Política"PUAM o la calle"
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) criticó duramente la decisión del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de renovar por un plazo máximo de seis meses los contratos de trabajadores mayores de 65 años que no alcanzan los 30 años de aportes previsionales. El gremio advirtió que la medida empuja a miles de personas a quedar sin empleo, sin obra social y sin posibilidad de acceder a una jubilación plena.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, calificó la resolución como “cruel e inhumana” y denunció que el Gobierno “presiona a los trabajadores para que elijan entre una PUAM o la calle”. “Esta decisión condena a los trabajadores a quedarse sin trabajo, sin obra social y fundamentalmente sin la posibilidad de jubilarse. Esto no pasó nunca, no existen precedentes”, afirmó.
La medida fue firmada por el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y establece que, para renovar contratos en estos casos, los organismos deberán adjuntar de manera obligatoria la constancia de intimación a jubilarse. Sin embargo, muchos de los trabajadores alcanzados no cumplen con los requisitos legales para acceder a una jubilación ordinaria.
Desde ATE señalaron que la resolución no contempla excepciones por razones de criticidad, incluso en situaciones donde el trabajador es el único técnico con experiencia específica o cuando el organismo cuenta con dotaciones por debajo del mínimo necesario para funcionar.
El Impacto del Fin de la Moratoria Previsional
El conflicto se da en un contexto de cambios profundos en el sistema previsional. Desde marzo de 2025, el Gobierno nacional decidió no prorrogar la moratoria previsional prevista en la Ley 27.705, un mecanismo que permitió durante años que personas sin los 30 años de aportes requeridos pudieran jubilarse regularizando períodos no aportados.
Según datos oficiales, durante 2024 seis de cada diez jubilaciones se otorgaron gracias a esa moratoria, lo que anticipa un fuerte impacto social tras su eliminación. A partir de ahora, quienes alcancen la edad jubilatoria —65 años los hombres y 60 las mujeres— pero no cuenten con los aportes necesarios, no podrán acceder a una jubilación y deberán optar por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Actualmente, la PUAM equivale al 80% del haber jubilatorio mínimo y asciende a $279.443. Si bien incluye cobertura de salud a través del PAMI, no otorga derecho a pensión por fallecimiento ni los mismos beneficios que una jubilación contributiva.
“Una Nueva Ola de Despidos”
Aguiar advirtió que la decisión oficial abre la puerta a “una nueva ola de despidos”, esta vez focalizada en trabajadores próximos a jubilarse. “Esto vulnera el derecho constitucional a la previsión social y tiene que ser inmediatamente derogado”, sostuvo el dirigente sindical.
Además, el titular de ATE alertó sobre otras medidas en carpeta, como la amenaza de recortar un 20% de la Jefatura de Gabinete y la falta de convocatoria a paritarias, en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo. “Es el Gobierno el que sigue acumulando medidas contrarias a los intereses de los trabajadores y será el responsable de acelerar la conflictividad social”, concluyó.
Desde el gremio anticiparon que evaluarán acciones gremiales y legales si la resolución no es revertida, al considerar que profundiza el ajuste sobre uno de los sectores más vulnerables del empleo público: trabajadores mayores, con trayectorias laborales extensas pero atravesadas por la precarización y la falta de aportes en distintos períodos.