Medicamentos con coima
La oposición de la Cámara de Diputados logró avanzar con la firma del dictamen de mayoría del proyecto de ley encabezado por Juan Marino, de Unión por la Patria (Uxp), para “democratizar” y “depurar” la estructura orgánica de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que quedó envuelto en sospechas desde que estalló el escándalo de presuntas coimas por la filtración de los audios de su ex titular Diego Spagnuolo.
La propuesta del diputado cercano al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, supone pasar de una conducción unipersonal del organismo, hoy en cabeza del interventor Alejandro Vilches, a una conducción colegiada de siete miembros con participación de entidades representativas del colectivo de personas con discapacidad, que tendrán voz y voto en la toma de decisiones.
“Voy a trabajar para lograr un acuerdo con Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Encuentro Federal para conseguir votar un texto de consenso acordado en la próxima sesión”, señaló Marino en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas apenas finalizó el plenario de las comisiones de Discapacidad y Asuntos Constitucionales, que había sido emplazado en la última sesión.
En su intervención, el diputado opositor planteó la importancia de reformar la ANDIS para que el organismo esté en condiciones de ejecutar los programas y presupuestos una vez que la ley de emergencia en Discapacidad, suspendida por el Gobierno en una decisión inaudita y sin precedentes, “se reglamente y promulgue como corresponde”.
“Hicimos un proyecto de ley para democratizar la ANDIS, para garantizar que las organizaciones representativas que cuentan con personería jurídica tengan un mecanismo de participación directa, que puedan elegir representantes para una comisión directiva que pasa a la ser la conducción de la ANDIS y que tiene a su cargo la ejecución de todos programas”, describió.
El legislador de UxP hizo hincapié en la necesidad de tener “organismo de control especifico para todo lo que son las compras, contrataciones, licitaciones y la ejecución presupuestaria sea transparente”, y que “las organizaciones de personas con discapacidad puedan hacer un seguimiento y verificar que efectivamente se lleven adelante los programas para garantizar sus derechos humanos”.
Al respecto, puso énfasis en que “las personas con discapacidades necesitan disposiciones específicas para poder garantizar sus derechos humanos”, y advirtió que “no pueden esperar porque están en juego sus vidas y su salud”.
“No queremos que nunca más haya siquiera sospecha alguna de que haya hechos de corrupción con la plata destinada a los medicamentos de personas con discapacidad. Esto viene a garantizar esa transparencia necesaria”, insistió Marino, que agregó que se trata de “un tema de extrema gravedad y urgencia”.
A su turno, Brügge brindó su acompañamiento a la iniciativa aunque marcó algunas diferencias que justifican su decisión de haber firmado un dictamen propio de minoría.
Por caso, pidió que tanto el presidente como el vicepresidente de la nueva ANDIS surja de un concurso público de oposición y antecedentes para asegurar “la idoneidad” de los funcionarios.
También planteó la incorporación como vocal en la Comisión Directiva de un experto en temática vinculada a la discapacidad, cuya designación surja de un sorteo de un padrón a cargo de Jefatura de Gabinete a propuesta de las universidades públicas y privadas.
“De esa manera estaremos despolitizando esta agencia”, analizó Brügge, que pidió que los representantes de organizaciones de la sociedad civil surjan de un padrón y sean electos mediante un sorteo.
Por su parte, Christian ‘Chipi’ Castillo, del Frente de Izquierda, valoró el hecho de que el dictamen de mayoría haya recogido los aportes que hicieron las organizaciones del colectivo de discapacidad en varias reuniones que se organizaron previamente.
También recordó las “coimas del 3% que escuchamos en los audios de Diego Spagnuolo", de quien dijo que ”no es ningún militante de la oposición sino un funcionario puesto por el Gobierno, abogado de Milei, intimo del entorno presidencial”.
Carla Carrizo, de Democracia para Siempre, celebró “el avance” aunque marcó algunas disidencias respecto del dictamen de mayoría.
“Quien dirige la comisión tiene que estar legitimado por la sociedad y eso se hace mediante concurso de oposición y antecedentes”, planteó, en coincidencia con la postura de Brügge.
“El proyecto tiene elementos positivos pero genera mayor burocracia, más funcionarios, no dice de dónde van a salir los recursos. Si no lo dicen todo va a quedar en una mentira, y nunca vamos a convalidar algo que temrine siendo una mentira, por más noble que sea su título”, explicó.