PolíticaEs solo un inicio
La reglamentación de la Ley Provincial Nº 8534, conocida como Ley Octorina, comenzó a tomar forma en Salta con la conformación de una mesa técnica impulsada por la Subsecretaría de Derechos Humanos. El objetivo es transformar en políticas públicas concretas una norma que nació tras décadas de denuncias por la violencia sistemática ejercida contra niñas, adolescentes y mujeres indígenas.
El primer paso fue una reunión de articulación entre organismos públicos, organizaciones indígenas, instituciones académicas y referentes especializados para definir los lineamientos que serán debatidos el próximo 20 de agosto en Embarcación, durante una mesa de trabajo con representantes de comunidades originarias del norte provincial.
La reglamentación deberá establecer cómo se implementarán los protocolos previstos por la ley, la capacitación obligatoria en perspectiva de género e interculturalidad para agentes estatales, los mecanismos de prevención y la incorporación de intérpretes indígenas que garanticen el acceso efectivo a la Justicia.
Una ley que nació del reclamo de las comunidades
La historia de esta legislación comenzó mucho antes de su aprobación.
En enero de 2022, el asesinato de Pamela Flores, una niña wichí de 12 años cuyo cuerpo fue hallado a la vera de la Ruta Nacional 81, volvió a exponer una realidad que las comunidades indígenas venían denunciando desde hacía décadas: los abusos sexuales, las desapariciones y las agresiones contra niñas y mujeres originarias en el norte salteño.
Aquella muerte provocó movilizaciones en Pluma de Pato y otras localidades del Chaco salteño bajo una consigna que sintetizaba años de impunidad: justicia.
Sin embargo, la principal voz de esa denuncia había sido mucho antes Octorina Zamora Kajinteya, autoridad comunitaria wichí y una de las mayores defensoras de los derechos de los pueblos originarios en Argentina.
Durante años denunció públicamente que muchas niñas y mujeres indígenas eran víctimas de abusos sexuales sistemáticos, amenazas y violencia, mientras los casos permanecían invisibilizados por el Estado y rara vez llegaban a la Justicia. Tras su fallecimiento en 2022, su lucha fue continuada por su hija, la médica Tujuayliya Gea Zamora, y por la organización indígena Na'nechepa.
El proyecto impulsado por un senador indígena
La iniciativa fue presentada por el senador Walter Cruz, representante del pueblo Kolla por Iruya, y terminó convirtiéndose en la Ley Provincial Nº 8534.
La norma reconoce la existencia de crímenes de odio y violencia sexual dirigidos específicamente contra niñas, adolescentes y mujeres indígenas y establece herramientas para prevenirlos.
Entre sus principales ejes se encuentran:
- capacitación obligatoria en género e interculturalidad para los tres poderes del Estado;
- protocolos de actuación con intérpretes y traductores indígenas;
- campañas de prevención y sensibilización;
- producción de estadísticas oficiales sobre estos delitos;
- elaboración de políticas públicas específicas para combatir estas violencias.
Uno de los aspectos centrales de la ley es que busca visibilizar prácticas históricas que durante décadas permanecieron naturalizadas o invisibilizadas y que las propias comunidades describen como formas de violencia racial, colonial y de género.
La reglamentación, el paso que falta
Con la ley ya sancionada, el desafío ahora es convertir esos principios en procedimientos concretos.
Durante la reunión encabezada por la Subsecretaría de Derechos Humanos se debatieron mecanismos institucionales para prevenir los crímenes de odio y las agresiones sexuales, además del diseño de campañas comunitarias, módulos educativos con enfoque intercultural y canales de denuncia accesibles para las comunidades.
Del encuentro participaron representantes de la Fundación Na'nechepa, Fundación Juala, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), el senador Walter Cruz y especialistas de la Universidad Nacional de Salta vinculados a la Diplomatura en Interpretación y Traducción Intercultural Wichí-Castellano.
La intención oficial es que la reglamentación sea elaborada junto a las propias comunidades indígenas y no únicamente desde los organismos estatales.
Una deuda histórica
La reglamentación de la Ley Octorina representa un paso esperado por organizaciones indígenas y de derechos humanos que sostienen desde hace años que la violencia contra mujeres y niñas originarias no puede abordarse únicamente desde el sistema penal.
Las comunidades insisten en que la ausencia de intérpretes, las barreras culturales, la falta de estadísticas y el temor a denunciar han contribuido durante décadas a la impunidad.
Por eso, para quienes impulsaron esta legislación, el desafío no termina con la sanción de la ley: comienza con su aplicación efectiva.
Si la reglamentación logra traducirse en protocolos, capacitación, acceso real a la Justicia y políticas de prevención en el territorio, el legado de Octorina Zamora dejará de ser solamente un símbolo para convertirse en una herramienta concreta de protección para miles de niñas, adolescentes y mujeres indígenas de Salta.