolución de dinero firmado por el propio abogado, acuerdo que, según detalla la causa, tampoco terminó cumpliéndose. Años después, el letrado reconoció la deuda en la Justicia y el conflicto derivó en una ejecución civil que para 2024 ya superaba los $82 mil.
Durante años, la Defensoría intentó avanzar sobre distintos créditos y honorarios del abogado para cobrar la deuda. Con el paso del tiempo, las medidas escalaron hacia bienes registrables hasta llegar al Mercedes Benz E 320 modelo 1998, cuyo secuestro y posterior remate quedó formalmente notificado el 19 de mayo de este año dentro del expediente judicial.