Una empleada administrativa fue detenida en el marco de una investigación por presuntas maniobras de fraude vinculadas a la emisión irregular de aptos psicofísicos para licencias de conducir profesionales.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la firma Clínica Cruz Azul SRL, prestadora de servicios de estudios psicofísicos para la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que advirtió la validación como aptas de 3.477 personas sin la correspondiente evaluación médica.

La investigación es dirigida por la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, quien ordenó allanamientos en tres domicilios ubicados en el macrocentro de la ciudad de Salta y en el barrio Pereyra Rosas.
Los procedimientos fueron realizados por personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Como resultado, se concretó la detención de una mujer, quien fue trasladada a la Alcaidía General, y se secuestró documentación relevante para la causa.
Cómo operaba la maniobra
Según la denuncia, durante el período de vacaciones de una empleada, una supervisora detectó irregularidades en el sistema interno de la clínica. Entre ellas, la emisión de recibos por prestaciones no realizadas y la carga en el sistema oficial de la ANSV (REPRE) de certificados de aptitud correspondientes a personas que no habrían sido atendidas.
A partir de esto, la clínica solicitó un informe completo de los aptos emitidos durante 2025 y modificó las claves de acceso. Del cruce de datos entre el sistema interno (GoMedisys) y el REPRE surgió una diferencia significativa: 3.477 certificados habrían sido cargados sin respaldo en atenciones reales.
En medio de la investigación interna, la empleada señalada presentó su renuncia el 12 de diciembre. Sin embargo, días después, el 22 de diciembre, se detectó la carga de seis nuevos aptos irregulares desde otro usuario.

Pruebas y avance de la investigación
El análisis técnico realizado por la UDEC incluyó el estudio de sistemas informáticos, el entrecruzamiento de bases de datos y tareas de campo, lo que permitió vincular las maniobras con la empleada administrativa.
De acuerdo con los investigadores, la mujer habría sido la encargada de ingresar certificados de aptitud sin respaldo en estudios médicos reales, además de generar recibos por prestaciones inexistentes.
Asimismo, se requirió información a entidades bancarias y plataformas digitales para rastrear el flujo de dinero. Una pericia contable detectó una marcada desproporción entre los ingresos declarados y los movimientos registrados en sus cuentas, con transferencias constantes de terceros que coincidirían con personas incluidas en los registros de la clínica.
Los investigadores también identificaron a otras dos personas que habrían colaborado en la maniobra.

Medidas judiciales
Con los elementos reunidos, la fiscal Salinas Odorisio solicitó al Juzgado de Garantías N° 8 los allanamientos, la detención de la principal sospechosa y el secuestro de elementos de interés para la causa.
La investigación continúa y no se descartan nuevas imputaciones en el marco de un caso que podría encuadrarse en el delito de administración fraudulenta.