Liderados por la diputada santacruceña Ana María Ianni, legisladores de Unión por la Patria presentaron un proyecto de ley para el futuro energético del país. El objetivo: Prorrogar por 20 años el Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinadas a la Producción de Energía Eléctrica, cuyo vencimiento se acerca el 31 de diciembre.
Consideran que este régimen, implementado originalmente durante el gobierno de Néstor Kirchner mediante la ley 26.190 y ampliado bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner con la ley 27.191, ha demostrado ser fundamental para la transformación de la matriz energética nacional.
En los fundamentos del proyecto, los diputados peronistas resaltaron el impacto positivo del régimen, que ha permitido:
- Promover inversiones estratégicas en el sector energético.
- Fortalecer la infraestructura energética del país, incluyendo la construcción de más de 4.600 kilómetros de líneas de alta tensión.
- Consolidar un mercado energético competitivo y maduro, gracias a una política de Estado con amplio consenso político.
“La continuidad del régimen es una condición esencial para garantizar nuevas inversiones”, enfatizaron los legisladores, destacando la estabilidad fiscal prevista en el artículo 17 como un factor clave para atraer y sostener el interés de los inversores.
El proyecto cuenta con el respaldo de figuras clave del bloque, incluyendo al jefe Germán Martínez, y los diputados Juan Carlos Molina, Adriana Serquis, Paulo Tita, Ariel Rauschenberger, Moira Lanesan Sancho, Jorge Araujo Hernández, Gabriela Pedrali, Diego Giuliano, Hilda Aguirre, Martín Aveiro, Lorena Pokoik, Roxana Monzón y Blanca Osuna, entre otros.
Sin embargo, los legisladores advirtieron que la generación de energía a partir de fuentes renovables actualmente cubre solo el 17% de la demanda eléctrica, un porcentaje inferior a los objetivos establecidos. Por ello, la prórroga busca evitar riesgos que puedan aumentar los costos de financiamiento y frenar nuevas inversiones en el sector de las energías limpias.
Enfatizaron que la extensión del régimen no implica compromisos presupuestarios adicionales para el Estado, sino que genera condiciones favorables para mantener el flujo de capital, consolidar un sector de alta intensidad de inversión y avanzar hacia una transición energética hacia fuentes más limpias y ambientalmente sostenibles.
El proyecto ha sido remitido a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Energía y Combustibles para su análisis y debate.