El Instituto Provincial de Salud de Salta anunció la aplicación de sanciones económicas y administrativas contra los prestadores que cobren montos adicionales no autorizados a los afiliados. La medida surge tras la decisión de la Asociación Bioquímica de Salta de trasladar aumentos no acordados a los beneficiarios de la obra social.
La presentación fue realizada por el hijo de una mujer de 68 años que permanecía internada en la clínica San Rafael de Salta. En la denuncia se cuestiona la atención recibida durante la internación, la falta de atención por parte de la obra social, el alta médica otorgada y la falta de controles posteriores, situación que condujo a la víctima a terapia donde falleció.
Mientras el escándalo por los loteos ilegales sacude a Salta, una ejecución civil avanzó sobre un vehículo del letrado tras años de reclamos de una familia que buscaba garantizar tratamientos médicos para una menor con severa restricción de su capacidad.
Tras una profunda crisis financiera y poco más de un año de intervención, el Gobierno de Salta recurrió a Martín Baccaro, un ex presidente de la obra social, que asumió para normalizarla y coordinar acciones con el Ministerio de Salud Pública.
Son 60 los trabajadores del casino Boulevard que desde diciembre no cobran sus salarios ni la totalidad del aguinaldo. Las irregularidades comenzaron hace 14 meses y quedaron a la deriva, sin obra social ni aportes jubilatorios.
El período de receso para la mayoría inició con reclamos en el Instituto Provincial de la Salud de Salta, donde aumenta la demanda pero disminuye el personal. Largas esperas, trámites tediosos y muchas veces, sin final feliz. Desde el IPSS admiten que todavía falta despapelizar, pero que ya se avanzó mucho desde la pandemia a esta parte.
Tras 21 años, los firmantes aseguran que el acuerdo busca priorizar la transparencia, digitalización y el fin del cobro indebido, con mayores exigencias a los que integran el padrón B.