En una provincia donde numerosas localidades dependen de cooperativas para acceder a servicios básicos y donde las mutuales cumplen un rol clave en el acceso a salud, crédito, capacitación y asistencia social, el Gobierno de Salta decidió institucionalizar un espacio de diálogo permanente con el sector.
Mediante la Resolución 123, el Ministerio de Producción y Minería creó el Consejo Asesor Cooperativo y Mutual de la Provincia de Salta, un organismo que funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Empleo, Cooperativas y Mutualidades y que tendrá como misión aportar propuestas para fortalecer la economía social.

La medida parte del reconocimiento de que las cooperativas y mutuales representan una parte importante del entramado productivo provincial. En el interior salteño existen cooperativas agrícolas, vitivinícolas, tabacaleras, de trabajo, de reciclado, de vivienda y de servicios públicos que abastecen de agua potable, energía eléctrica e internet a comunidades donde muchas veces no llegan empresas privadas. A ellas se suman mutuales que brindan cobertura de salud, ayuda económica, turismo, farmacias y otros servicios a miles de asociados.
Para garantizar que las entidades participantes tengan representación formal, la resolución exige que cuenten con matrícula vigente ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el organismo nacional encargado de registrar, fiscalizar y promover el funcionamiento de cooperativas y mutuales en todo el país.

El nuevo Consejo reunirá a representantes de federaciones, confederaciones y entidades de primer grado del sector, junto con funcionarios de organismos provinciales y nacionales vinculados a producción, educación, economía y capital humano.
Su tarea será emitir opiniones sobre la utilización del Fondo Provincial para Educación y Promoción Cooperativa, elaborar propuestas para fortalecer al sector, impulsar programas de capacitación y asistencia técnica, además de producir diagnósticos sobre la situación de la economía social en Salta.

Sin embargo, la resolución deja en claro que el organismo no tendrá poder de decisión. Sus informes y recomendaciones serán consultivos y no vinculantes, por lo que las decisiones finales continuarán en manos del Poder Ejecutivo.
Otro aspecto destacado es que todos sus integrantes ejercerán sus funciones ad honorem, sin percibir salarios, honorarios, compensaciones ni viáticos con cargo al Estado provincial, salvo autorización expresa de la autoridad competente.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca incorporar de manera permanente la voz de cooperativas y mutuales en el diseño de políticas públicas, un sector que, además de generar empleo y actividad económica, cumple un papel estratégico en el desarrollo de muchas comunidades salteñas donde la economía social constituye uno de los principales motores de inclusión y organización local.