Ángel tenía al menos 20 golpes en la cabeza. Ninguno en el resto del cuerpo. Todos dirigidos con precisión. Así lo estableció el informe, devastador, del Cuerpo Forense de Chubut. Frente a este resultado, la Justicia ordenó la detención de la madre y el padrastro del nene de cuatro años que murió el domingo de Pascuas en Comodoro Rivadavia y en las próximas horas los imputará de “presunto homicidio agravado” por el vínculo.
Según los resultados de la autopsia preliminar, los traumatismos craneales provocaron un edema cerebral hemorrágico generalizado que desencadenó un paro cardiorrespiratorio. En otras palabras, fue una muerte neurológica, causada por una violencia focalizada, repetida y brutal.
Los especialistas concluyeron que los golpes no fracturaron huesos, pero transmitieron una energía demoledora al cerebro. Cada impacto sumó daño interno hasta provocar un desenlace irreversible. Además, los peritos no descartan un posible mecanismo de asfixia, aunque no haya dejado marcas visibles en el cuello.
En paralelo, la investigación comenzó a reconstruir el contexto en el que vivía Ángel. Y lo que aparece es un escenario de violencia sostenida.
Sospechas de encubrimiento y abandono
Tras recibir los primeros resultados de la autopsia y otros elementos de prueba relevantes en la causa, en las últimas horas el fiscal general Facundo Oribones y la funcionaria de Fiscalía Diana Guzmán pidieron la detención de Mariela Altamirano, la madre de Ángel, y de la pareja de la mujer, Michel Kevin González.
Ambos están acusados como "coautores de homicidio agravado por el vínculo", un delito que prevé como única pena posible la prisión perpetua.
La detención de la madre y el padrastro
Las fuerzas de seguridad detuvieron a la mamá de Ángel, Mariela Altamirano, y a su pareja, Maicol González, en Comodoro Rivadavia. Ángel tenía 4 años y falleció el domingo pasado. La madre y su pareja están acusados de “presunto homicidio agravado”.
La Justicia ordenó la prisión preventiva de Altamirano y González, la madre y la actual pareja del nene, que, según trascendió de fuentes policiales, había sufrido un traumatismo previo.
La mamá de Ángel fue trasladada a la localidad de Rada Tilly, mientras que su novio fue derivado a una comisaría de Mosconi, a unos kilómetros de Comodoro Rivadavia.
Cómo se llegó a la detención
De esa forma, el caso de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que falleció el pasado 6 de abril en Comodoro Rivadavia, tomó un rumbo judicial determinante.
Luis Armando López, padre del menor, con el patrocinio letrado del abogado Roberto Castillo, presentó una ampliación de la denuncia penal solicitando la inmediata imputación y detención de Maicol González (padrastro) y Mariela Beatriz Altamirano (madre biológica).
La acusación es por homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte.
El documento presentado ante la fiscalía, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, describe un escenario de “producción del resultado a través de una pluralidad de comportamientos convergentes”.
Según la querella, la muerte de Ángel no fue un accidente, sino el desenlace previsible de meses de maltrato físico y desamparo institucional.
A esto se suma el testimonio de vecinos que aseguran haber escuchado gritos del menor y presenciado episodios donde la madre, en medio de una crisis, le recriminaba a González: “¡Vos le pegás al mío!”.
La “Ley Lucio” y la responsabilidad de los funcionarios
Uno de los puntos más contundentes de la denuncia es la acusación contra el juez de Familia, Pablo José Pérez, la asesora de Familia, Verónica Roldán, y la integrante del Servicio de Protección de Derechos, Jennifer Leiva.
La querella sostiene que estos funcionarios construyeron el escenario de desprotección que permitió el infanticidio.
El relato cronológico
Advertencias ignoradas: El sistema judicial ya había rechazado tres veces la restitución del niño a su madre biológica por considerarla un entorno no seguro.
El grito de Ángel: En febrero de 2026, el Juez Pérez y la Asesora Roldán escucharon personalmente al niño en audiencia. Ángel expresó con claridad que su centro de vida era con su madre de crianza, Lorena Andrade, y no identificó a Altamirano como su núcleo afectivo. Pese a esto, no se dictó ninguna medida de protección.
Aislamiento fatal: En marzo, una restricción perimetral prohibió a la familia paterna y a la madre de crianza todo contacto con el niño, dejándolo solo con sus presuntos agresores semanas antes de su muerte.
Castillo traza un paralelismo directo con el caso de Lucio Dupuy, señalando que los funcionarios habrían incumplido los deberes de capacitación y detección temprana que impone la Ley 27.709 (Ley Lucio).
Peligro de fuga y quema de evidencia
La solicitud de detención inmediata se fundamenta en riesgos procesales concretos. La querella presentó pruebas de que los imputados habrían quemado prendas de vestir del niño el día del hecho para eliminar rastros biológicos y signos de violencia. Además, existiría un plan concreto de fuga hacia El Dorado, Misiones, gestionado por Altamirano a través de un familiar.
“Nos encontramos ante un sistema que prefirió los formalismos procesales por sobre la vida de un niño que gritó por ayuda”, sostiene la denuncia. Mientras la ciudad de Comodoro Rivadavia sigue conmocionada, la justicia tiene ahora en sus manos el pedido de detención para evitar que, tras el horror, llegue la impunidad.