El agujerito sin fin ahora amenaza a Gerardo Zamora
En un giro inesperado que sacude los cimientos del fútbol argentino, la abogada y ex diputada nacional Elisa "Lilita" Carrió, junto a otros miembros de la Coalición Cívica, ha presentado una denuncia explosiva contra Claudio Tapia, el mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La acusación, que resuena con ecos de corrupción y lavado de activos, promete desenterrar oscuros secretos que podrían llegar hasta las altas esferas del poder.
La Denuncia y sus implicaciones
La denuncia interpuesta por Carrió, en compañía de los legisladores Facundo del Gaiso y Matías Yofe, se centra en presuntas maniobras de lavado de activos orquestadas desde la AFA, vinculadas a la adquisición irregular de una extensa quinta en la localidad bonaerense de Pilar. La sombra de la sospecha se alza sobre la gestión de fondos y la transparencia en las operaciones de la asociación madre del fútbol argentino.
"Estamos analizando las mafias, porque tenemos mucha documentación", declaró Carrió en el programa "Pan y Circo" de Radio Rivadavia, dejando entrever la magnitud de la investigación y la contundencia de las pruebas que respaldan la acusación. La dirigente insinuó que este es solo el principio de una larga y ardua batalla por la transparencia y la justicia.
La denuncia, según aclaró la abogada de 68 años, abarca diversos aspectos, desde los manejos financieros de la AFA tanto a nivel nacional como en Estados Unidos –donde la asociación está invirtiendo en la construcción de una academia de fútbol–, hasta sus posibles vínculos con la provincia de Santiago del Estero y, lo que es aún más grave, con el narcotráfico. Una acusación que, de confirmarse, sumiría al fútbol argentino en una crisis sin precedentes.
Carrió alertó sobre una posible "operación" en marcha para desviar la denuncia a juzgados en Campana o Santiago del Estero, donde, según su visión, la influencia política podría obstaculizar la investigación.
"Se pierde", sentenció, argumentando que en Campana "maneja todo Sergio Massa", a quien vincula con Pablo Toviggino, tesorero de AFA, mientras que en Santiago del Estero, el gobernador Gerardo Zamora tendría "familiares adentro del sistema judicial", lo que comprometería la imparcialidad del proceso.
El legislador porteño Matías Yofe añadió que la denuncia podría "terminar en una intervención federal", subrayando la necesidad de "trabajar a paso firme y con documentación respaldatoria". Yofe afirmó que la AFA "está totalmente infectada de gente afín a Toviggino" y sentenció que "la Coalición Cívica está sacando a la luz algo de lo que nadie quería hablar".
En el epicentro de esta tormenta se encuentra Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de "Chiqui" Tapia, quien ha sido señalado como el presunto líder de una organización dedicada a la apropiación ilegal de campos en Santiago del Estero. Un esquema delictivo que, según las denuncias, ha afectado a cientos de víctimas en todo el país, extendiéndose incluso hasta la provincia de Córdoba.
Según publicó La Voz, empresarios de localidades cordobesas como Oncativo, Laguna Larga, Pilar y Jesús María han denunciado haber sido despojados de sus propiedades mediante actos de violencia y falsificación de documentos. Testimonios escalofriantes que revelan la brutalidad y el alcance de esta presunta red de corrupci.
Uno de los testimonios más impactantes es el de Bruno Frattari, productor de Oncativo, quien relató cómo el campo de su familia fue usurpado en 2011 por personas vinculadas a Toviggino.
Según Frattari, el terreno usurpado comenzó a ser utilizado para actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas a través de pistas de aterrizaje clandestinas situadas en la parte posterior del predio. Un relato que evoca imágenes de avionetas fantasma y oscuros negocios en la Argentina.
Frattari narró un encuentro cara a cara con Toviggino en un bar de Santiago del Estero, donde el dirigente de la AFA le habría admitido la usurpación, alegando que tenía "órdenes de arriba" y proponiéndole vender el campo para repartir las ganancias al 50%.
Tras denunciar la existencia de las pistas de aterrizaje ante la justicia federal, el productor cordobés recibió amenazas de muerte y debió vivir bajo custodia de Gendarmería Nacional durante siete meses. Un testimonio que pinta un cuadro desolador de impunidad y terror.
La trama se complica aún más con la revelación de una millonaria inversión de Pablo Toviggino en caballos de salto y razas exóticas, un dato que levanta interrogantes sobre el origen de los fondos y su posible vinculación con actividades ilícitas.
La zona de conflicto principal se ubica en el departamento cordobés de Alberdi, donde productores agropecuarios de Jesús María se habían instalado a finales de los noventa para desarrollar proyectos agrícolas y ganaderos.
Sin embargo, a partir de 2011, estos productores denunciaron la irrupción de grupos armados, presuntamente vinculados a barras bravas, que utilizaron la violencia, la quema de instalaciones y la destrucción de bienes para expulsar a los trabajadores rurales.
El abogado Edgardo Taboada, quien representa a varias víctimas, describe este fenómeno como una "industrialización" del robo de campos, estimando que la red controlaría unas 50.000 hectáreas en el corredor de la ruta 9. El modus operandi denunciado incluye:
- Ocupaciones violentas de terrenos.
- Uso de testaferros, entre los que se mencionan a familiares, empleados domésticos y otros directivos de la AFA.
- Falsificación de escrituras y títulos de propiedad para simular ventas legítimas a terceros.
- Utilización de empresas como Malte SRL y Soma SRL para la titularidad de tierras con irregularidades.
Los damnificados cordobeses denuncian que la justicia en Santiago del Estero mantiene estas causas paralizadas o archivadas desde hace más de una década. Una acusación que pone en tela de juicio la independencia del poder judicial en la provincia.
Por este motivo, buscan que la justicia nacional unifique las investigaciones –incluyendo causas por activos en Buenos Aires– para romper con la supuesta protección política y judicial que ampara a la organización en territorio santiagueño. Hasta el momento, Toviggino no ha emitido una respuesta pública oficial ante estas graves acusaciones. El silencio, en este caso, podría ser interpretado como una admisión tácita de culpabilidad.