Un crimen brutal y una decisión ciudadana
Esta semana que pasó no fue una más en Salta.
Fue una semana que quedará registrada como un punto de inflexión en la historia institucional de la provincia, ya que se inauguró el sistema de juicio por jurados, un mecanismo que intenta acercar la justicia a la sociedad y que, en definitiva, pone en manos de ciudadanos comunes una de las decisiones más trascendentes que puede tomar un Estado: declarar culpable o inocente a una persona acusada de un delito grave.
La implementación se da en el marco de la ley provincial 8478, sancionada en diciembre de 2024 y publicada en el Boletín Oficial en enero de 2025, con el objetivo de garantizar la participación ciudadana en la administración de justicia penal.
No se trata de un cambio menor. Durante décadas, las decisiones sobre delitos graves estuvieron exclusivamente en manos de jueces profesionales, y desde ahora, al menos en casos de homicidios calificados y delitos conexos previstos en el artículo 80 del Código Penal, esa responsabilidad en la provincia será compartida con la ciudadanía, que justamente es la que reclama un servicio de justicia ágil e imparcial.
Quienes tuvimos la oportunidad de presenciar las instancias más relevantes del primer debate bajo esta modalidad pudimos observar de cerca algo que muchas veces se menciona en la teoría, pero que adquiere otra dimensión cuando ocurre en la práctica: el compromiso de la gente común con la justicia.
Treinta y cinco mujeres y treinta y cinco varones salteños fueron convocados, tras un minucioso proceso previo, a la audiencia de selección del jurado, y de ese grupo se eligieron finalmente doce titulares —seis hombres y seis mujeres— y cuatro suplentes, quienes asumieron la responsabilidad de escuchar las pruebas, los testimonios y los argumentos de las partes.
Personas comunes, de distintas edades y de diversas ocupaciones, se ubicaron en el sector especialmente preparado para que puedan seguir las audiencias, que fueron tres, de doble jornada, siempre bajo la supervisión del juez técnico, Guillermo Pereyra, quien quedará en la historia como el primero en dirigir un juicio por jurados en Salta.
Los 12 ciudadanos debieron analizar la causa contra Víctor Manuel Márquez, de 21 años, quien llegó al juicio acusado de homicidio triplemente calificado por violencia de género, ensañamiento y alevosía, en perjuicio de Dalma Salomé Bataches, por el hecho ocurrido el 17 de septiembre de 2024, en la zona oeste de la ciudad de Salta.
El cuerpo sin vida de la joven, de 22 años, apareció debajo del puente del barrio Santa Lucía, con un cordón atado al cuello y con evidencias de haber recibido múltiples golpes, de los cuales varios fueron en la cabeza, con un bloque de cemento de más de 15 kilos.
Una causa difícil de abordar, teniendo en cuenta la historia de la corta vida de los dos jóvenes involucrados, que estaban sumidos en las adicciones a las drogas y viviendo en situación de calle, y ante la realidad de un crimen brutal, cuya autoría no estaba en duda, aunque si los agravantes de la imputación.
La discusión era si se trataba de un femicidio cometido con ensañamiento y con alevosía, como lo planteaba la Fiscalía, o si simplemente estábamos frente a un homicidio simple, como sostenía la defensa, sabiendo que de esa distinción podía surgir una diferencia en los años de cárcel que le corresponderían a Márquez.
Además de Pereyra, la fiscal de la Unidad de Femicidios (UFEM), Luján Sodero, y su par Daniel Espilocín, junto a los defensores oficiales Nicolás Anuch y Karina Peralta formaron parte del proceso.
Tras las instrucciones iniciales al jurado, que el juez debió pronunciar en un lenguaje claro y accesible, comenzó el debate oral y público, con los alegatos de apertura de la fiscalía y la defensa, donde cada parte expuso su versión de los hechos.
Luego llegó el corazón del proceso: la presentación de pruebas y el interrogatorio a los testigos, bajo la mirada atenta de los doce ciudadanos, que debieron escuchar testimonios dolorosos y ver imágenes fuertes, para después valorarlas con discernimiento y seriedad absoluta.
Una vez finalizada la producción de pruebas, las partes presentaron sus alegatos de cierre y el juez brindó las instrucciones finales a los miembros del jurado, con la explicación del derecho aplicable y las pautas para la deliberación.
A partir de ese momento, el jurado se retiró a una sala especialmente preparada para analizar todo lo escuchado y llegar a un veredicto, luego de debatir por lo menos dos horas, como lo fija la ley.
En Salta, el sistema establece que la condena requiere unanimidad. Si esta no se logra inicialmente, se habilita la posibilidad de alcanzar el veredicto con una mayoría de diez votos. Si en esta instancia tampoco se llega al acuerdo, el jurado puede ser disuelto y el juicio repetido con otro jurado.
Si ese segundo jurado tampoco logra un veredicto unánime o de mayoría de diez, el acusado debe ser absuelto y, en cambio, si el jurado declara al acusado no culpable, la decisión es definitiva.
En este caso, luego de tres jornadas completas de debate, los miembros del jurado entendieron que Márquez era culpable del delito de homicidio calificado por femicidio, alevosía y ensañamiento, tal como lo planteó la Fiscalía, ya que la defensa sostuvo la responsabilidad del acusado, aunque sin los agravantes.
Tras la lectura del veredicto, que estuvo a cargo de uno de los miembros del jurado que ofició de vocero, fue el propio Pereyra quien, en un apartado de la audiencia llamado de cesura, le otorgó la pena al acusado, que en el caso del femicidio solo cabe la prisión perpetua.
El llanto de los familiares de la víctima, sumado a la presencia del autor del hecho, custodiado por el personal del Servicio Penitenciario y con la cabeza gacha, hicieron del recinto un ámbito de tensión y emociones encontradas, que pudimos percibir todos los que en ese momento nos encontrábamos allí.
El proceso también trajo consigo cambios en la forma de cubrir judicialmente estos debates.
Para los medios de comunicación se abrió una instancia de capacitación previa, tras lo que periodistas, fotógrafos y camarógrafos debieron acreditarse para poder entrar a la sala de Grandes Juicios “Doctor Miguel Ragone” y, una vez iniciada la audiencia, quedó terminantemente prohibido el uso de dispositivos, debido a que el proceso establece que no se pueden tomar imágenes y difundir datos que permitan identificar a los integrantes del jurado, teniendo en cuenta la importancia de proteger la independencia y seguridad de quienes tienen la responsabilidad de decidir.
El propio espacio físico también cambió. El salón de Grandes Juicios fue remodelado para adaptarse a esta modalidad, con áreas específicas para el jurado y condiciones que garanticen la confidencialidad de las deliberaciones, que por ley deben permanecer en absoluto secreto.
Para quienes desde hace años cubrimos juicios de casos criminales en la provincia, la escena era más parecida a lo que vemos en películas de otros países que a lo que estamos acostumbrados a presenciar en los tradicionales juicios salteños, desde la disposición de la sala hasta la modalidad del debate, pasando incluso por el tradicional martillo o mazo de juez, que generalmente los magistrados utilizan para marcar el inicio y el final del proceso, o para llamar al orden.
Para especialistas en la materia, como el abogado Andrés Harfuch, director de la Junta Directiva Nacional del Programa de Juicio por Jurados, lo que ocurrió esta semana en Salta tiene una dimensión que trasciende a la provincia.
Según señaló, se trata de “un acto trascendental para la vida institucional del país, ya que seis mujeres y seis hombres comunes tomaron por primera vez la responsabilidad de decidir sobre un caso de extrema gravedad, como manda la Constitución”.
El especialista explicó que Salta se convierte así en la provincia número catorce en implementar este sistema y en la primera gran jurisdicción del norte argentino en dar este paso. Incluso jueces y abogados de Jujuy llegaron para presenciar el proceso, teniendo en cuenta que se encuentran a poco de contar con la ley correspondiente.
Para Harfuch, la experiencia inicial demuestra algo alentador: “el fuerte compromiso ciudadano con esta forma de participación”, ya que “muchos de los convocados que finalmente no fueron seleccionados expresaron su frustración por no poder formar parte del jurado”.
Como todo proceso institucional nuevo, el sistema también abre debates. Algunos especialistas consideran que, en el futuro, el juicio por jurados debería en la provincia “incorporar todos los delitos criminales, como manda la Constitución”.
La decisión de Salta de comenzar con los delitos más graves puede interpretarse, sin embargo, como un modo prudente de “adquirir experiencia antes de extender el modelo” establecido por esta ley provincial, que para el especialista, “es muy buena”.
Otra cuestión sobre la que Harfuch piensa que se debe avanzar es sobre el sistema de veredicto unánime, ya que la ley en Salta contempla que se puede obtener un acuerdo por mayoría con 10 votos, mientras que la jurisprudencia ya decidió virar “en favor de la unanimidad plena”.
En muchos países con esta tradición juradista, si no hay unanimidad el fiscal puede repetir el juicio ante otro jurado “una vez más”, y si allí tampoco se logra, quiere decir que “hay una duda razonable” y se procede a la absolución.
Lo cierto es que el primer paso ya está dado. Y más allá del veredicto puntual que pueda surgir de cada juicio, el verdadero cambio es cultural: la justicia deja de ser un espacio exclusivo de especialistas y se convierte, al menos en parte, en una responsabilidad compartida con la sociedad.
Porque cuando doce ciudadanos comunes deliberan sobre la vida, la libertad y la responsabilidad de otra persona, lo que se pone en juego no es solo un proceso judicial. Es, también, una forma concreta de democracia.
Esto es solo el principio. Solo queda observar de aquí en más si el proceso cumple con todas las metas planteadas y si, con el andar, se comprueba que es funcional a una mejor justicia, imparcial, ágil y justa, aquella que justamente reclamamos como ciudadanos.