Reforma en el sistema de inteligencia
El Gobierno nacional avanza en la elaboración de una nueva ley de inteligencia con el objetivo de consolidar y ampliar las modificaciones introducidas por el decreto 941/25, que amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y generó polémica en ámbitos políticos, judiciales y de derechos humanos.
La reforma forma parte de una serie de transformaciones en el sistema de inteligencia iniciadas en 2024, cuando el Gobierno dispuso la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la restitución de la SIDE. Posteriormente, en el último día de 2025, el Ejecutivo firmó el DNU 941, que amplió el alcance operativo del organismo.
Ese decreto habilitó a la SIDE a realizar detenciones en el marco de actividades de inteligencia, sin intervención judicial directa en determinadas circunstancias excepcionales, y autorizó el acceso y cruce de información entre distintos organismos del Estado que manejan datos sensibles, como Migraciones, Aduana, Renaper y dependencias judiciales.
Desde el organismo sostuvieron que las detenciones sólo pueden concretarse en el contexto de una actividad específica de inteligencia y con autorización del titular de la Secretaría. También afirmaron que las tareas de campo representan una porción minoritaria de sus funciones y que existen controles internos y posteriores.
Sin embargo, distintos organismos de derechos humanos y entidades civiles presentaron recursos judiciales cuestionando la constitucionalidad del decreto. Entre los principales puntos señalados figura el alcance de las facultades de contrainteligencia, que incluyen la identificación y análisis preventivo de amenazas a la seguridad nacional. Según los críticos, esa redacción podría habilitar tareas sobre actividades legales, como el periodismo o la militancia política.
Otro aspecto cuestionado es la ampliación del intercambio de datos personales entre organismos estatales, lo que motivó acciones judiciales en defensa de la privacidad.
En paralelo, el decreto también dispuso cambios en el esquema de inteligencia militar, con la disolución de la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar y la transferencia de sus funciones al Estado Mayor Conjunto, lo que refuerza el rol de la SIDE dentro del sistema general.
Fuentes cercanas a la Secretaría de Inteligencia del Estado señalaron que aún es prematuro hacer una evaluación sobre el proyecto en elaboración, ya que no se conoce el texto definitivo. En ese sentido, advirtieron que la iniciativa podría representar una oportunidad para mejorar el funcionamiento del sistema, aunque también plantearon reparos sobre su posible implementación.
“No podría decirte hasta no leerla; puede ser un nuevo intento por mejorar las cosas, pero si está hecha por neófitos y/o responde sólo a apetitos personales, estaremos frente a más de lo mismo o peor”, afirmaron las fuentes consultadas por Gente de Salta.
El Gobierno apuesta a que el nuevo escenario legislativo facilite la aprobación de la futura ley. En los últimos meses, el oficialismo logró avanzar con otras iniciativas en el Congreso, lo que alimenta las expectativas de convertir en ley los cambios impulsados por decreto.
Mientras tanto, la discusión sigue abierta tanto en el ámbito político como en la Justicia, en medio de un debate sobre el alcance de las facultades del Estado en materia de inteligencia y los mecanismos de control institucional.