El proyecto de ley que busca aumentar las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género y delitos contra la integridad sexual encendió alarmas entre especialistas, funcionarias judiciales y organismos internacionales, que advierten sobre posibles efectos negativos en el acceso a la Justicia.
La iniciativa, impulsada por la senadora Carolina Losada, ya cuenta con dictamen de comisión en el Senado y propone modificar el Código Penal para endurecer las sanciones contra la falsa denuncia, el falso testimonio y el encubrimiento en determinados delitos.
Sin embargo, quienes trabajan en el abordaje de la violencia de género sostienen que la medida podría tener un efecto contrario al buscado: desalentar a víctimas reales a denunciar por temor a no ser creídas o incluso a enfrentar consecuencias penales si no logran probar los hechos.
Especialistas coinciden en que la política criminal debe basarse en evidencia empírica y no en casos aislados. En ese sentido, advierten que el problema central no es la proliferación de denuncias falsas, sino la baja cantidad de denuncias existentes.
Según ONU Mujeres, a nivel global menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan ayuda institucional, y solo el 10% realiza una denuncia formal. En Argentina, la Encuesta de Prevalencia de Violencia contra las Mujeres (2021) indica que apenas el 21% de las víctimas denunció, mientras que en casos de femicidio, el registro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación señala que solo el 35% había denunciado previamente.
Por otro lado, datos del Consejo de la Magistratura de 2025 indican que menos del 3% de las denuncias penales serían falsas, y en su mayoría corresponden a delitos económicos, no a violencia de género.

Qué propone el proyecto
El texto plantea elevar las penas por falsas denuncias de dos meses a un año —o multa— a un rango de hasta seis años de prisión en casos vinculados a violencia de género o delitos contra menores, lo que implicaría sanciones no excarcelables.
También incorpora agravantes para testigos, peritos o intérpretes que incurran en falso testimonio, con penas de hasta seis años e inhabilitación profesional, y modifica el delito de encubrimiento en contextos donde las víctimas sean mujeres, niños o niñas.
Desde sus fundamentos, el proyecto argumenta que existe una “difusión de denuncias” en medios y redes sociales que genera condenas sociales anticipadas, afectando la presunción de inocencia. En esa línea, sostiene que las penas actuales resultan insuficientes frente a posibles abusos del sistema judicial.

El senador nacional Gonzalo Guzmán Coraita respaldó el proyecto impulsado por Carolina Losada y lo calificó como “una iniciativa muy valiosa”. En ese sentido, señaló que el delito de falsa denuncia ya está contemplado en el Código Penal, pero con penas muy bajas —de dos meses a un año de prisión y una multa—, lo que, a su entender, justifica la necesidad de una reforma. Además, remarcó que no se trata de una respuesta coyuntural, sino de una preocupación que lleva años en agenda legislativa, y recordó antecedentes como un proyecto presentado en 2018 por el exdiputado Alfredo Olmedo. Guzmán Coraita destacó también el trabajo previo en el Senado y las jornadas en las que se escucharon testimonios de personas afectadas por falsas denuncias. “Vimos de primera mano lo dañino que es, porque destruye familias y vidas”, afirmó, al tiempo que consideró que avanzar en el endurecimiento de penas es una reforma necesaria.
El debate vuelve a poner en el centro una discusión clave: cómo equilibrar la presunción de inocencia con el derecho de las víctimas a acceder a la Justicia sin miedo.
Para especialistas y organizaciones, el riesgo es claro: en un contexto donde denunciar ya implica barreras sociales, económicas y emocionales, el endurecimiento de penas por falsas denuncias podría profundizar el silencio. En otras palabras, advierten que la iniciativa podría terminar impactando más en quienes buscan protección que en quienes eventualmente hacen un uso indebido del sistema.