El veredicto podría llegar en julio
El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan comenzó este martes en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal que deberá establecer si existieron responsabilidades penales en la tragedia ocurrida en noviembre de 2017.
La audiencia inicial estuvo centrada en la lectura de la acusación y en la exposición de cuestiones preliminares por parte de las defensas y las querellas. Según explicó el abogado querellante Luis Tagliapietra, representante de 32 familiares, la jornada se desarrolló con la formalización del proceso y los primeros planteos ante el tribunal, que deberá resolver esos puntos antes de avanzar con la etapa probatoria.
Concluida esta instancia, el debate continuará con la producción de testimonios, lo que marcará el inicio de la etapa central del juicio. Están previstos más de 100 testigos, además de la incorporación de material fílmico encriptado del hallazgo del submarino por parte del buque Ocean Infinity, documentación bajo secreto militar y la declaración de un experto de la firma alemana Thyssen-Krupp, vinculada a la ingeniería y producción naval.
En el banquillo de los acusados se encuentran cuatro exjefes de la Armada Argentina, imputados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. Tanto la fiscalía como las querellas sostienen que existieron fallas críticas en el mantenimiento del submarino y que la nave no se encontraba en condiciones óptimas para navegar.
El cronograma prevé audiencias hasta el viernes 6 de marzo, luego de lo cual el debate se retomará tras un receso de 15 días. Se estima que las sesiones continuarán semana por medio y que el veredicto podría conocerse hacia julio.
Quedaron fuera de este proceso las causas vinculadas al presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas, expediente que fue cerrado de manera definitiva por la Corte Suprema de Justicia, con el sobreseimiento de los exfuncionarios investigados.