La Cámara de Senadores de Salta comenzó a delinear cambios al proyecto de ley de regulación del aprovechamiento de la fibra de vicuña que llegó en revisión desde Diputados. Tras escuchar los planteos de representantes de comunidades originarias, del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) y de la Subsecretaría de Asuntos Indígenas, los legisladores manifestaron su disposición a introducir modificaciones y construir una norma consensuada con quienes habitan los territorios donde se desarrolla la actividad.
Durante la reunión de la Comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente, los referentes indígenas cuestionaron que la iniciativa haya sido elaborada sin aplicar la consulta previa, libre e informada prevista por el Convenio 169 de la OIT y por la Constitución Nacional.
Ulises Yáñez, representante del pueblo kolla y vocal del IPPIS, sostuvo que la ley que llegó al Senado no contempló la participación de los pueblos originarios y señaló que se trata de una propuesta elaborada desde el área de Producción, cuando consideran que la autoridad de aplicación debería estar vinculada a Biodiversidad y Medio Ambiente.
"Venimos a plantear que se tenga en cuenta lo primordial que tiene que ver con el derecho indígena, que es la consulta libre, previa e informada. Es una ley impulsada desde las bases territoriales donde están las vicuñas, pero la norma que se vino trabajando no tuvo en cuenta a las comunidades", afirmó.
El dirigente remarcó que los pueblos originarios no se oponen a la regulación de la actividad, sino que reclaman una participación efectiva para construir una legislación que pueda aplicarse en los territorios y satisfaga las necesidades de las comunidades.
"Pedimos que el sujeto de derecho participe en estas instancias para poder construir una ley que nos permita trabajar en los territorios y que sea operativa, aplicable y no termine siendo inconstitucional", expresó.
Yáñez destacó además que las comunidades vienen protegiendo a la vicuña desde hace décadas, enfrentando la caza furtiva y promoviendo cambios normativos que permitieron avanzar hacia la comercialización sustentable de la fibra mediante el sistema ancestral del chaku.
"Nosotros entendemos que la vicuña es parte del territorio y nosotros somos parte del territorio. La venimos cuidando hace mucho tiempo. Trabajamos para modificar la legislación que prohibía la comercialización de la fibra y para que nuestros artesanos puedan desarrollarse en los territorios", señaló.
El referente indígena adelantó que impulsarán la creación de una mesa de diálogo institucional permanente entre el IPPIS, la Subsecretaría de Asuntos Indígenas y las comunidades, para intervenir en todas las normativas que involucren derechos y territorios indígenas.
Las posiciones expresadas encontraron eco en el Senado. El senador por Santa Victoria, Arnaldo Altamirano, sostuvo que cualquier intervención legislativa debe comprender primero la dimensión cultural que rodea a la especie y a las comunidades de la Puna.
"Hay que entender la cultura antes de intervenirla. La gente se adapta a la vicuña, no la vicuña a la gente", afirmó el legislador, quien destacó que las comunidades vienen trabajando desde hace más de diez años en proyectos de manejo y aprovechamiento sustentable.
Altamirano consideró necesario evitar cualquier medida que pueda avasallar los derechos de los artesanos y productores locales, y defendió una legislación que preserve la identidad cultural y el equilibrio ambiental.
En la misma línea, los senadores coincidieron en que existe voluntad política para continuar trabajando el proyecto junto a las comunidades originarias. La intención es incorporar mecanismos de consulta y participación para avanzar hacia una ley superadora que combine conservación, aprovechamiento sustentable y respeto de los derechos indígenas.
De introducirse modificaciones, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados en segunda revisión antes de su sanción definitiva.
El encuentro fue encabezado por el senador Gonzalo Caro Dávalos, junto a sus pares, Alejandra Navarro, Leonor Minetti, Dani Nolasco, Juan Cruz Curá, Arnaldo Altamirano, Gonzalo Guaymas, Roque Cornejo y Manrique Burgos.
En representación de los pueblos originarios asistieron, David Pastrana (diaguita), Mariana Chanampa (referente área biodiversidad), Hilaria Cruz y Reina Férriol (Kolla del desierto), Luisa Casimiro y Lino Casimiro (atacama), Vacilia Guari (comunidad San Francisco, Santa Victoria Oeste), Víctor Cruz y Julia Colque (tastil), además de la abogada Verónica Huber. Por el Ejecutivo estuvo el subsecretario de Asuntos Indígenas, Francisco Sánchez y por el IPPIS los vocales, Ulises Yanes y Alicia Yurquina (pueblo Kolla).
Qué dice el proyecto
El proyecto de ley en revisión establece la prohibición de la caza y tenencia de la vicuña en todo el territorio de la provincia, pero habilita la esquila de ejemplares en estado silvestre mediante el método ancestral del “chaku”, sin sacrificio del animal y bajo planes de manejo sustentable aprobados por el Ministerio de Producción y Minería, propuesto como autoridad de aplicación.
La normativa declara zonas de reserva e interés a los departamentos de Cachi, Molinos, San Carlos, La Poma, Los Andes, Rosario de Lerma, Iruya, Santa Victoria y Cafayate, previendo que los ingresos derivados de la comercialización se destinen prioritariamente a la retribución de los productores y comunidades locales, además de un régimen de prioridad para los artesanos salteños.
Los representantes de los pueblos originarios consideraron que la iniciativa posee una mirada meramente productiva que desplaza la identidad cultural y el carácter de conservación de la especie, abriendo la puerta a una posible monopolización de la fibra en detrimento de los artesanos originarios.
Solicitaron que en esta instancia se aplique de forma efectiva el derecho a la consulta previa, libre e informada consagrado en el Convenio 169 de la OIT y en las Constituciones Nacional y Provincial; que se reemplace el término de comunidades “andinas” por “indígenas”; y que se establezca un esquema de cogestión mediante la creación de la Mesa Provincial de la Vicuña, evitando que la autoridad de aplicación recaiga exclusivamente en el Ministerio de Producción y Minería. Desde la Subsecretaría de Asuntos Indígenas, en tanto, se coincidió en la necesidad de garantizar estos derechos mediante el diseño de un protocolo específico de consulta.
Asimismo, recordaron que la vicuña es una especie protegida y advirtieron sobre la persistencia de la caza furtiva en las zonas de frontera, particularmente en el límite con Bolivia. En tal sentido, argumentaron que las restricciones históricas fueron las que permitieron la recuperación de la fauna, por lo que rechazaron que la legislación posea una mirada meramente productiva que desatienda el carácter conservacionista y de preservación de la identidad cultural que el animal representa para los pueblos andinos.