Un caso aberrante que sacude a la provincia
En la audiencia de ayer en el Juzgado Federal de Salta, a cargo del juez Julio Bavio, se amplió la calificación para algunos de los imputados en una de las causas más aberrantes en la historia de Salta. Nueve hombres están siendo investigados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, a dos se les agravó la calificación por abuso sexual, es decir, que pese a la negativa de las menores, los sujetos terminaron violándolas.
Hasta el momento son 33 las víctimas que figuran en un expediente que a diario crece en volumen, dado la gravedad e importancia de una causa que trascendió las fronteras provinciales y llegó a niveles nacionales. De acuerdo a fuentes consultadas por Gente de Salta, esa cifra podría incrementarse porque las mismas víctimas mencionan a otras menores.
De los nueve imputados, dos recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria, el resto seguirá con prisión preventiva tras las rejas hasta mayo. Los beneficiados son Colque y Coria, el primero es un militar que ahora tiene domiciliaria. Ambos están en esa misma situación, dado que si bien habrían estado con las víctimas, por el momento no aparecen como parte de la organización.
Los sabuesos, comandados por el fiscal Federal Eduardo Villalba y su equipo, investigan una organización que mantenía estable a sus víctimas, jóvenes de entre 12 y 16 años, para poder satisfacer a los clientes, pero también para su autosatisfacción, su propia perversión. En algún punto lo que unía a estos delincuentes era la perversión.
En la audiencia desarrollada el martes, las partes estuvieron vía Zoom y los defensores de los otros siete imputados solicitaron el arresto domiciliario, pedido que fue rechazado por el juez Julio Bavio, con lo cual seguirán con prisión preventiva hasta mayo del próximo año.
A continuación el nombre y la nueva calificación de los imputados:
- “Chato” Sarapura (dueño de carnicerías): ampliaron a seis los hechos con abuso sexual con acceso carnal.
- Gonzalo Chibán (tiene un comercio de sanitarios y departamentos): abuso sexual agravado por ser la víctima menor de 13 años.
- Ricardo Pol (“Jujeño”, se hacía llamar “sugar daddy”): ampliaron su calificación por tenencias y distribución de material pornográfico de menores (Art. 128 CP).
- Mariano Basalo Córdoba: también por el mismo delito (Art. 128 CP).
- Coria (propietario de una sodería): mismo delito (Art. 128 CP).
- Juan Manuel Saravia (propietario de una gráfica y con vínculos políticos): por el mismo delito (Art. 128 CP).
Tanto Colque (militar) como Coria, con prisión domiciliaria, están acusados por tenencia y distribución de material pornográfico de menores, si bien los delitos que se les imputan son agravados, estarían por fuera de la organización.
Los otros siete, acusados por trata de personas con fines de explotación sexual, cinco de ellos conformarían una Asociación Ilícita para cometer delitos de trata de personas. Estos son: Víctor Chorolque, el remisero y principal acusado, líder de la organización, Gonzalo Chibán, Juan Manuel Saravia, Mariano Basalo Córdoba y Eusebio Martín Córdoba. Los cuatro primeros están desde el 2023, los otros se sumaron entre el año pasado y este.
En el caso de Coria, Pol y Colque serían los menos nombrados por las víctimas; sin embargo, las fuentes señalan que habrían estado con menores. En el caso del jujeño, Ricardo Pol, se hacía llamar el “sugar daddy”, en el momento de ser detenido se encontraba con libertad condicional a raíz de una pena que recibió por el delito de tenencia y promoción de la prostitución.
El remisero, principal acusado
Víctor Chorolque, conocido como “el remisero”, es uno de los actores con mayor perversión en la trama de la red de trata que captaba niñas y adolescentes de distintos establecimientos escolares de Salta para sumergirlas en un mundo de horror.
Con la supuesta ayuda del menor, el remisero se encargaba de cooptar a las colegialas para llevarlas a un domicilio particular o bien a un motel, donde clientes con su misma perversidad terminaban consumando algún tipo de abuso. Lo sindican como el “remisero de confianza”, quien al parecer conocía a algunos padres de las víctimas y se encargaba de su traslado.
De acuerdo a la causa, y los mensajes que fueron incorporados al expediente, el sujeto se jactaba de “haber probado a todas” antes de entregárselas a sus clientes. Era quien garantizaba la entrega de las menores a los abusadores, pero también habría abusado de ellas.
El fiscal detalló que existía una escala de precios para distintas prácticas sexuales, que iban desde 60 mil hasta 200 mil pesos -este último monto si eran vírgenes-.
Chorolque tenía sometidas psicológicamente a las víctimas. Algunas lo veían como una persona que les posibilitó adquirir ciertos bienes como un celular o ropa y manejar ciertas sumas de dinero, y otras le tenían miedo porque las tenía amenazadas con contarle lo que hacían a sus padres.
El chofer, quien circulaba en un Volkswagen Voyage, había impuesto un código para describir los encuentros con las menores que explotaba y con los clientes. “Vamos a hacer la onda”, era la frase clave usada para programar los encuentros.
Motel El Castillo
Entre los lugares que los perversos hombres utilizaban para llevar a sus víctimas, se encuentra el motel El Castillo, sobre la ruta 26 camino a La Isla. Según las fuentes, es el hotel alojamiento más transitado por los integrantes de la red de trata.
En ese marco, donde además de instituciones privadas parecerían haber hecho oídos sordos a semejante aberración, el fiscal Villalba también indicó que tras varias alertas las menores “no fueron atendidas debidamente por los organismos del Estado”, y que esa fue la razón por lo que esta organización “continuó actuando y causando daños irreversibles en niñas de 16 años”.