El 10 de abril de 2011 marca el inicio del derrotero judicial del exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando Gonza, conocido como "El Kila". Su caso judicial podría estar llegando a su fin, o quizás, apenas comenzando. Este martes, el exjefe comunal debía comparecer ante la justicia tras ser declarado en rebeldía por no presentarse a la primera citación. Tras la audiencia, podría haber quedado detenido pero no se presentó argumentando algunos problemas cardíacos.
La audiencia de visu estaba prevista para las 11 de este martes en el Tribunal de Impugnación, donde el fiscal penal de Impugnación 3, Ramiro Ramos Ossorio, le informaría la nueva pena, pero no se concretó.
Llamado, rebeldía y posible detención de "El Kila" Gonza
El viernes 7 de este mes, el fiscal Ramos Ossorio participó en la audiencia convocada por el Tribunal de Impugnación en el proceso contra Ernesto "Kila" Gonza y Sergio Armando, exfuncionarios de la Municipalidad de San Lorenzo, condenados por fraude a la administración pública y peculado de trabajos y servicios.
El Tribunal debía fijar una nueva pena, agravando la anterior de tres años condicional a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva, considerando que los delitos fueron "consumados" contra el municipio de San Lorenzo.
Sin embargo, "El Kila" Gonza no se presentó, lo que llevó al fiscal a declararlo en rebeldía y solicitar su búsqueda por las fuerzas de seguridad. El juez Ezequiel Molinatti ordenó la detención inmediata de Gonza y remitió el caso al tribunal de origen para continuar el proceso.

Desde el viernes 7 hasta el martes 11, el exintendente permaneció prófugo, a pesar de la orden de captura. Sorprendentemente, se presentó en tribunales el martes 11, sin mayores incidentes.
Acusación por Desvío de Fondos
La causa se originó tras el juicio de diciembre de 2022, donde la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio expuso un esquema de maniobras fraudulentas atribuido a "Kila" Gonza y Armando desde el 10 de abril de 2011, día en que el entonces intendente perdió las elecciones.
Según la acusación, tras la derrota electoral, se dispusieron fondos municipales de manera irregular. A pesar de que Gonza firmó el 7 de diciembre una declaración de ausencia de deudas y obras pendientes, se comprobó que días después familiares y allegados cobraron cheques por casi un millón de pesos, equivalentes hoy a más de 40 millones.
- Desvío de fondos para obras inconclusas o deficientes.
- Viviendas prefabricadas de la empresa “El Montañez”, propiedad de Armando.
- Un puente en calle Belgrano construido con recursos municipales.
La intervención fiscal confirmó que los delitos estaban consumados y ordenó fijar nuevas penas, lo que derivó en la orden de detención contra Gonza.
En mayo, Gonza fue electo concejal por el Partido de la Victoria, y su asunción en diciembre es incierta debido a su situación legal. Su hermano Aldo ya integra el cuerpo deliberativo hasta 2027.