La Salta impune
A ocho meses de la muerte de su hija Valentina y de su nieta recién nacida Evangeline, Mariana Aranda anunció una medida extrema para exigir respuestas: Este viernes partirá desde General Mosconi rumbo a la capital salteña, en una marcha que tendrá como principal objetivo pedir que la causa judicial deje de tramitarse en Embarcación y pase a la Ciudad Judicial de Salta.
La decisión llega luego de incontables reclamos sin avances visibles y tras una nueva jornada de protesta realizada este martes en Tartagal, donde Aranda, junto a familiares y allegados, marcharon desde el consultorio del obstetra señalado en la denuncia hasta la clínica privada San Antonio, lugar donde ocurrieron los hechos que terminaron con la muerte de la joven madre y su bebé.
"Necesito que la causa salga de Embarcación. Ya no confío en cómo se está manejando todo allá", expresó Aranda, quien en contacto con Gente de Salta sostuvo que la investigación permanece estancada mientras las respuestas judiciales siguen sin llegar.
La mujer confirmó además que decidió apartar de la causa al abogado Rambert Ríos, un letrado que se hizo conocido por el caso de la narcomodelo Martina Oliva y del cual fue apartado también por decisión de su clienta.
Según explicó, Aranda tomó esa decisión por diferencias respecto a la velocidad y la forma en la que considera que debe impulsarse la investigación.
"Yo siento que no estoy siendo representada, que los derechos de mi hija no están siendo defendidos en tiempo ni en forma", manifestó.
Actualmente, la causa tramita en la Fiscalía Penal de Embarcación, pero la idea de Aranda, con su llegada a la Capital provincial, es reunirse con funcionarios, organismos vinculados a Derechos Humanos y representantes judiciales para insistir con el traslado del expediente.
"Voy a pedir que la causa se trate en Capital porque siento que acá hay demasiadas trabas. Necesito que investiguen a fondo", afirmó.
Durante estos ocho meses, Mariana asegura haber atravesado un proceso marcado por el dolor, la frustración y la sensación de abandono institucional.
"Mi hija tenía un embarazo, no una enfermedad. Entró caminando a una clínica y hoy no están ni ella ni mi nieta", aseveró.
Mientras prepara la caminata hacia Salta, sostiene que su reclamo tiene un único objetivo: “No quiero venganza. Quiero saber qué pasó y que alguien responda”.
De un parto programado a una doble tragedia
La historia que hoy moviliza a General Mosconi comenzó el 26 de septiembre de 2025. Ese día, Valentina, de 15 años y con un embarazo de 37 semanas, llegó a una clínica privada de Tartagal luego de romper bolsa.
Según relató su madre, la adolescente cursaba un embarazo controlado y tenía programada una cesárea debido a su edad.
De acuerdo con su reconstrucción de los hechos, la intervención quirúrgica recién se realizó varias horas después del ingreso. Esa noche nació Evangeline, una bebé que llegó al mundo sin ningún tipo de complicaciones.
Sin embargo, tras la cesárea, el cuadro clínico de la adolescente comenzó a deteriorarse. Dolores intensos, fiebre, inflamación y pérdida de líquidos encendieron las alarmas familiares, apuntando hacia una infección.
"Incluso hicieron que Valentina amamante a mi nieta estando con este cuadro complicado, lo que terminó enfermando también a la bebé”, acusó.
Aranda denuncia que, pese a advertir reiteradamente sobre el estado de salud de su hija, recibió respuestas tranquilizadoras y un alta médico prematuro.
Días después, Valentina volvió a ser internada y su estado continuó agravándose, fue operada dos veces y tuvo que ser derivada a Salta, donde atravesó dos nuevas intervenciones quirúrgicas.
El 5 de octubre de 2025 murió en terapia intensiva y el 10 del mismo mes falleció Evangeline, quien había sido derivada al Hospital Materno Infantil con un cuadro crítico.
Tras las muertes, Mariana inició denuncias penales contra el obstetra que atendió a su hija en el parto y reclama que se investiguen posibles responsabilidades de las demás personas que la atendieron.
La mujer sostiene además que inicialmente intentó radicar la causa en Tartagal, pero aseguró que allí se declararon incompetentes y posteriormente el expediente terminó en Embarcación, donde permanece hasta el día de hoy.
“Quiero que se investigue al doctor Sergio Campos, el accionar de él y de todos los que atendieron tanto a mi hija como a mi nieta en la clínica San Antonio. Porque hubo mucha negligencia, a pesar de decirles cómo estaba mi hija, me la mandaron a la casa y me hicieron darle un antibiótico y keterolac solamente”, concluyó.