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Un nuevo abogado juró como juez en Salta, se trata de Aldo Rubén Saravia, hijo del exprocurador General de la Provincia y exsecretario de Seguridad, Aldo Rogelio Saravia, un hombre muy cuestionado a raíz de sus funciones en la cartera de Justicia y Seguridad de la provincia.
El dato llamativo fue que justamente el padre, Rogelio, no estuvo presente en la asunción del hijo, Rubén, como juez de juicio. Se desconocen los motivos de su ausencia, lo cierto es que el vicepresidente a cargo de la presidencia de la Corte de Justicia, Gabriel Chibán, recibió el lunes el juramento de Aldo Rubén Saravia.
El nuevo y joven magistrado fue designado por decreto 287/26 como Juez de la Sala II del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial del Centro. Del acto participaron la vicepresidenta segunda Adriana Rodríguez Faraldo, las juezas de Corte María Alejandra Gauffin y María Edit Nallim y los jueces de Corte Fabián Vittar, Pablo López Viñals y Martín Plaza.
Estuvieron presentes además la presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, la Defensora General Ada Zunino y el Procurador General Pedro García Castiella. En representación del Poder Ejecutivo asistió el Secretario de Justicia Javier Mónico Graciano.
Cargar con el peso de “ser hijo de”
Aldo Rubén Saravia, tendrá la responsabilidad de dirigir junto a sus pares o de manera unipersonal debates para determinar el destino de las personas, dictar sentencias absolutorias o condenatorias. Es el comienzo de una carrera judicial donde el joven Saravia deberá cargar en sus espaldas el peso de lo realizado por su padre en el ámbito de Seguridad y Justicia.
El abogado Aldo Rogelio Saravia fue procurador General de Salta, asumió a cargo del Ministerio Público Fiscal en el 2002 hasta el 2006, dos años después, con Juan Manuel Urtubey como gobernador y Pablo Kósiner como ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, asumió como secretario de Seguridad de la provincia y luego fue secretario Letrado del Ministerio Público Fiscal.
Entre las críticas de público conocimiento contra el exfuncionario, hay un caso emblemático que actualmente sigue ocupando espacios en los medios de prensa y las redes sociales: el doble crimen de las turistas francesas, donde se lo acusó de manipular pruebas y direccionar la investigación.
Tras el doble crimen de las ciudadanas francesas, Rogelio Saravia quedó en el ojo de la tormenta, por entonces el gobernador Urtubey realizo declaraciones al respecto de ese caso, sin embargo las respuestas no tardaron en llegar.
Fue la exsenadora nacional, Sonia Margarita Escudero, conocedora como pocos del expediente del doble crimen, sin medias tintas y luego de que el exgobernador declarara que en dicha causa se mantuvo al margen respetando la división de poderes, la abogada apuntó: “Me descompone escucharlo decir eso, porque si nos remontamos a lo que fue ese momento, Urtubey no solo mandó a su secretario de Seguridad -Aldo Rogelio Saravia- a que manipule -las pruebas- con policías que dependían de él, y no del juez”.
La muerte del comisario Néstro Píccolo, jefe de la Brigada de Investigaciones y a cargo de las pesquisas del doble crimen de las francesas, también puso bajo la lupa a Rogelio Saravia, la familia del jefe de investigaciones, quien tenía otra línea investigativa que apuntaba a “los hijos del poder”, nunca dejo de cuestionar las actuaciones del exsecretario de Seguridad.
El doble crimen de las estudiantes francesas es una de las causa por las que recibió y sigue recibiendo críticas el exfuncionario y padre el nuevo juez de juicio, otra es la de los policías acusados de narcotráfico, Gabriel Giménez -exsubcomisario y exjefe de Investigación de la División de Inteligencia- y Carlos Gallardo, en una causa que se conoció como la de los “narcopolicías”.
Tanto Gallardo como Giménez habían acusado a Saravia de armarles una causa donde le plantaron droga. Éste último, en un extenso escrito que se lo envió al juez federal Julio Bavio, expresó la enorme presión a la que estaba expuesto por parte del exsecretario de Seguridad, señalando que Aldo Saravia le ordenaba matar gente y hacer espionaje contra políticos -Alfredo Olmedo- y periodistas locales.