PolíticaJusticia y Fuerzas Armadas
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) ordenó que continúe la investigación por la muerte del soldado voluntario Mauro Ramírez, ocurrida el 26 de junio de 2003 en el Destacamento de Monte 30 del Ejército Argentino, en la localidad misionera de Apóstoles. La decisión se conoció tras hacer lugar a un recurso presentado por la querella que representa a la madre del joven.
Con los votos de los jueces Alejandro Slokar y Carlos Mahiques —y la disidencia de Diego Barroetaveña—, el tribunal anuló la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas que había confirmado el rechazo del juez federal local a tomar declaración indagatoria a los soldados Eduardo Jeremías Brevel y Ovidio Francisco Almeida, quienes se encontraban en el lugar al momento del hecho.
Ramírez tenía 21 años y cumplía funciones de guardia cuando murió como consecuencia de un disparo efectuado con su arma reglamentaria, un fusil FAL calibre 7,65 mm. En un primer momento, la investigación quedó en manos de la Justicia provincial, que archivó la causa pocos meses después al considerar que se había tratado de un suicidio.
Según informó el portal Fiscales y de acuerdo con datos a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la madre del soldado denunció el caso ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Chaco. Tras un debate sobre la competencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en agosto de 2004 que el expediente debía tramitar en el fuero federal.
No obstante, a fines de abril de 2008, luego de impulsar diversas medidas de prueba, el fiscal federal de Posadas solicitó el archivo de las actuaciones, pedido al que el juez federal hizo lugar. La causa permaneció sin avances significativos hasta junio de 2015, cuando la Procuración General de la Nación designó un segundo fiscal para intervenir, con la colaboración de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN).
Casi un año después, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron el desarchivo del expediente al considerar que la investigación había sido deficiente y que existieron graves irregularidades, incluso con denuncias contra el juez provincial que intervino inicialmente. A partir de ello, el juez federal ordenó reactivar la pesquisa.
En ese contexto, la querella pidió que se citara a declarar a un soldado y a un suboficial presentes durante el cambio de guardia, al sostener que el disparo que causó la muerte de Ramírez podría haberse producido por una mala manipulación del arma por parte del efectivo que lo reemplazaba. El pedido fue rechazado en primera instancia y luego confirmado por la Cámara de Apelaciones, que entendió que la decisión de llamar a indagatoria es una facultad discrecional del juez instructor.
Ante esa negativa, la querella recurrió en casación. En su dictamen, el fiscal general Javier De Luca sostuvo que el caso constituía una excepción a la regla que impide apelar el rechazo de declaraciones, dado que podría estar comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino, incluyendo eventuales conductas de impericia, encubrimiento o irregularidades posteriores al hecho.
Finalmente, los jueces Slokar y Mahiques coincidieron con esa postura y resolvieron hacer lugar al recurso, ordenando que se continúe con la investigación. La decisión reabre un expediente que llevaba más de dos décadas sin avances sustanciales y vuelve a poner el foco en las circunstancias que rodearon la muerte del joven soldado.
Muerte y dudas en el Ejército
El soldado Ramírez falleció el 26 de junio de 2003, mientras hacía guardia en el destacamento militar Regimiento de Monte 30 del Ejército Argentino. Según se desprendió de la pesquisa efectuada, el joven sufrió un disparo en el pecho del fusil FAL calibre 7.65 milímetro que portaba como arma reglamentaria.
“Mauro fue asesinado. Y no lo digo yo, lo afirman las pericias científicas que descartaron la teoría de un suicidio o de un disparo accidental. En el cuerpo no había rastros de pólvora, quemaduras o ahumamiento, lo que indica que el disparo fue realizado a larga distancia”, dijo Susana Pintos, madre del Ramírez, luego de presentar la apelación del caso en 2008.
“Tengo información extraoficial de que él sabía algo y lo hicieron callar. Mauro me contó que se sentía perseguido por sus jefes. En ese momento le dije que no se preocupara, que obedeciera a sus jefes y que, quizás, lo estaban haciendo pagar derecho de piso, porque era nuevo. Jamás pensé que lo iban a matar. Hoy sí creo que dentro del Ejército hay asesinos sueltos”, había señalado la mujer.