Acorralado por las críticas y bajo presión judicial
El fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, salió a aclarar las demoras en el avance de la causa vinculada a la criptomoneda $LIBRA y sostuvo que respondieron al sumario administrativo dispuesto por el procurador general Eduardo Casal. En ese marco, detalló el proceso de análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados, cuyos informes preliminares y finales se incorporaron al expediente entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, y defendió la transparencia de su actuación frente a las críticas por supuesta ocultación de pruebas.
“Quiero aclarar que la investigación avanza y eso es gracias a mi responsabilidad”, dice el fiscal en el texto.
Según explicó el fiscal, tras el secuestro de teléfonos y otros dispositivos electrónicos se encomendó su apertura y análisis a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). En ese proceso, el 17 de noviembre de 2025 se elaboró un informe preliminar que consignaba que el trabajo se encontraba “en curso”, por lo que no incluía conclusiones definitivas. “Ese informe es privado en tanto no aborda conclusiones finales. Es orientador”, precisó.
El informe final, con conclusiones “rigurosas”, fue elevado a la fiscalía el 13 de enero de 2026. Posteriormente, se incorporó al sistema de gestión judicial el 24 de febrero, quedando disponible para las partes antes de que el 6 de marzo se hiciera pública documentación vinculada al expediente. Para Taiano, esta secuencia demuestra que no hubo retención indebida de información.
En paralelo, la fiscalía también se refirió a la citación testimonial de la periodista Natalia Volosin, una medida que —según aclaró— respondió a un pedido de una de las querellas tras la filtración de documentación privada de los imputados. Sin embargo, esa convocatoria fue dejada sin efecto luego de que el procurador Casal iniciara un sumario administrativo (Res PER 171/2026) y promoviera una investigación penal por esa irregularidad, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10.
Las precisiones difundidas por la fiscalía buscaron “llevar claridad respecto de lo acontecido”, al tiempo que se reafirmó el compromiso con el avance de la investigación, el respeto de las garantías procesales y la preservación de la información sensible para resguardar la eficacia del proceso.
Taiano lleva adelante la investigación desde su inicio, en febrero del año pasado, pocos días después de que el presidente Javier Milei promocionara en redes sociales la criptomoneda que hoy está bajo la lupa judicial. En marzo, cuando la causa estaba bajo la órbita de la jueza María Servini, el fiscal ordenó allanamientos en domicilios vinculados a Mauricio Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. En esos operativos se secuestraron los dispositivos electrónicos cuyo peritaje ahora arrojó nuevos elementos de interés.
El desempeño del fiscal fue cuestionado por los dos grupos de querellantes que intervienen en el expediente, uno de los cuales incluso intentó apartarlo de la causa. Las críticas se intensificaron el 6 de marzo, cuando la abogada Volosin publicó en su portal información sensible que aún no figuraba en el expediente judicial.
Frente a las acusaciones de haber ocultado pruebas que comprometerían al Gobierno, Taiano fue enfático: “Si yo secuestré los teléfonos y ordené el análisis de los dispositivos electrónicos, ¿cómo se puede pensar que oculté pruebas? Todo queda registrado en el expediente”, sostuvo.
Entre los elementos recuperados del celular de Novelli figura un documento que detalla un presunto acuerdo por cinco millones de dólares vinculado al apoyo presidencial al proyecto $LIBRA. La revelación generó un fuerte impacto político, mientras desde el Ministerio de Justicia se advirtió que la filtración de ese material podría ser utilizada para cuestionar la validez de la prueba en el proceso judicial.
Con este escenario, la causa se encuentra en una etapa clave, atravesada por tensiones entre la necesidad de avanzar en la investigación y el debate sobre la legalidad y el manejo de la evidencia, en un caso que ya tiene derivaciones políticas de alto impacto.