La influencia boliviana en la política regional
En un amplio intercambio, Fabián Gutiérrez, concejal de Aguas Blancas, se pronunció ante Gente de Salta sobre la reciente decisión de la Justicia Federal que dispuso la inhabilitación de 2.150 electores del padrón local, una medida que expone una dinámica que era un “secreto a voces” en la localidad fronteriza, vinculada a presuntas irregularidades en la conformación de la fuerza electoral.
El planteo del concejal se apoya además en datos oficiales de ambos países. Según el Censo Nacional 2022, Aguas Blancas cuenta con una población estimada de 3.648 habitantes, mientras que, del lado boliviano, el relevamiento realizado en 2024 registró 36.967 personas en Bermejo, una diferencia que implica una población diez veces mayor en la comparación entre las localidades, de acuerdo con los institutos nacionales de estadística de ambos países.
Sin embargo, mientras Bermejo tenía alrededor de 28.000 votantes habilitados, un número consistente con su tamaño poblacional, en Aguas Blancas figuraban 5.736 electores, es decir, más personas habilitadas para votar que habitantes, un dato que refuerza los cuestionamientos sobre la conformación de la fuerza electoral local.
En ese marco, Gutiérrez fue contundente al describir cómo, según su visión, funcionó durante años la dinámica electoral en la zona.
“Pasaba que, lamentablemente, Bermejo era el que decidía quién iba a ser el próximo intendente o los próximos concejales”, afirmó, al cuestionar el peso que tenían votantes no residentes en una localidad atravesada por una intensa dinámica fronteriza.
Según explicó el edil, esa distorsión también condicionó la forma de hacer política en el municipio. Señaló que, durante años, los dirigentes y candidatos de Aguas Blancas debieron hacer campaña del lado boliviano, en Bermejo, como maniobra obligatoria para poder competir, ante la incidencia que tenían esos votantes en los comicios locales.
Lamentó la situación al mencionar que “así son las reglas del juego”, describiendo una práctica que, según sostuvo, terminó naturalizándose.
Para el concejal, la reciente decisión de la Justicia Federal marca un punto de inflexión. Consideró que la inhabilitación de electores permite comenzar a ordenar una situación irregular y, en ese sentido, remarcó que la depuración de la fuerza electoral resulta clave para garantizar que sean los vecinos de Aguas Blancas quienes definan a sus autoridades.
Al ser consultado sobre si, en caso de existir una mayor participación de votantes externos, esta suele responder a alguna preferencia política, Gutiérrez se refirió con cautela al clima político que, según su percepción, se observa del lado boliviano. Señaló que existe una marcada identificación con el presidente argentino Javier Milei y recordó que, en el balotaje de 2023, el mandatario obtuvo el 67% de los votos en Aguas Blancas.
“Lo de Milei es un fenómeno”, sostuvo, y agregó que “en Bermejo lo aman”, al vincular esa adhesión con las expectativas de cambios económicos y de reglas comerciales en la región.
Finalmente, el edil subrayó la necesidad de sostener controles y mecanismos que garanticen una fuerza electoral acorde a la realidad poblacional de la localidad, al advertir que la transparencia del proceso democrático resulta clave en una zona atravesada por una intensa y permanente dinámica fronteriza.
Una localidad donde hay más votantes que habitantes
La exclusión de los 2.150 electores se inscribe en una investigación que la Justicia Federal de Salta, a cargo del juez de garantías Julio Bavio, viene desarrollando desde hace varios meses a partir de denuncias por presuntas irregularidades en la conformación del padrón electoral de Aguas Blancas. Según explicó Gutiérrez, el proceso se inició tras una presentación realizada por Virginia Cornejo, directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras, que puso en evidencia domicilios con una cantidad inusual de personas empadronadas, una situación que encendió alertas sobre posibles inscripciones irregulares.
“El tema de los padrones inflados viene de hace tiempo. La Justicia ya venía trabajando sobre esto”, señaló el concejal, al detallar que en el marco de las últimas elecciones nacionales se aplicaron medidas excepcionales en la localidad. Entre ellas, mencionó la implementación de un sistema biométrico de identificación, que incluyó firma digital y reconocimiento biométrico para validar la identidad de los votantes.
Además, indicó que el juzgado dispuso un proceso de verificación domiciliaria, mediante el cual un grupo de electores fue intimado a ratificar o rectificar su domicilio real. Para ello, debieron enviar información personal y datos de residencia a través de un canal habilitado por la Justicia Federal. “A quienes figuran en esa lista se les pidió que acrediten dónde viven realmente”, explicó.
Desde su mirada personal, Gutiérrez valoró de manera positiva la depuración del padrón.
“Como vecino, me parece bien que se investigue a fondo cómo se otorgaron documentos a personas que no viven acá”, sostuvo, aunque aclaró que las decisiones corresponden exclusivamente al ámbito judicial.
En ese sentido, remarcó que el juez Bavio cuenta con un equipo técnico especializado para abordar este tipo de situaciones y señaló que, si bien hubiese preferido la realización de un censo específico como herramienta para ordenar la situación, respeta los mecanismos definidos por la Justicia. “Hay un juez y personal capacitado que sabe cómo manejar estos temas”, concluyó.