PolíticaPero continúa la demanda en la Corte
Después de más de dos años de tensión, enfrentamientos políticos y reclamos constantes por el financiamiento de la educación superior, el Gobierno nacional y las universidades públicas alcanzaron un acuerdo económico que busca destrabar uno de los conflictos más prolongados de la gestión libertaria.
El entendimiento fue formalizado este miércoles en el Palacio Sarmiento durante una reunión encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto a rectores y representantes gremiales. Allí se firmó el acta que establece una serie de mejoras salariales y presupuestarias destinadas a recomponer el funcionamiento del sistema universitario.
¿Qué contempla el acuerdo?
El punto central del acuerdo es una recomposición salarial total del 24,33%, distribuida en un 21,33% a partir de junio y un 3% adicional en octubre.
Según el documento firmado, la actualización salarial busca cubrir tres aspectos fundamentales:
- La recomposición del desfasaje acumulado durante 2025.
- La actualización de los haberes de acuerdo con la inflación registrada hasta mayo de 2026.
- Un adicional del 7% destinado a compensar parte de la pérdida del poder adquisitivo sufrida durante 2024.
Además, se estableció que las negociaciones salariales no quedarán cerradas definitivamente. Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio de hasta tres meses para volver a reunirse y analizar la evolución de la inflación y la continuidad de la recuperación salarial.
El acuerdo también contempla una serie de partidas adicionales que habían sido reclamadas por las universidades desde hace meses.
Entre ellas se destacan:
- $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios, que se suman a los $80.000 millones ya previstos en el presupuesto.
- Un aumento del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.
- Un incremento del 50% para las becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras estratégicas vinculadas a áreas clave para el desarrollo del país.
Sin embargo, no hubo novedades para las becas Progresar, uno de los reclamos que mantenían los sectores universitarios. El programa continuará sin modificaciones pese a los pedidos de actualización.
El acuerdo llega luego de una de las disputas más intensas entre el Gobierno y la comunidad universitaria. Desde abril de 2024, cuando más de 400.000 personas participaron de la primera Marcha Federal Universitaria, el conflicto se convirtió en uno de los principales focos de confrontación entre el oficialismo y el sistema educativo público.
Durante estos años se sucedieron cuatro marchas federales universitarias, semanas enteras de paros docentes, clases públicas frente a la Casa Rosada, el Congreso y la Corte Suprema, tomas de establecimientos educativos, debates parlamentarios, vetos presidenciales y una extensa judicialización que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia.
La discusión también estuvo atravesada por la denominada "batalla cultural" impulsada por el oficialismo. Desde el Gobierno se cuestionó en reiteradas oportunidades el funcionamiento de las universidades públicas, se denunció la existencia de supuestos "curros", se impulsaron auditorías y se plantearon críticas relacionadas con el adoctrinamiento político, la eficiencia del sistema y la presencia de estudiantes extranjeros.
Dentro del sector universitario destacan que el acuerdo representa un avance significativo frente a las propuestas previas realizadas por el Ejecutivo.
La administración libertaria había impulsado meses atrás una alternativa que contemplaba apenas una actualización del 12,3%, muy por debajo de las demandas de rectores y gremios. También había intentado modificar el esquema de financiamiento aprobado por el Congreso en el marco del presupuesto 2026.
Ahora, con una partida extraordinaria de $800.000 millones autorizada por el Ministerio de Economía y el compromiso de reabrir las paritarias cada tres meses, las universidades consideran que se logró un punto de partida para comenzar a recuperar recursos.
La postura de los gremios
Tras la firma del acuerdo, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) celebró el avance alcanzado después de más de un año y medio sin negociaciones formales.
"Logramos que el Gobierno nacional convoque a paritarias y presente una propuesta para empezar a recomponer el salario perdido desde que Milei es presidente", señalaron desde la organización. No obstante, aclararon que el conflicto no está completamente resuelto.
"La lucha sirvió, pero continúa. La firma de un acuerdo no implica resignar el reclamo por el cumplimiento efectivo y completo de la ley de financiamiento universitario ni por la recuperación integral del salario perdido", expresaron.
Una posición similar sostienen otros sindicatos del sector, que consideran que el entendimiento representa un avance importante pero no el cierre definitivo de las demandas.
Quiénes firmaron el acuerdo
El acta fue suscripta por las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), representado por los rectores Franco Bartolacci, de la Universidad Nacional de Rosario, y Anselmo Torres, de la Universidad Nacional de Río Negro.
También acompañaron la firma los representantes de la Conadu, Ctera, Fagdut, Fatun y UDA. La única organización que decidió no adherir fue la Conadu Histórica, que mantiene reparos sobre el alcance de la propuesta.
Aunque todavía quedan reclamos pendientes y la causa judicial vinculada al financiamiento universitario sigue abierta, el acuerdo marca un cambio de escenario después de más de dos años de enfrentamientos y abre una nueva etapa de diálogo entre el Gobierno nacional y las universidades públicas.