PolíticaJubilados en la calle, gas en la respuesta
El padre Francisco “Paco” Olveira fue detenido y liberado este miércoles durante una nueva edición de la marcha de jubilados que se realiza semanalmente en las inmediaciones del Congreso de la Nación. El sacerdote quedó demorado por efectivos de la Policía Federal bajo la acusación de “resistencia a la autoridad”, aunque minutos después recuperó la libertad por orden judicial.
Olveira se encontraba participando de la manifestación cuando fue escoltado hasta un móvil policial con el acompañamiento de varios diputados de Unión por la Patria. Entre ellos estuvieron Paula Penacca, Jorge Taiana, Teresa García, Lorena Pokoik y Eduardo Valdés, quienes registraron el procedimiento y denunciaron la detención como arbitraria.
El diputado Valdés difundió videos del momento en sus redes sociales y solicitó la intervención del fiscal Horacio Peix, quien se encontraba trabajando en la zona. Tras analizar el material aportado por legisladores y periodistas presentes, el fiscal dispuso dejar sin efecto la detención y ordenó la liberación inmediata del sacerdote.
No se trata de un hecho aislado. Olveira ya había sido detenido el 12 de noviembre del año pasado, también durante una movilización de jubilados y bajo un procedimiento similar, para luego ser liberado horas más tarde. Desde entonces, el religioso denunció un trato sistemático de hostigamiento hacia quienes acompañan los reclamos del sector.
Integrante del grupo Curas en Acción por los Pobres, Olveira viene participando activamente de las protestas en defensa de los jubilados, uno de los sectores más afectados por la crisis económica y las políticas de ajuste. En una declaración posterior a su detención anterior, el sacerdote había advertido que “hay un ensañamiento con los jubilados porque son la punta del iceberg de un malestar que hay en nuestra patria, más allá de un resultado electoral”.
El episodio vuelve a encender el debate sobre el uso de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales y el tratamiento que reciben los reclamos de los sectores más vulnerables, en un contexto de creciente tensión entre protesta social y control estatal en el espacio público.
