PolicialesReclaman estrés al límite y falta de recursos
Acorralado por las inéditas protestas de las fuerzas de Seguridad de Rosario, el Gobierno de Santa Fe anunció este miércoles una serie de medidas para normalizar el servicio policial y atender los reclamos salariales tras el conflicto que derivó en protestas y acuartelamientos parciales.
Si bien el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, aseguró que la protesta “no afectó la seguridad pública”, fueron cientos de patrulleros paralizados y bloqueando salidas la postal que se vio de la ciudad de Rosario entre este martes y miércoles. Luego de los anuncios, afirman que Rosario recupera la normalidad operativa, con un 90 % de operatividad en la Unidad Regional II.
“La seguridad pública nunca se resintió en ningún punto de la provincia”, afirmó Cococcioni.
El funcionario señaló que los reclamos del personal son “válidos, aceptables y atendibles” y explicó que el pase a disponibilidad fue una medida preventiva para ordenar la negociación. En ese marco, el gobierno decidió levantar las sanciones a 20 policías y exigir el retorno inmediato al servicio.
“Les solicitamos que se presenten, tomen su arma y su chaleco y se reincorporen de manera inmediata al servicio ordinario”, indicó.
Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, anunció que los policías y penitenciarios con jornadas de 48 horas o más tendrán un ingreso no inferior a la canasta básica. La medida se focalizará en los rangos subalternos, donde se concentran los salarios más bajos.
“La prioridad es que ningún agente quede por debajo de la canasta básica”, afirmó Olivares.
El Gobierno provincial reconoció el desgaste del personal por la carga de trabajo, ya que el conflicto se originó tras el suicidio de un joven policía, una situación que se repite en varios distritos del país y que requiere urgente de programas de salud mental y algunos beneficios que atenúen el costo de vida de efectivos, como por ejemplo el transporte; medida que sí se tomó en Salta tras la protesta histórica que tuvo la provincia en 2013, aunque no tuvo mayores alcances.
En el 2014, se publicó que los efectivos de la Policía de la Provincia de Salta y agentes del Servicio Penitenciario contaban con beneficios de traslado gratuito en el transporte público dentro de la provincia, hoy se mantiene solo para policía con el uniforme en SAETA, confirmaron a Gente de Salta desde la Autoridad Metropolitana de Transporte.
Origen del conflicto policial en Santa Fe
El conflicto policial en Santa Fe continuó este miércoles por segundo día consecutivo con protestas frente a la Jefatura de Policía de Rosario, cortes de calles y un fuerte cruce entre los uniformados y el gobierno provincial.
Los incidentes comenzaron en la madrugada del martes cuando el jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, reprimió a familiares y allegados de policías que reclamaban mejoras salariales. La situación derivó en un acuartelamiento parcial de la fuerza, con unos 100 patrulleros y motos que dejaron de patrullar.
“Hubo maniobras políticas detrás del conflicto”, señalaron desde el gobierno de Maximiliano Pullaro.
El ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, acusó a policías exonerados y detenidos por corrupción de promover la protesta. El Ejecutivo provincial anunció el martes que 20 efectivos fueron pasados a disponibilidad y la fiscalía abrió causas penales por incumplimiento de funcionario público, medida que fue depuesta el miércoles para levantar la protesta.
El detonante del conflicto fue el suicidio del suboficial Oscar Valdez, de 32 años, ocurrido en la puerta de la Jefatura de la Unidad Regional II. Su muerte expuso las condiciones laborales de los agentes, que denuncian traslados de más de 500 kilómetros y jornadas de 12 horas de trabajo.
Durante el fin de semana, el gobierno anunció un plus salarial de $500.000 para efectivos en grandes ciudades y $250.000 para choferes, pero las protestas continuaron.
Además, las autoridades detectaron una presunta campaña de desinformación en redes sociales, con perfiles falsos y material manipulado con inteligencia artificial.
La tensión escaló cuando efectivos empujaron al jefe policial Maldonado durante una asamblea, lo que derivó en cortes de calles y quema de neumáticos frente a la sede policial.
Santa Fe vs. Salta: Dos modelos para resolver protestas policiales
Las protestas policiales en Santa Fe volvieron a exponer una tensión recurrente en Argentina: el equilibrio entre autoridad estatal, derechos laborales y seguridad pública. En Salta hubo un antecedente que marcó una ruptura en 2013, con protestas que fueron seguidas luego por 19 provincias más, para exigir mejoras salariales y de condiciones de trabajo.
Las respuestas de los gobiernos de Santa Fe y Salta marcaron caminos distintos para resolver conflictos similares.
En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro decidió combinar una línea institucional firme con concesiones salariales estructurales. En Salta, durante la gestión de Juan Manuel Urtubey en aquella oportunidad, el Ejecutivo optó por una salida política inmediata con aumento salarial y una amnistía excepcional para los efectivos que protestaron.
Santa Fe: Reforma salarial y disciplina
El ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, aseguró que el conflicto no afectó la seguridad pública y anunció el levantamiento del pase a disponibilidad, con retorno inmediato al servicio.
El gobierno provincial también reconoció como legítimos los reclamos y prometió una política integral de bienestar para la fuerza, que incluye salud mental, transporte y alojamiento.
Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, anunció una medida inédita: garantizar que todo el personal policial y penitenciario con jornadas de 48 horas o más tenga ingresos no inferiores a la canasta básica del INDEC.
La estrategia santafesina apunta a construir un esquema salarial permanente, con foco en los rangos subalternos y reconocimiento progresivo por responsabilidad.
Salta: Aumento puntual y amnistía
En Salta, el conflicto policial se resolvió con un aumento salarial significativo y un acuerdo político para evitar sanciones. El entonces gobernador Juan Manuel Urtubey propuso elevar el salario de un ingresante de 4.200 a 6.516 pesos (año 2013), mientras que el jefe de la Policía, Marcelo Lami, prometió no sancionar a los efectivos que participaron de las protestas.
“Quiero agradecer a la policía de la provincia, que desde el lunes entendió que debía estar en su puesto de trabajo y por eso Salta solo vivió momentos de tensión menores”, dijo Lami.
El acuerdo incluyó la firma de un documento en el que los policías se comprometieron a volver al trabajo a cambio de la suspensión de sanciones, una medida que alcanzó también al Servicio Penitenciario.
Dos mensajes políticos diferentes
En Santa Fe, el mensaje fue que el Estado mantiene la autoridad, pero reconoce y corrige inequidades salariales. En Salta, el mensaje fue que la protesta logró concesiones inmediatas, aunque sin cambios estructurales en el sistema salarial.
Mientras Santa Fe asumió un costo fiscal permanente al indexar ingresos a la canasta básica, Salta optó por una solución coyuntural con menor impacto fiscal.