La Cámara Nacional Electoral confirmó la intervención judicial del Partido Justicialista de Jujuy al considerar que la profunda crisis interna que atraviesa la fuerza política justifica una medida excepcional para garantizar su normalización institucional. Sin embargo, el tribunal resolvió apartar al salteño Ricardo Villada del cargo de interventor y ordenó al juez federal Esteban Hansen designar una nueva figura para continuar el proceso.
La resolución ratificó la decisión adoptada en primera instancia por Hansen, quien había declarado la nulidad de distintas resoluciones partidarias y dispuesto una intervención judicial por un plazo de 180 días. No obstante, los camaristas entendieron que la continuidad de Villada podía afectar la credibilidad del proceso debido a que su nombre había sido impulsado previamente por uno de los sectores involucrados en la disputa interna.
En el fallo, los jueces sostuvieron que la situación del PJ jujeño superó las diferencias políticas habituales y alcanzó un nivel de conflictividad que compromete el funcionamiento democrático del partido. “Los intentos de normalización han derivado en amnistías, procesos sancionatorios y numerosas postergaciones que han sumido al partido en un fraccionamiento que no solo atenta contra su propia vigencia, sino que afecta los derechos políticos de sus afiliados”, señalaron.
A partir de ese diagnóstico, la Cámara concluyó que la intervención judicial constituye la única herramienta disponible para restablecer el funcionamiento institucional del PJ jujeño y garantizar la realización de elecciones internas.
Si bien ratificó la medida, el tribunal hizo lugar a los cuestionamientos vinculados a la figura de Villada. Los magistrados recordaron que quien ejerce una intervención de este tipo debe actuar con absoluta imparcialidad frente a los distintos sectores enfrentados. En ese sentido, observaron que el ex ministro de Gobierno de Salta había sido propuesto previamente por el espacio que encabeza la senadora nacional Carolina Moisés.
“El hecho de que Ricardo Guillermo Villada fuera propuesto previamente por una de las partes de la controversia podría resultar, por sí sola, en una percepción de parcialidad respecto de su actuación”, sostuvieron los camaristas.
No obstante, la Cámara dejó expresamente aclarado que no existe ningún cuestionamiento sobre el desempeño de Villada ni sobre las decisiones adoptadas durante su gestión, por lo que ratificó la plena validez jurídica de todos los actos realizados durante la intervención. La medida apunta exclusivamente a reforzar la legitimidad institucional del proceso de normalización.
Durante su gestión, Villada había avanzado en la regularización del padrón partidario, el diálogo con los distintos sectores del peronismo jujeño y la organización de futuras elecciones internas.
Una de sus últimas acciones como interventor fue la difusión de un comunicado en el que aclaró que el PJ jujeño “no organiza ni participa” de la actividad denominada "Cristina Libre", convocada al cumplirse un año del fallo de la Corte Suprema que derivó en la detención de Cristina Fernández de Kirchner. Pese a ello, agrupaciones kirchneristas realizaron manifestaciones frente a la sede partidaria reclamando la libertad de la ex presidenta y reiterando su rechazo a la intervención.
La resolución judicial tuvo consecuencias inmediatas. Horas después de conocerse el fallo, la sede del PJ jujeño fue escenario de un fuerte enfrentamiento verbal entre dirigentes y militantes de distintos sectores del peronismo. El episodio ocurrió mientras Villada aún permanecía en el edificio participando de reuniones vinculadas a la intervención.
Según trascendió a través de videos difundidos durante la tarde, el conflicto enfrentó a referentes identificados con el sector de Carolina Moisés y a militantes que rechazan la participación de dirigentes externos en la reorganización del partido.
Desde el espacio de la senadora celebraron la decisión de la Cámara Nacional Electoral y la interpretaron como una derrota política para el sector alineado con el PJ nacional y La Cámpora. A través de un comunicado difundido tras conocerse el fallo, aseguraron que “termina la etapa de apelaciones por parte del kirchnerismo” y consideraron que la resolución marca el cierre de un ciclo político dentro del peronismo jujeño.
“Tras tres años de una intervención que fracasó electoral y políticamente, hoy la Justicia pone fin a esa etapa y se inicia el camino a una convocatoria a elecciones”, afirmaron.
Ahora, la atención está puesta en la designación del nuevo interventor que deberá nombrar el juez Hansen. Mientras tanto, dirigentes de distintos sectores coinciden en que cualquier demora en el proceso de normalización podría poner en riesgo la participación del PJ en futuras elecciones e incluso comprometer su personería jurídica, en un contexto de fuerte tensión interna que aún está lejos de resolverse.