PolíticaVía rápida para un narcotest
La decisión del gobernador Gustavo Sáenz de imponer por DNU la obligatoriedad de exámenes toxicológicos vuelve a exponer una práctica cada vez más preocupante: recurrir al decreto para resolver lo que debería discutirse por ley. El eje del cuestionamiento no está en el contenido de la medida —un tema sensible y legítimo— sino en la forma elegida para implementarla, eludiendo deliberadamente el ámbito natural del debate democrático: la Legislatura.
El examen toxicológico no es una novedad ni una urgencia sobrevenida. A lo largo de 2025, la iniciativa formó parte de la agenda legislativa y fue impulsada, entre otros, por el ex diputado Esteban Romero. Sin embargo, nunca avanzó. No por falta de proyectos ni de interés social, sino porque el oficialismo bloqueó su tratamiento en comisiones y en el recinto. Hoy, ese mismo espacio político apela al DNU como si no hubiera existido la posibilidad —rechazada— de discutirlo en el marco institucional correspondiente.
El uso del decreto en este contexto no responde a una situación de emergencia, sino a una decisión política clara: evitar el debate, el disenso y la exposición pública. Un DNU no admite correcciones, no incorpora miradas diversas ni mejora los textos; simplemente impone. Y cuando se trata de controles, derechos y obligaciones que alcanzan tanto a funcionarios como a ciudadanos, esa lógica de imposición revela una debilidad institucional que no puede soslayarse.
Cuesta no interpretar la medida como un gesto oportunista, más cercano al impacto mediático que a la construcción de consensos duraderos. Si el gobierno estaba convencido de la necesidad del examen toxicológico, resulta inevitable la pregunta: ¿por qué durante un año entero impidió su tratamiento legislativo? ¿Por qué ahora, luego de bloquear el debate, recurre a la herramienta más extrema del Ejecutivo?
La Legislatura no es un obstáculo ni una formalidad incómoda. Es el espacio donde las leyes se legitiman, se perfeccionan y adquieren representación real. Gobernar por decreto asuntos que requieren discusión amplia y plural vacía de contenido a las instituciones y deteriora la calidad democrática. Como advertía Norberto Bobbio, “la democracia no se define por quién gobierna, sino por cómo se gobierna”.
El problema no es el examen toxicológico. El problema es el desprecio por el debate, la incoherencia política y la tentación constante de reemplazar la ley por el atajo. Cuando el poder utiliza un DNU para resolver aquello que él mismo impidió discutir, lo que queda en evidencia no es decisión política, sino una profunda contradicción.