Contundente denuncia de Natalia Volosin: “El fiscal Taiano escondió pruebas claves en una causa contra Javier Milei"

La abogada y periodista Natalia Volosin denunció graves irregularidades en una causa por presunta corrupción que involucra al presidente de la Nación. En diálogo con Gente de Salta, aseguró que el fiscal federal, Eduardo Taiano mantuvo ocultas pruebas clave durante cuatro meses, lo que —según afirmó— no solo afecta el avance de la investigación sobre la presunta estafa con criptomoneda $Libra, sino que expone serias fallas en el funcionamiento del sistema judicial. 

Además, advirtió haber sido víctima de presiones tras la publicación de la información y cuestionó la falta de garantías para quienes investigan al poder.

Volosin explicó que el pasado 6 de marzo publicó en su medio extractos de un informe pericial sobre el teléfono de Mauricio Noveli, el cual contenía información relevante para la causa. Según indicó, ese material ya estaba en poder del fiscal desde noviembre, pero nunca fue puesto a disposición de las partes ni del juez.

“Para mí, la verdadera noticia no era el caso en sí, sino que un fiscal federal escondió pruebas en la causa más importante de presunta corrupción contra el Presidente”, afirmó.

La periodista rechazó que se trate de una filtración indebida y comparó la situación con un caso extremo: “Es como si en un homicidio la policía encuentra el arma, se la entrega al fiscal y este la guarda en un cajón”.

Tras la publicación, Volosin denunció haber sido objeto de presiones. Relató que pocos días después de difundir la información, efectivos policiales se presentaron en su domicilio y comenzaron una serie de comportamientos que calificó como intimidatorios.

“Intentaron citarme a declarar de manera absolutamente injustificada. Yo no tengo nada que aportar más que lo que el fiscal ya tenía”, sostuvo.

Además, aseguró que el propio fiscal puso sus datos a disposición de personas imputadas en la causa, lo que —según expresó— puso en riesgo su integridad física.

Rechazo a la protección de testigos

“No he solicitado custodia policial y, de hecho, la rechazaría. La razón es clara: no confío en el sistema de protección de testigos en la Argentina, ya que carece de independencia y está bajo la órbita del propio Poder Ejecutivo, que es precisamente a quien estoy ayudando a investigar. En este contexto, pedir protección sería, en la práctica, permitir el ingreso de los servicios de inteligencia en mi vida privada. Por eso no lo voy a solicitar”, cuenta Volosin.

Su forma de protegerse es hacer pública esta situación. Natalia recibió un amplio respaldo: “Me conmueve y valoro profundamente: desde la ciudadanía en general hasta organizaciones vinculadas al periodismo y la libertad de expresión, como Xiprega, Fopea y la Academia Nacional de Periodismo, entre otras. También solicité veedores al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal —ya que, además de periodista, soy abogada matriculada— y me fueron otorgados, lo que constituye un apoyo institucional importante”.

Críticas al sistema judicial

Durante la entrevista, Volosin cuestionó duramente la falta de independencia del sistema judicial argentino y sostuvo que existen “problemas estructurales” que trascienden gobiernos.

Y volvió a poner el foco en el rol del fiscal en la causa, a quien acusó de haber obstaculizado tanto la investigación judicial como el trabajo de la comisión investigadora del Congreso.

“Es insólito que un fiscal, cuya función es acusar, no quiera que otros actores accedan al expediente para ayudar a esclarecer los hechos”, señaló.

Sobre el avance institucional del caso, destacó el rol de la llamada “Comisión Libra”, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, cuya labor —según señaló— fue inicialmente subestimada, pero resultó clave. En ese sentido, consideró que su trabajo genera cierto alivio al demostrar que aún existen espacios en la Argentina que pueden funcionar, como la prensa y, en parte, el Parlamento. 

Remarcó además que se trata de un ámbito transversal, integrado por legisladores de distintos espacios políticos que llevaron adelante una investigación seria, cuyos aportes incluso fueron puestos a disposición de la Justicia, aunque —según denunció— el fiscal desoyó ese material.

Volosin subrayó que tanto la información que ella publicó como el informe de la comisión contenían conexiones relevantes que podrían haber sido desarrolladas por la fiscalía, pero que finalmente terminaron siendo expuestas por la prensa y hasta por ciudadanos en redes sociales. A su entender, la tarea de la comisión fue muy importante y podría cobrar aún más relevancia si se profundiza la investigación.

Sin embargo, cuestionó con dureza el accionar del fiscal, a quien acusó de haber entorpecido el trabajo tanto judicial como parlamentario. Señaló que se negó a brindar acceso al expediente y a colaborar con la citación de testigos, lo que —explicó— resulta contradictorio con el rol del Ministerio Público. “El fiscal es quien debe acusar; es como si un defensor no defendiera”, graficó, y calificó como “insólito” que no haya permitido que los diputados accedieran a la causa para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

-¿Cómo analiza el fenómeno de la corrupción en la Argentina a lo largo del tiempo?

-He estudiado la corrupción argentina desde la colonia hasta la actualidad y, en esencia, los casos se repiten: son todos bastante similares. Como plantea Susan Rose-Ackerman, a quien considero una referente en la materia, la corrupción no es la enfermedad sino el síntoma de problemas más profundos. En este caso queda en evidencia que uno de esos problemas es la falta de independencia del Poder Judicial: que un fiscal oculte pruebas es un escándalo, aunque no siempre tenga la magnitud que debería. A lo largo de la historia, la sociedad se indigna cíclicamente —pasó con el menemismo, luego con el kirchnerismo y así sucesivamente—, pero en el fondo nada cambia. Se suceden los gobiernos, pero las reformas estructurales necesarias para prevenir la corrupción y garantizar una Justicia independiente nunca se concretan.