PolíticaProyecto en el Congreso de la Nación
La senadora nacional por Salta, Nora del Valle Giménez, impulsa un proyecto de ley antes de finalizar su mandato, con la intención de fortalecer el acceso a ayuda jurídica para mujeres indígenas víctimas de violencia, pero la iniciativa genera controversia debido a que uno de sus pilares se basa en la facilitación de la interrupción de embarazos, un tema sensible en las comunidades por su respeto a la vida, independientemente de las circunstancias de la concepción, y no en las múltiples formas de prevención, denuncia y erradicación de prácticas abusivas.
El proyecto busca además incorporar una perspectiva interseccional que reconozca las múltiples formas de discriminación que enfrentan estas mujeres, para ello propone adicionar el artículo 6° de la Ley 26.485, definiendo la "Violencia contra las mujeres indígenas" como aquella motivada por odio racial, étnico o por su identidad indígena, tanto dentro como fuera de sus comunidades.
Uno de los puntos centrales es abordar las dificultades de las mujeres indígenas para acceder a la justicia, pero con su principal enfoque en la falta de acceso al aborto, para lo que propone la incorporación gratuita de intérpretes indígenas y defensores con conocimiento de su cultura para que les indiquen los pasos a seguir.
Adicionalmente, en casos de delitos contra la integridad sexual, se plantea la inclusión remunerada de "Personas Facilitadoras Interculturales Indígenas Bilingües" al sistema judicial.
La utilización de un nombre emblemático como el de Octorina Zamora
La iniciativa legislativa lleva el nombre de "Octorina Kajianteya Zamora Niyat", en homenaje a una líder indígena salteña que dedicó su vida a visibilizar la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas, especialmente en el contexto del “chineo”, una práctica abusiva y discriminatoria que implica el arrastre de niñas en su iniciación sexual obligada.
Zamora Niyat fue facilitadora intercultural, trabajó para acercar a las víctimas al Poder Judicial de la provincia de Salta, una labor pendiente que aún continúa siendo necesaria tras su fallecimiento. Remarcaba que su anhelo era el respeto por las mujeres y su acceso a la protección judicial.
La última de muchas decepciones que tuvo con la política, la tuvo semanas antes de morir, cuando aún ya estando enferma viajó a Santiago del Estero, donde se desarrollaba el Plan Nacional de Acción Contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, y la entonces ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, “no quiso ni escucharme cinco minutos mientras se tomaba un café”, en palabras de la propia referente.
Desde los espacios en defensa de las dos vidas y de los pueblos indígenas que manifestaron su preocupación por el proyecto a Gente de Salta, señalan que el mismo “busca abiertamente asegurar el aborto en las comunidades indígenas, facilitado a través de un intérprete, en vez de penalizar duramente esa práctica, sabiendo que es abuso sexual agravado por los vínculos”.
Otra de las voces que se levanta en contra, indica sobre el nombre de Octorina Zamora que “en el marco de un reconocimiento están utilizando el nombre de una activista para promover el aborto en estas comunidades, que son claramente contrarias a tal práctica”
La especialista en derechos humanos y activista por la vida, Marcela Errecalde, sostuvo que citar casos ante la Corte Interamericana como el de Valentina Rosendo Cantú vs México, como fundamentos para este proyecto de ley, es en realidad un argumento nulo para Argentina, porque son sentencias que aplican a los países que fueron acusados de esas violaciones. “No se puedan aplicar a cualquier país, se aplican solo al país que fue acusado ante la CIDH”.
Acá se está dejando de lado la necesidad de profundizar en la prevención del abuso, y buscan profundizar el acceso al aborto, como si no hubiera otras opciones.
Registros sociodemográficos y estadísticas
El proyecto también busca modificar el artículo 37° de la Ley 26.485, requiriendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mantener registros sociodemográficos detallados de las denuncias de violencia, incluyendo la identidad étnica o racial tanto de la víctima como del agresor. La creación de estadísticas de acceso público permitirá conocer las características de quienes ejercen o sufren violencia y sus modalidades. Si bien la recopilación de datos es crucial, queda por verse su impacto real en el diseño de políticas públicas focalizadas.
Una problemática de larga data que sí necesita soluciones urgentes
Antecedentes y contexto: Una problemática regional
La presentación del proyecto se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la violencia contra las mujeres indígenas en América Latina. La senadora Giménez destaca la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, que evidenció la falta de intérpretes y las barreras para acceder a la justicia. También se mencionan casos recientes de abuso sexual contra niñas indígenas en Argentina y Brasil, subrayando la urgencia de abordar esta problemática.
Además, se solicita que se declare de interés el informe final resultado del “Monitoreo Sociocultural y Lingüístico de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y Derechos Sexuales y Reproductivos en pueblos indígenas y poblaciones campesinas en Argentina”, desarrollado por la organización Católicas por el Derecho a Decidir Argentina (CDD). A pesar de las controversias que rodean a esta organización, denunciada en Brasil por usar el nombre "católicas", la senadora considera este informe una herramienta valiosa para el diseño de políticas públicas con enfoque intercultural, de géneros y de derechos humanos.
Cabe destacar que los números que arroja la consulta, denotan una clara falta de acceso a la información en materia preventiva.