PolíticaCon respaldo de aliados y concesiones a gobernadores y gremios
El Senado se encaminaba a aprobar en general el proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei, una de las iniciativas centrales del oficialismo para promover la formalización del empleo y reducir la litigiosidad laboral.
La Libertad Avanza logró articular un acuerdo con la UCR, el PRO y bloques provinciales que le permitiría alcanzar 42 votos afirmativos, según señalaron fuentes parlamentarias. La negociación política se intensificó en las horas previas a la sesión, con conversaciones entre referentes libertarios y espacios dialoguistas, además de contactos con gobernadores aliados.
Para asegurar el respaldo, el Ejecutivo aceptó modificaciones clave: se eliminó la rebaja del impuesto a las Ganancias y se preservó el sistema de financiamiento sindical y de obras sociales, uno de los puntos más sensibles en la discusión con la CGT.
La sesión comenzó pasadas las 11 con el quórum justo y el acompañamiento de legisladores de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Provincias Unidas, el Frente Cívico y otras bancadas provinciales. Sin embargo, no todos los votos inicialmente previstos se alinearon con el oficialismo: los senadores santacruceños José Carambia y Natalia Gadano no acompañaron la iniciativa.
Qué plantea la reforma
El proyecto contempla incentivos fiscales para fomentar la contratación formal, topes a las indemnizaciones, habilitación de convenios por empresa, creación de un banco de horas y límites al derecho de huelga en servicios esenciales. Además, introduce el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar despidos y sostenido con aportes empresariales: 1% para grandes compañías y 2,5% para pymes, un punto que generó cuestionamientos incluso entre aliados.
A último momento, el oficialismo incorporó como anexo el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, ante la imposibilidad de tratarlo como proyecto independiente en sesiones extraordinarias.
En cuanto al pago de salarios, se definió que sólo las entidades bancarias estarán habilitadas para abonarlos, aunque se dejó abierta la posibilidad de que billeteras virtuales puedan hacerlo si se adecuan a la normativa del Banco Central.
También se estableció que los aportes voluntarios de afiliados a los gremios no tendrán plazo de vigencia, pero sí un tope del 2%. En el caso de las cámaras empresariales, el límite será del 0,5%.
Cruces en el recinto
El debate mostró posiciones antagónicas. Desde el oficialismo, se defendió la iniciativa como una actualización de una normativa “pensada para una realidad de hace 50 años” y se sostuvo que apunta a reducir el temor de los empleadores a contratar ante posibles litigios.
La oposición peronista rechazó el proyecto al considerar que “no está pensado para generar trabajo” y advirtió que implica un retroceso en derechos laborales históricos, cuestionando especialmente los cambios en jornadas y vacaciones.
Desde la UCR, en tanto, se argumentó que la reforma permitirá ampliar la base de trabajadores registrados, aumentar la inversión y fortalecer el sistema previsional a partir de una mayor masa de aportes.
La votación en general estaba prevista para el cierre de la jornada, luego de las exposiciones finales de los jefes de bloque, en una sesión que volvió a mostrar la tensión política en torno a uno de los ejes más sensibles de la agenda económica del Gobierno.