Asoma un escándalo: El próximo Defensor del Niño podría ser un denunciado por integrar una red de trata

La elección del Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, está manchada por postulaciones oscuras y amañadas, denunciaron a Gente de Salta representantes de diversas organizaciones que buscan frenar las postulaciones, ya que detectaron gente que mintió en sus declaraciones, concursantes sin idoneidad, y hasta un caso denunciado como cómplice de una red de trata de personas.

Destacan que la figura del Defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes fue creada por la Ley 26.061 para proteger a los más vulnerables y garantizar que el Estado cumpla con las políticas públicas que custodien a la infancia, contando incluso con la potestad de hacer reclamos judiciales. 

Su elección debe ser un modelo de transparencia e imparcialidad. Sin embargo, el proceso en curso ya ha sido cuestionado por vicios, opacidad y conflictos de interés que comprometen su legitimidad.

Diversas organizaciones civiles y referentes del ámbito jurídico y de derechos humanos como así también varios concursantes alertaron sobre graves irregularidades en el proceso de selección del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, actualmente en manos de la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación.

Marcela Errecalde es una de las referentes que encabeza el movimiento que busca evitar que se trate y se apruebe el defensor “entre gallos y medianoche, aprovechando que cuentan con una mayoría a favor, antes que la renovación de las Cámaras pueda poner en jaque los resultados".

Entre las principales observaciones señaladas en los amparos judiciales presentados en sede federal como en una denuncia penal se destacan:

1. Exámenes sin publicar ni revisar conforme al reglamento. No se difundieron pruebas, notas ni criterios de corrección. Varios exámenes carecen de firma o doble corrección, y se detectaron errores de sumatoria y calificaciones arbitrarias, en contradicción con un fallo judicial previo que ordenaba publicar los exámenes y puntuaciones de manera pública.
2. Resoluciones y lineamientos dictados después de iniciado el concurso para favorecer un orden de mérito sin criterio de idoneidad. 
3. Negativa a brindar información pública. La Comisión mantuvo oculto casi hasta el final los currículums completos de los postulantes, impidiendo la posibilidad de impugnaciones a tiempo. Del mismo modo, se niega a mostrar -a pesar de varios requerimientos- las puntuaciones colocadas en cada etapa del concurso, contradiciendo la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública y otra sentencia judicial que había ordenado ese acceso a la información en 2020.
4. Conflictos de interés dentro del Consejo Asesor Técnico. Una integrante del Consejo, madre de una funcionaria de la Defensoría, no informó su vínculo pese a que varios aspirantes integran la Defensoría actual. 
5. Falta de idoneidad y falsedades en antecedentes. Se denunció penalmente a la postulante María Paz Bertero por declarar cargos incompatibles, funciones simultáneas en el sector público y actividades docentes sin respaldo documental. Quien además integró una Red llamada Salud Activa que fue denunciada por inventar casos de violencia y sacarle dinero a los hombres denunciados.

Vinculación con la trata de personas

También cuestionan la postulación del abogado Eduardo Matías Robledo, denunciado por trata de personas con fines reproductivos ante la PROTEX -por promover la subrogación de vientres-, práctica que la ONU califica como una forma moderna de trata y explotación reproductiva.  Y denunciado también ante la relatora especial de ONU sobre la venta y explotación de niños.

Este año, la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, Reem Alsalem, pidió en la Asamblea General de las Naciones Unidas la abolición universal de la maternidad subrogada, recordando que aunque se lo disfrace como un contrato, no es más que otra forma de explotación y trata de personas.

Es por eso que distintos miembros de la sociedad civil exigen que el Congreso suspenda el proceso hasta esclarecer las irregularidades y asegure que la designación se realice bajo criterios de idoneidad, ética y consenso genuino.

Los firmantes de este petitorio son las personas físicas Marcela Errecalde, Guadalupe Batallan, Cecília Gauto, Martha Rodríguez, Miriam Domínguez, y siguen; y organizaciones como Vida Libre de Violencias, Mujeres de Fe, Abogados por la Vida, Mujeres Libres y Soberanas, AMA, CNG, y otros.

En tanto, entre los miembros de la Bicameral que se conformó para esta definición, no figura ningún legislador salteño.