PolíticaEscándalo por una suba salarial en Santa Cruz
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, Daniel Mariani, ordenó que el Poder Judicial se abstenga de liquidar el incremento salarial aprobado ayer por un sector del máximo tribunal, presidido por la vocal Reneé Fernández. La medida, que había generado un fuerte rechazo del Gobierno provincial, establecía una suba escalonada del 42% hasta octubre, lo que llevaría los sueldos de algunos miembros de la Corte a superar los 24 millones de pesos.
La resolución, dada a conocer este miércoles por la mañana, expone con claridad el doble comando que atraviesa al Poder Judicial santacruceño, sumido en una profunda crisis político-institucional desde agosto del año pasado, cuando la Legislatura provincial aprobó la ampliación del TSJ de cinco a nueve miembros. Esa decisión fue desconocida por cuatro vocales históricos del tribunal —cercanos al kirchnerismo—, que se negaron a reconocer a los nuevos jueces designados por el gobernador Claudio Vidal.
A primera hora del día, una resolución firmada por Mariani en su carácter de presidente del TSJ ingresó al sistema informático del tribunal y notificó al área de Administración General que no proceda a liquidar el aumento salarial. En el mismo documento, Mariani denunció que el libro de registro de resoluciones del cuerpo se encuentra retenido, lo que priva a la Presidencia de acceso al mismo. Por ese motivo, explicó, la resolución carece de datos formales como tomo, registro y folio.
Mariani sostuvo además que la resolución que dispuso el incremento salarial —fechada el 30 de diciembre y difundida públicamente ayer— es nula, ya que no cuenta con el quórum necesario: solo fue firmada por cuatro de los nueve vocales que integran actualmente el máximo tribunal provincial.
En agosto pasado, tras la ampliación del TSJ, los cuatro nuevos jueces propuestos por el Ejecutivo provincial asumieron sus cargos y conformaron una mayoría presidida por Mariani. Sin embargo, los cuatro miembros antiguos se negaron a reconocerlos, lo que derivó en un bloqueo técnico de la actividad judicial y en un escenario de extrema fragmentación institucional.
El aumento salarial del 42% acumulativo hasta octubre, que el propio Poder Judicial se autoasignó, provocó un duro repudio del Gobierno provincial. El gobernador Claudio Vidal acusó a los jueces de estar “atrincherados en sus privilegios” y de haber sido “cómplices del saqueo” durante más de 30 años, en referencia a gestiones anteriores vinculadas al kirchnerismo.
La pauta salarial conocida ayer preveía incrementos del 4% mensual acumulativo entre enero y julio de 2026 y del 3% mensual acumulativo entre agosto y octubre, garantizando una mejora sostenida del poder adquisitivo de magistrados y funcionarios muy por encima de la inflación proyectada para el próximo año.
La resolución que dispuso el aumento lleva únicamente las firmas de Reneé Fernández, Paula Ludueña, Alicia Mercau y Fernando Basanta. En ese sentido, Mariani afirmó que fue emitida “por un órgano que no está debidamente integrado ni cuenta con la mayoría prevista en la ley orgánica de la justicia y la Ley 3949, vigente hasta que exista sentencia firme que disponga lo contrario”.
Cabe recordar que el 17 de diciembre pasado, esos mismos cuatro vocales declararon inconstitucional la ampliación de la Corte y, para alcanzar mayoría, convocaron a un juez subrogante. Ese fallo fue apelado tanto por los nuevos vocales como por la Fiscalía de Estado de Santa Cruz, por lo que aún no se encuentra firme.
En su resolución de este miércoles, Mariani volvió a dejar constancia de la irregular situación administrativa del tribunal al remarcar que los registros oficiales de resoluciones permanecen retenidos, impidiendo el normal funcionamiento institucional de la Presidencia del TSJ.