La aprobación por parte del Senado del pliego de María Verónica Michelli, la candidata a jueza resistida por el presidente Javier Milei debido a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, volvió a poner en el centro del debate la relación entre los poderes del Estado, la independencia judicial y la calidad institucional de la Argentina.
En este contexto, el constitucionalista, ex juez y dirigente radical Ricardo Gil Lavedra dialogó con Gente de Salta y dejó definiciones contundentes sobre el momento político que atraviesa el país. Lejos de centrar su análisis en una disputa partidaria, Gil Lavedra sostuvo que la discusión debe enfocarse en el fortalecimiento institucional de la República.
"La Argentina necesita imperiosamente una mayor robustez institucional. Necesita seriedad, cumplimiento de la ley y respeto por las reglas. Eso es lo que genera seguridad jurídica y previsibilidad", afirmó.
Para el ex integrante de la Cámara Federal que juzgó a las Juntas Militares, la estabilidad económica no depende únicamente de las variables financieras o del ajuste fiscal.
"El riesgo país no depende solamente del ajuste. También depende de la seriedad de un gobierno. Y la seriedad de un gobierno es cumplir la Constitución y las reglas institucionales", señaló. En ese sentido, advirtió que los gobiernos suelen enfrentar la tentación de buscar caminos alternativos para alcanzar determinados objetivos políticos.
"Muchas veces aparecen tentaciones de tomar atajos, pero esas decisiones terminan perjudicando al país", remarcó.
Críticas a la ley de lobby
Durante la entrevista también se refirió al proyecto impulsado por el Gobierno nacional para regular la gestión de intereses, conocido públicamente como ley de lobby.
"Es un espanto", sostuvo sin rodeos. Según explicó Gil Lavedra, la iniciativa mezcla aspectos de distintas legislaciones internacionales sin distinguir adecuadamente entre actividades comerciales y acciones vinculadas al interés público.
"Han tomado pedazos de legislación comparada y eligieron la peor parte de cada una. No distingue entre el lobby comercial y el trabajo que realizan organizaciones de la sociedad civil en defensa de causas públicas", explicó.
Para Gil Lavedra, el texto abre la puerta a mecanismos de control excesivos sobre entidades sociales, organizaciones no gubernamentales e incluso profesionales independientes.
"Parece que se quiere hacer un patrullaje sobre toda la sociedad civil, obligándola a registrarse y a rendir cuentas como si persiguiera intereses económicos o comerciales", advirtió.
El abogado también expresó su preocupación por el impacto que podría tener la norma sobre el ejercicio profesional.
"La actuación de los abogados está excluida de las regulaciones sobre lobby en prácticamente toda la legislación comparada porque representan intereses particulares de sus clientes. Así como está redactada, esta ley no puede ser aprobada", sostuvo.
Consultado sobre la relación entre los grupos de presión, los intereses empresariales y la corrupción, Gil Lavedra señaló que el problema central continúa siendo el control sobre los funcionarios públicos y el cumplimiento de las normas de ética pública.
"La mejor manera de combatir estos problemas es prevenirlos con buena legislación y garantizar que cuando ocurren existan consecuencias y se aplique la ley", indicó.
Además, consideró que la percepción de corrupción sigue siendo una de las principales deudas pendientes del sistema político argentino.
Gil Lavedra advirtió que la Justicia atraviesa una profunda crisis de credibilidad, producto tanto de problemas estructurales como de una creciente tendencia de la dirigencia política a desacreditar las decisiones judiciales cuando no coinciden con sus intereses. Según señaló, la constante atribución de motivaciones políticas, persecuciones o favoritismos termina erosionando la confianza ciudadana en uno de los pilares fundamentales de la República. Sin embargo, aclaró que la responsabilidad no recae únicamente en la política: el sistema judicial también necesita transformaciones profundas que permitan brindar respuestas más rápidas, eficientes y accesibles para la sociedad.
El ex camarista sostuvo además que la recuperación de la confianza pública exige un fuerte compromiso de los propios magistrados. "Los jueces tienen que relegitimarse", afirmó, al remarcar que la función judicial no debe entenderse como un privilegio sino como una responsabilidad que impone estándares éticos más altos que los del resto de los ciudadanos. En ese marco, rechazó de manera categórica las propuestas que impulsan la elección popular de jueces, al considerar que ese mecanismo terminaría por politizar aún más a la Justicia. "Los jueces deben ser elegidos por su idoneidad, no por su capacidad para ganar una elección", concluyó, defendiendo la independencia judicial como condición indispensable para fortalecer las instituciones democráticas.
Una reforma pendiente
Finalmente, Gil Lavedra respaldó la propuesta presentada por la Corte Suprema para modificar los concursos de selección de magistrados y reducir la influencia política en los nombramientos.
"Es una iniciativa muy importante porque pone el foco en la idoneidad y disminuye el peso de las decisiones políticas. Puede ser un paso importante para recuperar la independencia judicial", destacó.
En una jornada marcada por el debate sobre la designación de jueces y las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Senado, las palabras de Gil Lavedra dejaron una advertencia clara: sin instituciones fuertes, respeto por las reglas y una Justicia confiable, cualquier avance económico o político corre el riesgo de quedar condicionado por la fragilidad institucional.