PolíticaEn saneamiento, Salta está en el podio
El acceso al agua potable volvió al centro del debate legislativo argentino tras la presentación de un proyecto que busca reconocerlo explícitamente como un derecho humano fundamental. La iniciativa fue impulsada por el jujeño Guillermo Snopek junto a legisladores de Unión por la Patria y propone que el Estado garantice a toda persona el acceso suficiente, seguro y asequible al agua para uso personal y doméstico.
El proyecto plantea incorporar en la legislación argentina un principio que ya fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas en 2010: que el agua potable y el saneamiento constituyen derechos esenciales para la vida y la salud humana. En ese marco, la propuesta busca transformar ese reconocimiento internacional en una obligación concreta y exigible dentro del país.
Uno de los puntos más relevantes del texto es que prohíbe el corte total del suministro por falta de pago. Las empresas prestadoras deberían garantizar un caudal mínimo indispensable aun en casos de morosidad, bajo la premisa de que el acceso al agua no puede quedar condicionado exclusivamente a la capacidad económica de las personas.
La iniciativa también obliga al Estado nacional y a las jurisdicciones competentes a desarrollar planes de inversión e infraestructura hídrica para asegurar cobertura universal. El proyecto establece que esos recursos deberán asignarse de manera progresiva y en el menor plazo técnicamente posible, priorizando tanto el abastecimiento humano como la preservación ambiental.
Además, incorpora mecanismos de participación ciudadana y acceso a la información ambiental vinculada a la gestión del agua, reforzando criterios de transparencia y control social sobre un recurso considerado estratégico.
En los fundamentos, Snopek sostiene que aunque la Justicia argentina ya reconoció el acceso al agua como derecho humano en fallos emblemáticos —como el caso “Kersich” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación—, en la práctica muchas personas todavía dependen de largos procesos judiciales para reclamarlo. Según esa mirada, la ausencia de una ley específica genera desigualdades territoriales y sociales.
El proyecto aparece además en un contexto de creciente preocupación global por la disponibilidad de recursos hídricos, el impacto del cambio climático y las disputas en torno al control del agua. En la Argentina, el debate cobró nueva intensidad tras las discusiones sobre la protección de glaciares y el uso de recursos naturales en actividades extractivas.
La discusión legislativa aparece en un escenario crítico. Según un informe reciente de la Cámara Argentina de la Construcción, el 16% de la población argentina todavía no tiene acceso a agua potable y el 41% carece de conexión cloacal.
La situación empeora en los barrios populares, donde apenas el 11,6% accede formalmente al agua y solo el 2,5% cuenta con red cloacal. Detrás de esos números aparecen problemas sanitarios, enfermedades evitables y fuertes desigualdades sociales que afectan especialmente a los sectores más vulnerables.
Las provincias con mayores déficits de acceso al agua potable son la Provincia de Buenos Aires —sobre todo el conurbano bonaerense—, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Misiones. En materia de saneamiento, únicamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta y Tierra del Fuego logran mantener niveles de déficit cloacal inferiores al 20%.
En el NEA, la situación alcanza niveles especialmente preocupantes: el 19% de la población no tiene acceso a agua potable y el 62% carece de servicios cloacales.
En total, se estima que entre seis y siete millones de personas viven en condiciones de acceso precario o nulo al agua segura. A la falta de infraestructura se suma otro problema silencioso: la contaminación de las fuentes hídricas.
En distintas regiones del país, especialmente en el norte argentino, la presencia natural de arsénico en napas subterráneas afecta a una parte importante de la población. En algunas zonas, la exposición alcanza hasta al 60% de los habitantes y puede derivar en Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico, una enfermedad asociada a lesiones cutáneas y mayor riesgo de cáncer.
También se detectaron niveles elevados de nitratos, incluso en agua embotellada, con valores que en algunos casos superan hasta en un 30% los límites recomendados, afectando especialmente a niños y lactantes.
Frente a ese panorama, comenzaron a impulsarse iniciativas como el “Mapa del Agua”, desarrollado por la Fundación Aguas junto al Instituto Tecnológico de Buenos Aires, orientado a identificar focos de contaminación y diseñar soluciones específicas para cada región.
El informe de la Cámara Argentina de la Construcción plantea que ampliar las redes de agua potable y saneamiento no solo constituye una política sanitaria, sino también una estrategia de desarrollo económico, reducción de enfermedades y mejora de calidad de vida.
La discusión incluye además el rol de los materiales utilizados en las obras. Entre las alternativas que más crecieron en los últimos años aparece el policloruro de vinilo (PVC), valorado por su durabilidad, menor costo operativo y eficiencia hidráulica.
Desde la Asociación Argentina del PVC sostienen que el material puede superar los cien años de vida útil, no se corroe, requiere menos energía en su producción y resulta reciclable, factores considerados clave para acelerar obras de infraestructura en un país con fuertes limitaciones presupuestarias.
Ante este panorama, la iniciativa declara de interés público el uso racional, equitativo y sustentable del agua, entendiendo que no se trata solamente de un servicio público, sino también de un bien estratégico ligado a la salud, el ambiente, el desarrollo económico y la calidad de vida.
Detrás del proyecto subyace una discusión más amplia sobre el rol del Estado en la garantía de derechos básicos. Mientras algunos sectores impulsan modelos donde el acceso a servicios esenciales debe estar fuertemente protegido por políticas públicas, otros sostienen que la sostenibilidad financiera de los sistemas también requiere reglas de pago y administración eficientes.
En cualquier caso, la propuesta presentada por Snopek instala nuevamente una discusión estructural para la Argentina: cómo garantizar el acceso universal al agua potable en un país con profundas desigualdades territoriales, problemas históricos de infraestructura y crecientes tensiones ambientales.
De avanzar en el Congreso, el proyecto podría consolidar jurídicamente el acceso al agua como un derecho plenamente exigible, equiparándolo a otros derechos sociales fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales.