La justicia analiza compras, gastos y movimientos financieros del exvocero presidencial
La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el vocero presidencial y exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, podría dar un paso determinante en los próximos días. Según trascendió en los tribunales de Comodoro Py, este viernes la fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita recibirá un informe técnico sobre la evolución patrimonial del funcionario, documento que podría marcar el cierre de la primera etapa de la investigación.
El estudio fue elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo que analizó durante varios meses los ingresos, egresos, bienes y movimientos financieros de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. El objetivo es determinar si los recursos declarados por la pareja son compatibles con el nivel de gastos registrado desde que el funcionario ingresó a la administración pública.
Entre los elementos bajo análisis figuran viajes al exterior, consumos en dólares realizados en efectivo, la compra de dos propiedades y la remodelación de una de ellas. Según consta en el expediente, esas operaciones representarían alrededor de US$245.000.
Además, la causa reúne documentación, testimonios y registros bancarios que reflejarían gastos superiores a los US$408.000 y deudas cercanas a los US$335.000. A esto se suman consumos con tarjetas de crédito por aproximadamente $85 millones durante 2025.
La investigación también incorporó información remitida por las plataformas de criptomonedas Binance y Lemon Cash, donde Adorni habría operado activos digitales. De acuerdo con los registros analizados por la fiscalía, el funcionario movió cerca de US$100.000 en criptomonedas durante el período investigado.
Con el informe de la DAFI en su poder, Pollicita quedará en condiciones de solicitar al juez federal Ariel Lijo un requerimiento de justificación patrimonial. Se trata de una instancia habitual en las causas por enriquecimiento ilícito, mediante la cual se le solicita al funcionario investigado que explique el origen de los fondos cuestionados.
En Comodoro Py consideran que ya se reunieron la mayoría de las pruebas relevantes y que quedan pocas medidas pendientes que puedan modificar el rumbo de la investigación. Por ello, la expectativa está puesta en la respuesta que pueda brindar Adorni.
Hasta ahora, el funcionario sostuvo públicamente que gran parte de los fondos utilizados provienen de ahorros personales no declarados por alrededor de US$200.000 y de ganancias obtenidas a partir de inversiones tempranas en Bitcoin, que según afirmó le reportaron unos US$300.000. Sin embargo, en el expediente judicial todavía no existirían elementos que acrediten de manera concluyente esas explicaciones.
Si la justificación presentada fuera considerada insuficiente por la fiscalía, el siguiente paso podría ser el pedido de indagatoria, instancia en la que el funcionario deberá ejercer su defensa frente a una acusación formal.
Por lo pronto, el avance de la causa podría verse ralentizado por el inicio de la feria judicial de invierno, previsto para el 20 de julio, período durante el cual no se esperan movimientos significativos en los tribunales federales.