PolíticaOpositores piden audiencia pública
Inaugurado el 144° período de sesiones ordinarias, la Cámara de Diputados convocó a la reunión plenaria entre la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y la de Asuntos Constitucionales para buscar el dictamen de la modificación a la Ley de Glaciares, la cual obtuvo media sanción en el Senado.
La convocatoria fue fijada para este miércoles a las 10 con los diputados libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz como titulares de sendas comisiones. El texto impulsado por el Ejecutivo Nacional fue aprobado por la Cámara alta el último jueves con 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención.
Por su parte, los legisladores salteños participarán del plenario mañana al que llegan todos, en principio, en unanimidad frente al proyecto de ley para su aprobación. Según recabó Gente de Salta, los diputados entienden que Salta tiene sus glaciares y periglaciares ya censados y no se tocan. “No son aptos para la minería. No se puede tocar ningún área considerada reserva natural, ni parque nacional o provincial”, expresaron fuentes parlamentarias a este medio.
El texto define el objeto de glaciar y ambiente periglacial y delega “la utilización racional de los recursos naturales existentes en las provincias”, es decir los gobernadores pasarán a tener el control y monitoreo.
También, establece que sobre la base de estudios técnico-científicos, las provincias registren cada zona en el Inventario Nacional de Glaciares, donde quedará definido como ambiente glaciar o periglacial. Pero si la zona analizada no cumple con funciones hídricas, el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) lo podrá quitar del Inventario.
El principal argumento en contra de los opositores y organizaciones ambientales es que cuando esa zona queda fuera del Inventario, queda habilitada la posibilidad de exploración y explotación minera e hidrocarburífera que, como establece este proyecto, queda a consideración de cada provincia.
Unidos pide audiencia pública
Minutos después de publicarse la convocatoria a plenario, un grupo de diputados nacionales del interbloque Unidos le pidió a los presidentes de ambas comisiones que se convoque a una audiencia pública-invocando al artículo 41 de la Constitución Nacional- por tratarse de "una reforma que podría implicar una reducción en los niveles de protección ambiental actualmente vigentes".
"Entendemos imprescindible garantizar una instancia de participación pública amplia, plural y efectiva porque la modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales (más aún cuando involucra reservas estratégicas de agua) no puede avanzar sin debate técnico, transparencia institucional y respeto por el principio de no regresión ambiental", señalaron.
La nota lleva las firmas de Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica; Nicolás Massot de Encuentro Federal; y María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Pablo Farías y Juan Brügge de Provincias Unidas.
Tendencias en Diputados
Aunque el oficialismo espera repetir la mayoría lograda en la Cámara Alta, el escenario en Diputados presenta las siguientes tendencias:
- Bloque Oficialista y Aliados (LLA, PRO, MID): Se espera que voten a favor de manera compacta. Argumentan que la reforma fomenta la seguridad jurídica para grandes inversiones mineras y respeta el "federalismo ambiental" al dar más poder a las provincias.
- Peronismo de provincias mineras: Este sector será clave, tal como ocurrió en el Senado. Diputados de San Juan, Catamarca, Salta y Santa Cruz podrían acompañar el proyecto si sus gobernadores mantienen el acuerdo con la Casa Rosada para flexibilizar la actividad en zonas periglaciares. Se entiende que Salta va por ese camino, con acuerdos más cerrados que publicados.
- Oposición (Unión por la Patria y sectores de la UCR): La mayoría del bloque de Unión por la Patria votará en contra, denunciando que la ley reduce la protección de reservas hídricas estratégicas. Algunos sectores del radicalismo y de la Coalición Cívica también han expresado reparos por el posible daño ambiental.
- Protestas y presión externa: Organizaciones como Greenpeace y la FARN están presionando a los diputados para que rechacen la norma o convoquen a audiencias públicas antes de la votación final.