El kiosco de Villa Las Rosas
Un total de 17 de los 20 acusados en el juicio que desde agosto se desarrolló en Salta, por formar parte de una organización narcocriminal que operaba dentro y fuera de la cárcel, recibieron esta tarde penas que van desde un año hasta los diez y medio de prisión. Tras el veredicto hubo gritos de los familiares, en el marco de un tremendo control policial y otras áreas de las fuerzas de seguridad. La lectura del fallo se llevó a cabo en un salón del Tribunal Electoral, especialmente preparado para la ocasión.
Los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar integran la Sala VII del Tribunal de Juicio, a cargo de este proceso.
Los magistrados condenaron a Sergio Moya a la pena de diez años de prisión de cumplimiento efectivo, por resultar autor de exacciones ilegales agravadas, coautor de comercialización de estupefaciente agravada y por ser miembro penalmente responsable del delito de asociación ilícita; mientras que Francisco Bisceglia recibió diez años y seis meses de prisión efectiva por los mismos delitos, en cinco hechos, y fue absuelto en otros cuatro hechos.
José Luis Alarcón recibió ocho años de prisión de cumplimiento efectivo; Marcos Bucotich fue condenado a seis años de prisión; y Raúl Arjona a siete años por los delitos de exenciones ilegales agravada, comercialización de estupefacientes y asociación ilícita.
Luis Roberto Castaño recibió seis años y seis meses de cárcel, por resultar coautor penalmente responsable de comercialización de estupefaciente agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos.
Marcelo Olguín Magno fue condenado a la pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de exenciones ilegales agravadas y asociación ilícita; a la vez que Rubén Antonio Guaymás deberá cumplir cinco años de prisión por exenciones ilegales agravadas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En tanto, los magistrados condenaron a Baldomero Darío Córdoba a dos años de prisión de ejecución condicional por resultar partícipe necesario del delito de exenciones ilegales, por lo que continuará en libertad y deberá cumplir reglas de conducta.
A Manuel Méndez, por su parte, le dieron nueve años y seis meses de prisión por comercialización de estupefacientes agravada y asociación ilícita, y decidieron unificar la pena con otra causa, por lo que deberá purgar 19 años y seis meses de prisión efectiva, al tiempo que fue declarado reincidente.
María Inés Méndez fue condenada a cumplir nueve años de prisión por comercialización de estupefacientes y asociación ilícita, y por los mismos delitos Héctor Gustavo Banegas recibió la pena de ocho años de cárcel.
Ivana Marcela Gutiérrez recibió seis años de prisión, al igual que Nicole Judith Ana Luna, por comercialización de estupefaciente y asociación ilícita; al tiempo que Patricia Flores fue condenada a cuatro años por los mismos delitos.
A su turno, Silvia Valeria Avendaño fue absuelta, al igual que Josué Yoel Valencia, en su caso por el retiro de la acusación fiscal; mientras que María Cristina Galindo deberá cumplir seis años de prisión.
En el caso de Andrea Abigail Alba, los jueces decidieron absolverla del delito de asociación ilícita, pero la condenaron a un año de cumplimiento efectivo por tenencia simple de estupefacientes.
Antes de la deliberación del tribunal, los imputados Moya, Bucotich, Guaymás y Córdoba pronunciaron sus últimas palabras, mientras que el resto de los acusados optó por no ejercer ese derecho.
Los miembros del tribunal fijaron para dentro de cinco días hábiles la lectura de los fundamentos de la sentencia.
Los acusados y los delitos imputados
La fiscalía presentó evidencia contra los funcionarios penitenciarios Sergio Faustino Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Luis Roberto Castaño, Marcos Matías Bucotich García, Raúl Antonio Arjona y José Luis Alarcón.
Los delitos se consideran agravados por haberse cometido dentro del establecimiento carcelario, con participación de más de tres personas y por ser los acusados encargados de la custodia de los internos.
Exacciones ilegales y otros delitos
A Moya, Bisceglia, Bucotich, Arjona y Alarcón también se les atribuyen hechos de exacciones ilegales agravadas, delito que ocurre cuando un funcionario público exige o hace pagar contribuciones indebidas.
Por el mismo delito fueron acusados Olguín Magno y Guaymás, quien enfrentaba además cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Baldomero Darío Córdoba está señalado como partícipe necesario en hechos de exacciones ilegales agravadas.
Civiles involucrados en la red
Manuel Méndez, María Inés Méndez, Héctor Gustavo Banega, Ivana Marcela Gutiérrez, María Cristina Galindo, Nicole Judith Ana Luna y Patricia Daiana del Rosario Flores afrontaban cargos por comercialización de estupefacientes agravada en el ámbito carcelario.
Estos imputados también estaban acusados por asociación ilícita en concurso con los delitos de narcotráfico.
Desarrollo del proceso judicial
Las audiencias iniciaron el 4 de agosto pasado, y por el Ministerio Público actuaron el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, que integraban una Unidad Fiscal.
El caso representa uno de los procesos más significativos contra la corrupción en el sistema penitenciario salteño, ya que involucra tanto a funcionarios como a civiles en una red de comercialización de drogas dentro de las cárceles.