Decisiones del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
A casi un año y medio desde el colapso del token en febrero de 2025, la causa judicial por el caso $LIBRA —la memecoin promocionada en redes sociales por el presidente Javier Milei— sumó un capítulo que profundiza la parálisis del expediente.
A pesar de que la investigación penal ha pasado por las manos de al menos cuatro jueces, dos fiscales y tres camaristas, los tribunales de Comodoro Py todavía no han citado a declarar a un solo testigo ni a ninguno de los imputados, según reveló Hugo Alconada Mom en La Nación.
En este escenario de extrema lentitud, donde los investigadores aducen falta de presupuesto y recursos técnicos, se tomó la decisión de apartar a la totalidad de las querellas particulares, lo que debilita de forma drástica el impulso de la causa.
El revés más reciente lo firmó el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Al hacer lugar a un planteo de la defensa del lobista e imputado Mauricio Novelli —socio de "Tech Forum Argentina"—, el magistrado resolvió excluir a los cinco inversores que actuaban como acusadores privados.
La resolución concluyó que los denunciantes no lograron demostrar una afectación directa ni acreditar de manera fehaciente ser víctimas de una maniobra fraudulenta. Con esta medida, si el fallo queda firme tras las apelaciones ante la Cámara Federal, los damnificados perderán el acceso al expediente y la capacidad de solicitar medidas de prueba, dejando el impulso de la acción penal exclusivamente en manos de la fiscalía federal de Eduardo Taiano.
Para justificar la exclusión, Martínez de Giorgi dedicó más de quince páginas a analizar la dinámica de los activos digitales.
Sostuvo que, al operar en la red Solana mediante billeteras de autocustodia (donde no hay una validación de identidad tradicional), resulta complejo trazar los fondos.
El magistrado afirmó que las pérdidas económicas podrían responder a la "asunción de riesgos inherentes" y a la extrema volatilidad del mercado cripto, asumiendo de forma anticipada la principal hipótesis de la defensa. Esta argumentación incurre en una evidente contradicción procesal: el juez reconoció en el mismo escrito que la investigación estatal aún no logró identificar a los titulares de las billeteras ni reconstruir el recorrido del dinero, pero utilizó esa misma falta de pruebas —que el propio proceso debería producir— para descartar de plano la condición de víctimas de los inversores.
La causa cuenta con un pesado trasfondo institucional. Además de Novelli, en el expediente figuran imputados el desarrollador estadounidense Hayden Mark Davis (representante de Kelsier Ventures), Manuel Terrones Godoy y el exasesor de la CNV, Sergio Daniel Morales, además del propio primer mandatario y funcionarios de su entorno por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.
El desplome de la moneda virtual ocurrió el 14 de febrero de 2025, cuando, tras ser ponderada oficialmente en la cuenta de X del Presidente, su valor trepó un 1200% (de fracciones de centavo a más de 5 dólares) para vaciarse por completo apenas cuarenta minutos después.
Al delegar en los ciudadanos particulares la carga técnica de peritar las redes y rastrear las operaciones de la estafa antes de permitirles ser parte, la resolución judicial parece confundir el riesgo financiero con la impunidad del fraude organizado.