Luego de la victoria moderada que consiguió el Gobierno nacional hacia fines de 2025, con la aprobación del Presupuesto y de la ley de Inocencia Fiscal, el oficialismo concentrará ahora todos sus esfuerzos en las sesiones extraordinarias para avanzar con cuatro proyectos: la reforma laboral, la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, los cambios en la ley de Glaciares y, recientemente, la ley penal juvenil.
Así lo confirmó Manuel Adorni, jefe de Gabinete, en sus redes sociales, y de ese modo se sumó el cuarto proyecto al temario que estará sobre la mesa de debate durante las sesiones extraordinarias del Congreso, que tienen como fecha de inicio el 2 de febrero y se extenderán hasta el 27 del mismo mes. No obstante, la prioridad inmediata estará puesta en la reforma laboral y en el acuerdo Mercosur–U.E.
El anuncio se dio tras un encuentro realizado esta mañana que reunió, además del ex vocero Presidencial, a la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la senadora y jefa del bloque libertario; Patricia Bullrich y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
“Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La 'Ley Penal Juvenil' también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias”, posteó Adorni.
Sin embargo, mientras busca cumplir las metas inmediatas (reforma laboral y en el acuerdo Mercosur–U.E.), la Casa Rosada ya trabaja en los próximos movimientos legislativos que impulsará una vez iniciado el período ordinario de sesiones.
En ese marco, el Ejecutivo planea retomar dos iniciativas de alto impacto político y social que quedaron pendientes el año pasado: el nuevo Código Penal y la baja de la edad de imputabilidad.
Dos proyectos que no prosperaron y vuelven a escena
Ambas propuestas volverán al Congreso en los próximos meses, esta vez integradas en un único proyecto de gran alcance. Se trata de iniciativas que ya habían sido impulsadas durante 2025, pero que no lograron avanzar por falta de consenso político.

El nuevo Código Penal incluso fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias de diciembre último, aunque finalmente no se trató. En ese momento, el Gobierno optó por priorizar los proyectos que contaban con mayores chances de aprobación, en un Congreso donde todavía se encontraba en clara minoría.
En tanto, la baja de la edad de imputabilidad había conseguido dictamen en la Cámara de Diputados en mayo de 2025, pero nunca llegó al recinto debido a la falta de apoyo opositor.

La propuesta para bajar la imputabilidad a los 14 años
El proyecto de régimen penal juvenil proponía reducir de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un menor puede ser juzgado penalmente, aunque estableciendo límites estrictos: una pena máxima de 15 años y su aplicación solo para delitos graves.
Además, la iniciativa buscaba priorizar penas alternativas a la prisión, como la realización de tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a las víctimas, medidas de reparación del daño causado y otros mecanismos orientados a la reinserción social.
En aquel entonces, el dictamen reunió 77 firmas —cuatro más de las necesarias— de diputados del PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre. Aun así, el texto no fue tratado en el recinto.

El contexto político actual es distinto. Con un mayor respaldo parlamentario tras las elecciones, el Gobierno considera que están dadas las condiciones para insistir con ambas reformas, esta vez integradas en un solo proyecto amplio.
“Hay todo un régimen penal juvenil, que incluye no solamente la baja de la edad, sino también cuestiones de políticas de Estado, de inserción y asistencia social, tratamiento terapéutico, entre otras herramientas. Es decir, se trata de pensar integralmente qué hacer con un chico que delinque”, explicó uno de los autores de la iniciativa.
De esta manera, la reducción de la edad de imputabilidad será incorporada dentro del nuevo Código Penal, algo que no estaba contemplado en la versión original elaborada por la comisión de expertos.
Un Código Penal más extenso y con penas más duras
La comisión encargada de redactar el nuevo Código Penal fue creada a comienzos de 2024 por el Poder Ejecutivo y estuvo integrada por especialistas como el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky y el abogado Jorge Boumpadre, quien presidió el grupo.
La primera versión del texto, entregada ese mismo año, contaba con 540 artículos. Sin embargo, tras sucesivas revisiones, el proyecto se amplió hasta alcanzar los 912 artículos.
La versión definitiva fue presentada en diciembre pasado durante una conferencia de prensa encabezada por el entonces flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a Patricia Bullrich, que en ese momento dejaba el Ministerio de Seguridad para asumir como senadora.
Delitos imprescriptibles y nuevas figuras penales
El proyecto contempla modificaciones sustanciales en materia de corrupción, terrorismo y endurecimiento de penas. Entre los cambios más relevantes, se mantiene la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y se amplía ese criterio a otros delitos graves.
La lista incluye homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, financiamiento y distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, financiamiento del terrorismo y tráfico de estupefacientes, entre otros.
Asimismo, el texto conserva leyes sancionadas en los últimos años, como la de Interrupción Voluntaria del Embarazo. También se mantienen, al menos por el momento, los agravantes cuando los delitos son cometidos en contextos de discriminación por razones de género, identidad u orientación sexual, un punto que generó fuertes debates internos dentro del oficialismo.
Entre las nuevas figuras penales incorporadas se encuentra una redacción más precisa del delito cometido por motochorros, con el objetivo de evitar interpretaciones ambiguas, la tipificación de delitos vinculados a la criminalidad ambiental —incluida la contaminación— y un perfeccionamiento de la figura de financiamiento del terrorismo.
El trasfondo ideológico y el debate que se viene
En la previa de la última Navidad, el presidente Javier Milei reunió a su gabinete en la Quinta de Olivos y entregó a cada ministro un ejemplar del libro Defendiendo lo indefendible, del economista estadounidense Walter Block. La obra analiza prácticas que, desde una mirada libertaria, no deberían ser castigadas penalmente, como la prostitución, el narcotráfico o el aborto.
El autor sostiene que el Estado no debería prohibir actividades voluntarias que no impliquen agresión a terceros, aun cuando generen rechazo moral o social, basándose en el principio de no agresión, uno de los pilares del libertarismo moderno.
- Ese trasfondo ideológico anticipa que el debate por el nuevo Código Penal y el régimen penal juvenil no solo será técnico y legislativo, sino también profundamente político y conceptual, y promete convertirse en uno de los ejes más sensibles del año parlamentario.

