PolicialesCrímenes de lesa humanidad
El juicio contra un exinspector de la delegación salteña de la Policía Federal Argentina, que ya fue condenado por otros crímenes de lesa humanidad, comenzó el 10 de junio pasado, y es el Tribunal Oral Federal 2 de Salta el que lo juzga, por el delito de homicidio agravado por alevosía y el concurso premeditado de más de dos personas, en perjuicio de dos hombres, ocurrido durante un procedimiento irregular en la ciudad de San Lorenzo, el 20 de abril de 1975.
Se trata de Juan Carlos Alzugaray, quien habría irrumpido en un procedimiento ilegal, en una vivienda de la localidad de San Lorenzo, donde las víctimas fueron ejecutadas con disparos en sus cabezas, mientras dormían.
El ex miembro de la delegación Salta de la Policía Federal ya fue condenado en dos oportunidades por delitos de lesa humanidad, y su condena más reciente fue impuesta el 21 de agosto de 2024, por el delito de aplicación de tormentos en perjuicio de un militante peronista.
En el debate interviene el fiscal general Carlos Martín Amad y el fiscal ad-hoc Juan Manuel Sivila, del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Federal de Salta.
En la apertura del debate, que tramita bajo el sistema mixto ante los jueces Gabriela Catalano, Diego Matteucci y Abelardo Basbús, la fiscalía ratificó la acusación contra Alzugaray.
En un repaso formulado por Sivila, se detalló que el día del hecho, un grupo de efectivos de la Policía Federal Argentina —entre los que estaba el imputado— y de la Policía de la Provincia de Salta realizaron un procedimiento en una vivienda de la calle Lugones, sin número, de la localidad salteña de San Lorenzo.
Los efectivos, que no contaban con una orden judicial, rodearon la vivienda e ingresaron por la fuerza, sorprendiendo a dos hombres que dormían en el lugar, René Esteban Locascio Terán y de Ramón Antonio Díaz Romero, quienes sin que pudieran defenderse fueron ejecutados mediante disparos en la nuca o la parte posterior de la cabeza.
Un procedimiento ilegal
Por este doble homicidio ya fueron juzgados y condenados el exjefe de la Policía de Salta, Miguel Raúl Gentil, y el excomisario general Joaquín Guil, como autores mediatos.
Basado en los fundamentos de la Fiscalía, Sivila sostuvo que Alzugaray fue identificado como uno de los policías que arribó a la casa de calle Lugones, y agregó que se trató de un procedimiento ilegal desarrollado en el marco del plan sistemático de represión ilegal imperante durante el terrorismo de Estado.
Luego, explicó que el imputado fue ubicado en el lugar del hecho, como uno de los integrantes del grupo policial mixto que intervino en el operativo de ejecución de las víctimas, tras lo que sostuvo que, para llevar adelante los homicidios de Locascio Terán y Díaz Romero, los implicados obraron mediante una división funcional de las actividades ejecutivas necesarias para la concreción del plan criminal.
Asimismo, la fiscalía se refirió a un acta circunstanciada del 20 de abril de 1975, de la que surgió que el comisario Ernesto Livy se trasladó al lugar con "personal de la delegación a su mando y fuerzas de la policía provincial", entre los cuales se menciona expresamente a Alzugaray, lo que corrobora documentalmente la presencia del imputado en el operativo.
Etapa de declaraciones testimoniales
Tras oír la acusación, el tribunal inició la etapa de declaraciones testimoniales, y en ese marco, la primera testigo fue Alicia Fernández Nowel, una exdetenida política que era la propietaria de la vivienda donde se cometió el crimen.
La mujer fue arrestada junto a María Amarú Luque, el día anterior a los homicidios, cuando se encontraba en el Hotel Provincial de Salta, desde donde tenía previsto viajar con su hija de tres años y su hijo de un año, que fueron abandonados por los efectivos en el hotel.
La testigo recordó que, tras su detención ilegal, la trasladaron a la sede de la Policía Federal, donde fue interrogada y sufrió maltratos, y que luego la llevaron a su casa en San Lorenzo, donde vivía con su marido Antonio Arrué, quien permanece desaparecido.
Sobre ese episodio, Fernández Nowel relató que le llamó la atención el aspecto del comedor, con las sillas en ronda, vasos y alguna bebida, como si hubieran estado reunidos alrededor de la mesa, tomando algo, y señaló que, en el suelo, vio a dos personas muertas.
“Me preguntaban a mí quiénes eran y si uno de ellos era mi marido. Yo no los conocía, no sabía quiénes eran. Levantaban el cuerpo muerto y me lo ponían pegado a mi cara”, recordó la testigo, quien fue víctima de golpes y otros graves tormentos.
Entre ellos, reveló que en un momento la llevaron a lo que había sido su dormitorio, la pusieron contra la pared y le empezaron “a tirar tiros todo alrededor”, con la intención de que reconociera a los jóvenes asesinados: “si no, me iban a matar”, contó.
El debate se reanudará este jueves, para cuando están previstos los alegatos de la fiscalía y la defensa, y la posible lectura del veredicto.