PolíticaProyecto de ley
La Legislatura de Salta está considerando un proyecto de ley innovador que podría convertir a la provincia en pionera en la implementación de políticas específicas para la inclusión laboral de personas neurodivergentes dentro del Ministerio Público.
La iniciativa, impulsada por el Defensor General, Martín Diez Villa, busca crear un marco normativo que garantice la igualdad de oportunidades para personas con TDAH, Asperger, dislexia y otras condiciones del neurodesarrollo en el ámbito judicial. Este proyecto de ley busca transformar el panorama laboral para las personas neurodivergentes en Salta.
El proyecto fue presentado ante la Legislatura con el respaldo de diputados provinciales comprometidos con la inclusión. El objetivo principal es eliminar las barreras que históricamente han dificultado el acceso y la permanencia en el empleo para las personas neurodivergentes, incluso cuando sus capacidades profesionales son evidentes. Se busca crear un ambiente de trabajo donde la neurodiversidad sea valorada y las habilidades de cada individuo puedan florecer.
Ajustes Razonables y Entornos Inclusivos
La propuesta legislativa exige que todas las áreas del Ministerio Público implementen "ajustes razonables" para las personas neurodivergentes. Estos ajustes podrían incluir:
- La adaptación de espacios de trabajo.
- La implementación de metodologías de comunicación específicas.
- La provisión de mentorías y apoyo profesional.
Además, se plantea la necesidad de crear mecanismos de selección accesibles para garantizar que todos los candidatos tengan la oportunidad de demostrar sus habilidades. El objetivo es crear un proceso de selección justo y equitativo que permita a las personas neurodivergentes mostrar su potencial.
"Aun cuando estas condiciones no configuran una discapacidad, las personas neurodivergentes enfrentan barreras estructurales y sesgos arraigados que dificultan el acceso a un empleo," afirmó Diez Villa.
Guía de Buenas Prácticas y Estadísticas
El proyecto también sugiere la elaboración de una Guía de Buenas Prácticas que oriente las adaptaciones necesarias en el entorno laboral. Esta guía serviría como herramienta para garantizar que las políticas de inclusión sean implementadas de manera efectiva y uniforme en todas las áreas del Ministerio Público.
Asimismo, se prevé la creación de un sistema de estadísticas anuales que permita evaluar el impacto de las medidas implementadas y realizar un seguimiento de su cumplimiento. La recopilación de datos permitirá medir el progreso y realizar ajustes para mejorar continuamente las iniciativas de inclusión laboral.
¿Un Gesto Simbólico o un Imperativo Constitucional?
Desde el Ministerio Público se enfatiza que la inclusión laboral no debe ser vista como un simple gesto simbólico, sino como un imperativo constitucional y de derechos humanos.
“La inclusión laboral no es un gesto simbólico ni un beneficio sectorial, sino un imperativo constitucional y de derechos humanos que el Estado debe materializar mediante acciones positivas”. La propuesta legislativa busca traducir esta perspectiva en obligaciones concretas, como la capacitación obligatoria para todo el personal y la prohibición de cualquier forma de discriminación laboral por razones vinculadas a la neurodiversidad.
La iniciativa se encuentra ahora en manos de las comisiones legislativas correspondientes, donde se espera su análisis y eventual debate en el recinto. El futuro de la inclusión laboral para las personas neurodivergentes en Salta está en juego.