El Senado de la Nación se prepara para una sesión clave este jueves, en la que el oficialismo intentará aprobar el proyecto de propiedad privada impulsado por el Gobierno nacional y una serie de pliegos judiciales. Sin embargo, hasta las últimas horas persistían dudas sobre la posibilidad de alcanzar el quórum debido a la ausencia de algunos legisladores por el receso invernal en varias provincias.
Uno de los puntos centrales del debate será la iniciativa elaborada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que propone eliminar los límites vigentes para que extranjeros puedan adquirir tierras en Argentina. El proyecto establece que las provincias tendrán un rol central en la autorización de estas operaciones y contempla un mecanismo de "silencio administrativo", por el cual, si en un plazo de 180 días no existe objeción de las autoridades nacionales o provinciales, la compra quedará automáticamente habilitada.
No obstante, se mantendrán restricciones para que Estados extranjeros o empresas con participación estatal de otros países adquieran tierras rurales, salvo que cuenten con autorizaciones especiales. En las zonas de frontera, además, será necesario el aval de los gobiernos provinciales, el Ejecutivo nacional y el Congreso.
Desalojos más rápidos
La iniciativa también incorpora cambios en los procesos de desalojo. Entre ellos, habilita mecanismos abreviados para inmuebles usurpados o ocupados por tenedores precarios, permitiendo que un juez ordene la restitución de la propiedad en plazos reducidos cuando exista documentación que acredite la titularidad del inmueble.
En el caso de alquileres con falta de pago, los propietarios deberán intimar previamente a los inquilinos mediante carta documento o correo electrónico, otorgando un plazo mínimo de diez días para regularizar la deuda antes de iniciar acciones judiciales.
El proyecto contempla además medidas de protección para menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad, obligando a la intervención de organismos de asistencia antes de concretar un desalojo.
La urgencia por los pliegos judiciales
Además de la reforma sobre propiedad privada, el oficialismo buscará aprobar 36 pliegos judiciales. El caso más urgente es el del camarista laboral Víctor Pesino, cuyo mandato necesita ser prorrogado antes del próximo 27 de julio, fecha en la que cumplirá 75 años.
Ante la posibilidad de que el Senado no trate su situación a tiempo, Pesino ya presentó un recurso de amparo para intentar garantizar su continuidad en el cargo.
Entre los nombramientos también figura Juan Rodríguez Ponte, ex secretario del juez Ariel Lijo, propuesto para ocupar un juzgado federal en Lomas de Zamora. Ese tribunal tendrá a su cargo causas de alto impacto político, entre ellas las investigaciones vinculadas al ex intendente Martín Insaurralde y a la modelo Jésica Cirio.
De aprobarse todos los pliegos, el Gobierno habrá logrado cubrir alrededor de 110 cargos judiciales en los últimos meses, sobre un total cercano a las 300 vacantes existentes en todo el país.